El 34 aniversario de la Constitución ha dado lugar a bastantes comentarios sobre su posible modificación, alentados por la situación en Cataluña, la crisis de legitimidad de un régimen institucional en claro descrédito y el desmantelamiento del sistema de derechos sociales. Veo dicho debate con bastante escepticismo y, sobre todo, pensando que no se trata de diseñar un "proyecto de Constitución"que fuese la base para una movilización social dirigida a cambiar de régimen, sino que en estos momentos lo crucial es modificar la "constitución material", el entramado de relaciones de fuerzas sociales sobre las que se sostiene el tinglado institucional. Es decir, no se trata de hacer una "Constitución" como arma para ganar la batalla en la que estamos, sino que se trata de ganar esa batalla, a partir de las necesidades más urgentes y sentidas de la población, y que sólo eso dará lugar a un proceso constituyente. Entiendo que nuestros esfuerzos deben dirigirse a un proceso destituyente institucional (contra el Gobierno y contra las instituciones elitistas y reaccionarias) y a un proceso constituyente social (de constitución de la multitud como fuerza material que autogestiona sus luchas y crea nuevas solidaridades y nuevos vínculos sociales, pero no, en estos momentos, a un proceso constituyente institucional. Para decirlo de forma más polémica: me interesa mucho más stopdesahucios, la marea verde o la marea blanca que la coordinadora 25S, "toma el Congreso" o "puente constituyente", sin que tenga nada en contra de estas actividades salvo si pretenden asumir representaciones que no tienen o dar por liquidado a un movimiento tan profundo y transformador como el 15M.

Sin embargo, eso no quiere decir que no intervengamos en los debates sobre la Constitución. Pero a eso le veo interés si no se plantea un modelo completo y cerrado, que dividiría a la resistencia contra los recortes, sino que se centra en algunas ideas fuertes con el objetivo de poner de relieve el carácter de la coalición de las élites que están arruinando nuestras vidas. Ideas fuertes que, incluso si por arriba hacer algunos cambios constitucionales más o menos maquilladores, permitiesen una participación social en ese proceso.

Pues bien, me sorprende que haya una idea fuerte que está pasando totalmente ignorada: la abolición constitucional de la pena de muerte. Si tuviese que elegir un sólo cambio constitucional, yo apostaría por ese.

Cada vez que planteó esto choco con la creencia muy generalizada de que en España no hay pena de muerte. Aclaremos: no hay pena de muerte legalmente, pero sí la hay constitucionalmente. El artículo 15 de la Constitución establece que "Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra". Las leyes militares actuales no prevén el uso de la pena de muerte, pero podrían cambiarse para introducirla sin cambiar la Constitución.

En estos momentos, la mayoría de la población es contraria a la pena de muerte. Además, el Estado español ha ratificado el protocolo 13 al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, por el que la pena de muerte queda abolida en cualquier circunstancia. Por tanto, es muy fácil argumentar la necesidad de ese cambio constitucional y reclamar que se haga con la misma urgencia con la que PP y PSOE nos impusieron que el pago de la deuda público a los capitalistas acreedores sea prioritario sobre cualquier gasto social. Si no lo hacen, es porque no les da la gana, y si no les da la gana es porque no desdeñan la posibilidad de recurrir a ella.

¿Por qué veo tan importante esta exigencia? En primer lugar, por principios, porque repugna cualquier Estado que considere la posibilidad de recurrir a la pena de muerte, sea Estados Unidos, China, Arabia Saudí o Cuba. En segundo lugar, porque aunque quizá no sea probable que nos encontremos con la pena de muerte en nuestro sistema legal en los próximos años, desde luego sí es posible. En particular, me parece algo perfectamente posible si depende de nuestros actuales gobernantes, tan identificados con el partido republicano de EEUU, fanático partidario de la pena de muerte, y, visto lo visto, tampoco lo descarto de manos de otros gobernantes.

Puestos a lo peor, imaginemos que un día el Parlament de Catalunya proclama una Cataluña independiente (lo que no me parece buena idea, pero debería ser respetado), que un Rajoy y un Wert cualesquiera deciden impedirlo por la fuerza, que la población de Cataluña resiste, que declaran el el Estado de guerra, que cambian la legislación militar y establecen la pena de muerte... ¿Inimaginable? Con esta gente, no.

En realidad, ni las leyes ni las constituciones han parado nunca los crímenes de las élites. Si tienen la fuerza para hacerlo, hacen lo que quieren hacer, cambiando las leyes un viernes cualquiera, cambiando las constituciones en una semana, o saltándose con el morro leyes y constituciones. Decide siempre el conflicto y la potencia de cada grupo social. Por eso la tarea principal es siempre hacernos más y más fuertes, más y mas potentes, más y más capaces de quebrar el poder de las élites. Leyes y constituciones no deciden, pero sus contenidos no nos pueden ser indiferentes porque ayudan o dificultan ese hacerse "más fuertes" frente a las élites del capitalismo y del Estado. Por eso, aunque no me interese especialmente ponerme a pensar un texto constitucional completo, si creo que es una buena oportunidad para poner sobre el tapete tres o cuatro cosas como reivindicaciones constitucionales inmediatas, y una de ellas es la abolición de la pena de muerte.