Agradecemos a Izquierda Abierta la invitación que nos han hecho a la Plataforma de Mujeres ante el Congreso para intervenir en este debate. Fue a principios del año 2009, en pleno proceso de modificación de la Ley que regulaba el aborto voluntario de 1985, cuando un conjunto de organizaciones feministas con una larga trayectoria en la defensa de los derechos de las mujeres en general, y de los derechos sexuales y reproductivos en particular, decidimos unirnos y elaborar un manifiesto feminista que sería más tarde la base de la Plataforma de Mujeres ante el Congreso. Ese manifiesto lo presentamos el 11 de marzo de 2009 en la Sala de Columnas del Congreso ante la Comisión de Igualdad, de ahí el nombre de la “Plataforma de Mujeres ante el Congreso” haciendo notar que el reconocimiento de los derechos se consigue paralelamente en la lucha de calle y allá donde se aprueban las políticas, vinculando de forma sistemática ambos escenarios.

Desde la PMAC enmarcamos la IVE dentro del derecho de las mujeres a decidir, siendo éste un derecho humano básico relacionado con tres cuestiones: Por un lado la justicia social, que pasa por respetar la capacidad de las mujeres a definir su proyecto de vida. Sin duda, el embarazo y la maternidad son circunstancias que inciden de manera directa en la vida de las mujeres, y es a nosotras a quien compete decidir sobre ella. Somos seres morales y autónomos con capacidad para decidir sobre nuestras vidas y nuestros cuerpos sin necesidad de tutelajes de ningún tipo, ni ideológicos, ni administrativos, ni políticos, ni mucho menos religiosos. Exigimos que se nos devuelva la soberanía sobre nuestra capacidad de decisión, respetando nuestra voluntad, cosa que el patriarcado sistemáticamente nos quiere arrebatar, hoy bien representado como siempre por la jerarquía de la Iglesia Católica, los grupos antieleccion y sin tapujos por el Partido Popular: para muestra basta con oír las últimas “lindezas”de sus ministros y ciertos diputados:

Beatriz Escudero, diputada: “las mujeres que abortan son las que menos formación tienen”.

Para Fernández Díaz, ministro de Interior “el aborto tiene algo que ver”con ETA, “pero no demasiado.

Gallardón asegura que la mujer “es una víctima del aborto y no es responsable”. El aborto “es un drama”y “un conflicto brutal entre dos intereses jurídicos que deben ser protegidos: el interés jurídico al derecho al proyecto vital de la mujer, que debe ser reconocido por el legislador, y el derecho a continuar por parte del ‘nasciturus’en un proyecto de vida”. La cuestión es arrebatar a las mujeres su capacidad de decisión anteponiendo los derechos de un embrión/feto a los derechos de la mujer, claro porque en su concepción patriarcal las mujeres somos solamente un proyecto de seres humanos, una posibilidad probable, a lo más considerándonos seres pasivos y defectivos que no pueden regular autónomamente su vida, por lo que es necesario imponer la autoridad masculina para interpretar nuestros deseos y voluntad.

Por otro lado, los derechos reproductivos, que hablan de la capacidad para decidir el número y espaciamiento de hijos e hijas, disponer de información, educación y medios para la planificación sin sufrir discriminación. Estos derechos hay que vincularlos con los derechos sexuales. Entender que se puede disfrutar de la sexualidad desligada del mandato de la reproducción: la maternidad no es un destino biológico ciego sobre el que las mujeres nada tienen que decir. Es importante reivindicar una sexualidad libre, placentera, satisfactoria, holística y saludable. Una sexualidad sin miedos, libre de infecciones de transmisión sexual y de embarazos no deseados y de violencia. Sin embargo, el sector político más conservador y reaccionario tiene un modelo de sociedad en el que las mujeres deben ser definidas por su papel de fieles esposas y abnegadas madres con la pretensión de volvernos a la era predemocrática. Por último, está la equidad en los servicios de salud, porque si no se garantiza el acceso a los métodos anticonceptivos, no hay servicios de atención y información adecuados, no hay educación sexual en los centros docentes, no se garantiza la prestación por parte de los servicios de salud, se abusa de la objeción de conciencia, etcétera, es imposible ejercer el derecho a decidir.

Recordemos muy brevemente que en España el aborto voluntario se despenalizó parcialmente en 1985, permitiendo su práctica en tres supuestos: salud de la mujer, violación y malformaciones fetales. Al estar regulado dentro del Código Penal, durante esos 25 años se dieron procesos judiciales contra mujeres y profesionales.

Con la aprobación de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, se permite el aborto a petición de la mujer durante las primeras 14 semanas de gestación, este ha sido el cambio más significativo de la norma. Pero mantiene la IVE dentro del Código Penal, se restringe el Derecho a la práctica legal del aborto en el supuesto de grave salud para la mujer a partir de la semana 22. Retroceso inexplicable siendo que éste se encontraba avalado por el Tribunal Constitucional desde abril de 1985: en cuanto a la indicación de “grave peligro” para la vida de la embarazada, "si la vida del nasciturus se protegiera incondicionalmente, se protegería más a la vida del no nacido, y se penalizaría a la mujer por defender su derecho a la vida; por consiguiente, resulta constitucional la prevalencia de la vida de la madre".

Las declaraciones últimas del Ministro de Justicia, que dice que “el Gobierno no contempla la posibilidad de que una mujer vaya a la cárcel por abortar”, tienen truco, porque, claro, luego añade “fuera de los supuestos”, obviamente se mantendrá y/o empeorará en el Código Penal.

Desde PMAC estamos en desacuerdo con algunos aspectos de la Ley actual, y obviamente en desacuerdo absoluto con las modificaciones que ha ido anunciando el ministro de Justicia.

Elaboramos en 2010 una Comparativa de la legislación sobre el aborto en España que podéis consultar en la Guía informativa sobre Interrupción voluntaria del embarazo. El material está en nuestra página web: www.mujeresantecongreso.org

Se analizaron cada una de las situacionesreguladas y las fuimos valorando en función de si la regulación de 2010 constituíaun avance, un retroceso, era ambiguo o se quedaba igual. Hay dos cuestiones que empeoraron gravemente.

1) La restricción del derecho a la salud.Es importante tener en cuenta que el riesgo para la salud o la vida de la mujer puede presentarse en cualquier etapa del embarazo y debe ser siempre el riesgo, y no la etapa de la gestación, el factor decisivo para aplicar el derecho a la salud.

2) Las penas al personal sanitario si no cumple con los requisitos administrativos de entrega del sobre y con el periodo de reflexión. Esto aumenta la inseguridad jurídica y la indefensión del conjunto de profesionales de la salud.

También destacamos que, a pesar de la mejora de incluir la libre decisión de las mujeres, se limitó este derecho al plazo hasta las 14 semanas de gestación, por lo que se optó por el plazo más reducido entre los países de nuestro entorno. A ello añadir que el requisito de los 3 días de reflexión y el sobre informativo representan un intento de ejercer presión sobre las mujeres, y solamente es un obstáculo a la libre decisión.

La situación de las jóvenes de 16 y 17 años mejoró al dejar el consentimiento de la IVE exclusivamente a ellas, aunque se limita la autonomía al necesitar demostrar, en la mayoría de los casos, que se ha informado a el/la representante legal.

En cuanto al acceso a la prestación, aunque mejora la asunción del coste por la sanidad pública, el hecho del que sólo el 2% de los abortos se realicen en la sanidad pública conlleva la privatización encubierta de la prestación. No se dan datos reales sobre los abortos autofinanciados por las propias mujeres, ni de los obstáculos que hay en algunas CCAA, reflejando la falta de reconocimiento de los derechos de las mujeres. Actualmente, a causa de los recortes en sanidad, se están dando graves problemas de concertación con algunas clínicas privadas en Valencia, Castilla la Mancha y Aragón. El impago de los gobiernos autonómicos a estas clínicas implica el cese de servicios por su parte, lo cual deja a las mujeres de la zona sin acceso a la IVE, ya que, obviamente, los servicios públicos no se hacen cargo de la prestación a pesar de lo recogido en la Ley 2/2010.

Ante los propósitos del PP, desgranados amenazadoramente por el ministro Gallardón, quedarían fuera de la legalidad miles de mujeres a tenor de las últimas las cifras publicadas por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, correspondientes al año 2011. Aproximadamente 3550 mujeres abortaron por riesgo de graves anomalías en el feto y anomalías fetales incompatibles con la vida. De los 118.359 abortos voluntarios el 89,77% se produjeron en las 12 primeras semanas de gestación. No se puede desamparar a estas mujeres, pero más especialmente las de aquellas que están en situaciones de mayor vulnerabilidad, ni limitando el acceso a la IVE por motivos de salud, ni limitando el acceso a la IVE por anomalías fetales como pretende el ministro: denunciamos la indefensión en la que quedarán, a pesar de los cantos de sirena que nos hace Gallardón en sus últimas declaraciones.

En conclusión, imponer un aborto a una mujer que quiere ser madre, o imponer un embarazo y la maternidad a quien no lo quiera, son ambos actos de violencia institucional.

Así que desde PMAC exigimos…

Que el aborto voluntario se regule como un Derecho en una ley específica y dejede estar tipificado como delito.

Que salga del Código Penal a excepción que se practique el aborto en contra de la voluntad de la mujer.

Que la libre decisión de las mujeres no esté limitada.

Que se proteja a las mujeres que necesitan practicarse una IVE por grave riesgo para su salud integral en cualquier momento del embarazo. Que las IVEs se practiquen en la sanidad pública, se garantice la equidad territorial y la financiación.

Que se supriman en su totalidad los requisitos de tutelaje administrativo.

Que se reconozca la autonomía de las menores de 16 y 17 años.

Que se regule la objeción de conciencia.

Que mejoren las políticas de prevención de embarazos no deseados.