Otra vuelta de tuerca del Gobierno para recortar derechos y servicios públicos, otra vez atacando frontalmente los derechos de las mujeres. La restricción impuesta por la ministra Mato en los criterios para optar a los tratamientos de reproducción humana asistida en la cartera básica de servicios de la sanidad pública aprobados en el Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud el pasado 23 de julio excluyen por la vía de los hechos a las mujeres que quieran optar a una maternidad por sí mismas y a un tipo específico de parejas: las lesbianas.

Otra decisión ministerial más que destila contrarreforma ideológica. Ahora quieren vincular de manera inseparable la reproducción asistida cubierta desde la sanidad pública a las parejas formadas por un hombre y una mujer, siguiendo las directrices de la conferencia episcopal que sólo otorga a las parejas heterosexuales el papel de tener descendencia, imponiendo un único tipo de familia.

El Gobierno, entre seguir las directrices ultracatólicas y los derechos constitucionales, se ha inclinado peligrosamente por lo primero, y decide qué mujeres y qué parejas pueden acceder a un servicio básico de la sanidad pública, olvidando el artículo 14 de la Constitución, que establece la igualdad ante la ley “sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. El Gobierno discrimina, porque el Gobierno selecciona, excluyendo. Porque supone un trato desigual a personas iguales en derechos. Y es que el Gobierno decide quienes pueden acceder a un servicio básico de la sanidad pública y quienes no, estableciendo unos criterios que apartan a muchas mujeres y a muchas familias de un servicio que sí tienen otras.

Bajo el argumento de que se trata de ofrecer tratamiento terapéutico en caso de infertilidad demostrada durante, al menos, un año, se establecen requisitos imposibles de cumplir en la práctica para muchas mujeres y para algunos tipos de familia, en concreto, aquellas mujeres que desean formar una familia en solitario o aquellas que desean formarla con una pareja de su mismo sexo. Y otro objetivo a conseguir es que las “otras”, las independientes, solas, lesbianas, es decir, las que están fuera del modelo de familia episcopal, paguen, que accedan a esos tratamientos a través de la sanidad privada.

Este ataque contra la autonomía y la libertad sexual de las mujeres es un paso más en el control sobre la sexualidad y la reproducción que quiere imponer un Gobierno que con estas medidas parece no respetar la igualdad de derechos reconocida por la Constitución ni los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres reconocidos en la normativa igualitaria internacional.

La de la ministra Mato es una decisión lesbofóbica, sexista y clasista, que desde CCOO exigimos se retire de inmediato por constituir una práctica discriminatoria y un ataque inaceptable a los derechos de las mujeres.

Desde CCOO luchamos para que se eliminen las discriminaciones. Únete a CCOO y defiende tus derechos.

24 de julio de 2013.