La crítica típica de la clase media es que para aumentar la igualdad hay que pagar el precio de una menor eficiencia, un menor crecimiento económico, etc. Cabe contestar que también en términos de eficiencia es un grave error que sólo a los mejor situados les sea permitido desarrollar sus capacidades y expresarse plenamente en sociedad.

Alva Myrdal, 1969.

Myrdal (1969): ‘Jämliklet’. Traducido al inglés en 1971: ‘Towards Equality’. Solialdemokraterna (pág. 15)

La importancia del debate sobre la eficiencia

Eficiencia es el aprovechamiento óptimo de los recursos existentes para producir el máximo de resultados. Esta definición es objeto de consenso general pues, en efecto, ¿quien en su sano juicio podría sostener que es mejor despilfarrar los recursos que utilizarlos de forma optima? Sin embargo, el término eficiencia resulta antipático para el público en general, y en algunos medios progresistas (¡no digamos feministas!) se percibe como una amenaza. Eficiencia suena a explotación (casi podríamos imaginarnos una cadena de producción a lo Charly Chaplin en la película ‘Tiempos Modernos’); y para muchas feministas suena a una economía que no está al servicio de las personas y que se olvida de todo lo que tiene que ver con el trabajo reproductivo. Es comprensible, pues quienes están al mando de la economía utilizan el término eficiencia para justificar todo tipo de abusos, e incluso repiten como un mantra que existe una contradicción (un ‘trade-off’, se suele decir) entre eficiencia y equidad (y por tanto habría que elegir entre aumentar una u otra, no las dos). Pero, ¿cómo es posible que se cometan desmanes en nombre de este concepto aparentemente tan sensato? Muy sencillo: porque se aplica errónea e interesadamente.

Si esta contradicción entre equidad y eficiencia existiera sería terrible, pues nos veríamos obligadxs a elegir (ese sí que sería un verdadero ‘trade-off’) entre dejarnos explotar o ponernos en contra de la eficiencia, o sea del desarrollo económico, de la creación de empleos, de la sostenibilidad de las cuentas públicas; y por mucho que cerráramos los ojos, tendríamos que reconocer que el progreso en equidad sería difícil. Pero no es verdad: si entramos a analizar el asunto descubriremos las falacias que se esconden detrás de ese supuesto ‘trade-off’; porque en realidad las desigualdades producen múltiples ineficiencias y, lo que es más dramático, conducen a una sociedad (economía) insostenible. La clave está en desgranar qué es lo que queremos/debemos maximizar, cuáles son recursos existentes y qué significa utilizarlos de forma óptima. Si el objetivo es maximizar el bienestar social, si consideramos todos los recursos existentes sin olvidarnos de toda la parte ‘doméstica’, y si entendemos que el aprovechamiento óptimo de los recursos es justamente lo contrario a la sobre-explotación de las personas y a la depredación del medio ambiente, tendremos que concluir que la equidad y la eficiencia van de la mano. Este es el primer propósito de este artículo.

¿Qué relevancia tiene este asunto para los PPIINA100%? En primer lugar, los PPIINA100% son emblemáticos de la sociedad que queremos: una sociedad con el máximo de bienestar social en la que, para empezar, ninguna persona tenga que elegir entre dos derechos básicos: un empleo de calidad y el cuidado de sus criaturas. Y no se puede imaginar esa sociedad sin tener en cuenta todos los recursos existentes: todo el capital productivo de las mujeres y todo el capital cuidador de los hombres. La desigualdad de los permisos es una pieza clave en el modelo actual de segregación del mercado de trabajo y de organización ineficiente de los cuidados; y los PPIINA100% atacan de raíz este sistema. Además, los PPIINA100% no es la única medida necesaria para el cambio estructural que se necesita, pero es la medida con mejor balance coste/beneficio (1): una medida barata, fácil de implantar y con efectos inmediatos espectaculares. Es, en sí misma, una medida eficiente, en cuanto que es el mejor aprovechamiento imaginable de la exigua partida presupuestaria que exige. Conviene desgranar todos estos extremos para desmontar los argumentos (o más bien las alusiones, porque no van realmente acompañadas de argumentación) que apelan a la crisis para negar esta reforma. En la PPIINA este es un frente de trabajo importante (ya antes de la crisis, pues la falta de fondos no es en absoluto una objeción novedosa), y otros artículos se ocupan de las múltiples aristas del tema. Este se concentrará en ilustrar cómo los PPIINA100% evidencian claramente la utilidad del concepto de eficiencia, así como para rebatir las interpretaciones sesgadas que se mantienen por el mero hecho de no llegar a imaginar la igualdad total, o por tener intereses en el mantenimiento del estatus-quo patriarcal.

¿Qué resultados queremos maximizar? La falacia del ‘trade-off’ entre equidad y eficiencia

Se sigue actuando con la inercia de que el objetivo es alcanzar el máximo de producción y crecimiento (PIB). Sin embargo, hay ya una larga lista de trabajos científicos dedicados a demostrar que el PIB no es el único, ni el mejor, indicador del desarrollo económico y del progreso social. Por ejemplo, un trabajo reciente de Joseph Stiglitz, Amartya Sen y Jean Paul Fitoussi concluye con “el mensaje clave” de que “urge dejar de poner el énfasis en la medición de la producción para pasarlo a la medición del bienestar de la población; y poner estas medidas de bienestar en el contexto de la sostenibilidad”. La composición del PIB es muy importante: hay producción depredadora y producción de bienes y servicios socialmente útiles (sobre decrecimiento o no, de todas formas hay mucho que crecer en bienestar social.). Es más, en términos puramente de saneamiento económico, un PIB muy elevado puede ser solamente producto de una burbuja especulativa (como desgraciadamente sabemos). La redistribución del ingreso privado es clave, y también lo es la provisión de servicios públicos, que no se capta adecuadamente con la simple medida del PIB. Por lo demás, en realidad nadie niega que en una sociedad democrática el objetivo de la economía es conseguir el máximo de bienestar social (y no el beneficio de unos pocos); de lo que ya se deduce, por pura definición, que el objetivo de la equidad es el mismo que el de la eficiencia.

Es importante añadir que, aun aceptando el objetivo del bienestar social, ese concepto también está determinado por la ideología, y en particular por la ideología de género. Hay quien puede pensar que el bienestar social, la felicidad, puede darse en un mundo de familias tradicionales sin divorcio, aborto, empleo femenino… Objetivamente es demostrable que ese mundo es puro malestar, pobreza y sufrimiento. La comprensión profunda de una sociedad en igualdad cambia la visión sobre todo. Por ejemplo, suele decirse que en las sociedades tradicionales las mujeres son las artífices de la cohesión y de la ‘armonía’ social. Pero esa afirmación lleva implícita la percepción incorrecta de que una sociedad puede estar cohesionada o ser armónica cuando mantiene esclavizada a la mitad de la población, cuando la violencia y los asesinatos de mujeres son tolerados, etc. Quien afirma eso es que no está viendo nada más que la parte emergida del iceberg (mayormente masculina), ignorando el sufrimiento de la parte sumergida. Maximizar el bienestar social es maximizar la equidad a todos los niveles, incluyendo la igualdad de género que tan frecuentemente resulta invisible. En resumen: el objetivo de la economía pública debe ser el bienestar social; y el máximo de bienestar social es una sociedad libre y equitativa.

Detengámonos en uno de los equívocos más dañinos, que consiste en aplicar el concepto de eficiencia parcialmente, bien sin considerar la economía y la sociedad en su conjunto, o bien sin tener en cuenta todas las implicaciones y los costes de determinadas actuaciones. En efecto, una determinada empresa podría maximizar su producción a corto plazo esclavizando a sus trabajadores/as, contratando solamente personas sin responsabilidades ni vida personal, sin preocuparse de sus problemas, sometiéndoles a presiones y carga de trabajo desmedidas. Algunas personas dirían que ese comportamiento es eficiente, en cuanto que la empresa maximiza sus beneficios al mínimo coste. Esta es la idea que subyace cuando se piensa que la equidad es incompatible con la eficiencia. Sin embargo, aquí no es propiamente aplicable el concepto de eficiencia, porque los recursos existentes no son fijos. Esa situación solamente es posible si existe un exceso de oferta en el mercado y si no existen mecanismos de regulación: la empresa contrata y despide a su placer, beneficiándose de la mano de obra que se adapta a la formación requerida para su actividad sin originarle obligaciones; y luego se deshace de los trabajadores/as ‘quemados/as’ para sustituirles por otros/as. No es que la empresa aproveche eficientemente sus recursos, sino que utiliza recursos externos y externaliza las consecuencias negativas de su actuación, con una política de usar y tirar (en ese sentido decimos que es un sistema abierto). Este comportamiento es típico del capitalismo salvaje (ahora llamado ‘neoliberalismo’), que recoge los beneficios mientras que el coste de las llamadas ‘externalidades’ lo paga toda la sociedad, y no solamente en términos monetarios.

Estas consideraciones no son nuevas. En el mismo libro citado como apertura a este artículo, Alva Myrdal continúa. “Hay quien piensa que las desigualdades son el precio a pagar por una mayor eficiencia en la producción y por un rápido aumento en prosperidad, con un mayor nivel de vida para todos/as aunque esté desigualmente distribuido. Pero cada vez más personas son conscientes del fiasco de ese mito sobre la eficiencia. Durante la pasada década, la experiencia de otros países ha demostrado que las políticas basadas en esas premisas conllevan el riesgo de deterioro social. … Amplios estratos de la población consideran que no hay razón para permanecer leales a un poder económico que descuida demandas elementales para una existencia digna; las sociedades se dividen… El resultado es el estancamiento, que no conduce ni a la eficiencia en la producción ni al cambio social necesario para que la gran mayoría pueda desarrollar sus capacidades y contribuir a la sociedad”. Suecia aplicó esta perspectiva integradora, y gracias a ella es hoy uno de los países más competitivos y más igualitarios. Los países nórdicos están ahí para demostrar que la igualdad es eficiente. Pero aún en esos países queda mucho por ganar en términos de eficiencia si realmente se considera el verdadero óptimo: la eliminación de la división sexual del trabajo, como veremos a continuación.

¿Cuáles son los recursos existentes y cómo aprovecharlos de manera óptima? La división sexual del trabajo es, por definición, ineficiente

El concepto de ‘eficiencia técnica’ se refiere a, fijado el objetivo, el aprovechamiento máximo de los recursos, para lo que se necesita una buena asignación de cada factor productivo (trabajo, capital, tecnología…) al lugar en el que sea más rentable (eficiencia asignativa), así como una buena organización del sistema en su conjunto. La primera pregunta pertinente aquí es: aunque el objetivo fuera solamente la producción (PIB), ¿quién debe/puede trabajar en qué? La respuesta obvia es que las capacidades de cada persona deberían aprovecharse al máximo, pero sabemos que los roles de género son un gran obstáculo que opera desde el nacimiento, pasando por el sistema educativo y adquiriendo su apogeo en la segregación sexual del mercado de trabajo y del trabajo reproductivo.

La segregación del mercado de trabajo establece barreras artificiales para el aprovechamiento de las capacidades individuales: si una mujer tiene habilidades para ser ingeniera y un hombre para ser educador infantil, pero no puede ser así porque una profesión ‘es masculina’ y la otra ‘es femenina’, ¿qué mejor ejemplo de ineficiencia (asignativa) podríamos encontrar? Bastaría con intercambiarlos para aumentar los resultados sin tener que invertir más medios. Si, por otro lado, pensamos en la segregación vertical con la perspectiva de la igualdad, comprenderemos inmediatamente la ingente cantidad de talento que estamos desperdiciando por culpa de los prejuicios. ¿Acaso las restricciones impuestas a las mujeres en Afganistán no les incapacitan para la producción e impiden el desarrollo del país, además de constituir un caso de esclavismo avalado sobre el terreno por las grandes potencias? (aquí y aquí). Todo esto es tan de cajón que no podemos por menos que recordar la célebre frase citada por Tony Judt: ‘es muy difícil que alguien entienda algo cuando su sueldo depende de que no lo entienda’ [Judt (2010): ‘Algo Va Mal’. Taurus].

Muchos estudios evidencian ya el lastre que supone la desigualdad de género para el desarrollo económico. Por ejemplo, la OCDE acaba de publicar un informe en el que explica detalladamente el ‘fundamento económico de la igualdad de género’, y concluye que ‘la inversión en igualdad de género es la que arroja los mayores rendimientos de todas las inversiones en desarrollo’ [OCDE (2012): Closing the Gender Gap. Act Now’]. Pero el despilfarro del capital productivo de las mujeres, que sí está ya ampliamente reconocido, no es el único asunto relevante. La otra cara de la moneda es el despilfarro del capital cuidador de los hombres y todo lo que tiene que ver con la organización del trabajo doméstico y de cuidados, y estos extremos no suelen tocarse ni siquiera en los estudios sobre igualdad de género y eficiencia económica. ¿Cómo es posible que siga ignorándose todo el capital cuidador de los hombres que podría ser utilizado para el cuidado de la infancia y de las personas dependientes, ahora más necesitadas que nunca?

Claro que no solo se trata de utilizar todos los recursos sino de aprovecharlos al máximo, y esto nos lleva a cuestionarnos el modelo de organización del cuidado. En la sociedad actual (alta esperanza de vida, alto nivel de formación femenina, producción industrial lejos del entorno familiar, y reducido tamaño familiar), tiene aún menos sentido económico (si cabe) que el cuidado exija la des-inserción laboral de una persona (aún temporalmente o a tiempo parcial, sea hombre o mujer). En este sistema, esa persona sacrifica su potencial de vida productiva para cuidar a una, dos o tres personas durante unos pocos años (2). Con todo, si podemos decir que es ineficiente este sistema es porque tenemos una alternativa superior (más eficiente): que los hombres cuiden igual que las mujeres (para lo que son imprescindibles los PPIINA100%), que se universalicen los servicios de educación infantil desde los cero años y de atención a la dependencia; y que se establezcan horarios a tiempo completo cortos y racionales. Con este sistema, no solamente todas las personas podrían cuidar y trabajar igual, sino que las criaturas y las personas dependientes estarían cuidadas a una ratio mayor que la actual (más de una por persona) y con mayores beneficios para todas las personas implicadas: muchos menos recursos y mucho mayor bienestar social.

En resumen, debemos desterrar para siempre la vieja y aún muy repetida afirmación de que las mujeres, realizando la mayor parte del trabajo de cuidados y doméstico, le ahorran al Estado (¿a la sociedad?) la provisión de servicios. Según esta visión, la división del trabajo sería eficiente aunque solo desde el punto de vista ‘economicista’ y olvidando el bienestar de esas mujeres. Pero esas cuentas están sesgadas por una concepción sexista, que se disuelve al considerar que mujeres y hombres son igualmente capaces para todo tipo de trabajos; que las mujeres ya están mejor formadas que los hombres y dispuestas a ocupar todo tipo de profesiones; que los hombres pueden asumir su 50% del cuidado si se ponen las medidas adecuadas; y que la organización actual de los cuidados es manifiestamente mejorable. Una vez más, el modelo de sociedad imaginado/deseado por cada persona tiene consecuencias a la hora de determinar las posibilidades.

Eficiencia, sostenibilidad y demografía (¡e igualdad, claro!)

No podemos hablar de eficiencia sin considerar adecuadamente la dimensión espacial y temporal; y eso nos conduce directamente a la sostenibilidad. Según una de las definiciones más populares (Informe Brundtland, 1987), la sostenibilidad (económica, social y ambiental) consiste en “satisfacer las necesidades de la actual generación sin sacrificar la capacidad de futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades”. En definitiva, un equilibrio que pueda sostenerse en el tiempo sin terminar en catástrofe. En teoría un sistema de políticas públicas podría ser ineficiente pero sostenible; en cambio si es eficiente pero insostenible será que no es eficiente (ni siquiera eficaz) a largo plazo (3).

La sostenibilidad económica exige la consideración de muchos factores que juegan un papel clave en el bienestar social general y a largo plazo. Destacaremos la formación del capital humano, la retención del talento, la integración social y la paz, la lucha contra la pobreza (en particular la pobreza infantil), la consolidación de los sistemas de servicios públicos y de prestaciones sociales, la preservación del medio ambiente y el equilibrio demográfico. Todos estos factores están intrínsecamente relacionados entre sí y con la igualdad de género, pero nos concentraremos ahora específicamente en los referentes a la demografía y al medio ambiente.

La igualdad es la mejor aliada de la sostenibilidad demográfica

Es curiosa la escasa consideración del problema demográfico en las disertaciones sobre sostenibilidad (por ejemplo, en Wikipedia se ignora). Sin embargo, el mundo camina hacia una catástrofe demográfica de enormes consecuencias sociales y económicas: La población mundial está evolucionando hacia una bipolaridad creciente entre una mayoría de países industrializados con bajísimas tasas de fecundidad y altísimas tasas de pobreza infantil, por un lado, y una minoría de países paupérrimos (África subsahariana y Oriente Próximo) con altísima fecundidad, por otro. Solamente unos pocos (esencialmente algunos países nórdicos) están consiguiendo mantener las condiciones para una buena demografía: tasas de fecundidad estables en el tiempo y próximas a la tasa de reemplazo poblacional, junto con bajas tasas de pobreza infantil. El desequilibrio demográfico mundial es insostenible: la bajísima fecundidad provoca altas tasas de dependencia demográficas que hacen inviables los servicios públicos de atención a la dependencia, la sanidad, las pensiones y, en definitiva, la propia supervivencia humana, social y económica. En el otro extremo, la altísima fecundidad impide el desarrollo de los países. La pobreza, en los dos polos, agrava los problemas sociales y medioambientales (4).

Afortunadamente, sería muy fácil solucionar los problemas de la altísima fecundidad y de la bajísima fecundidad (que hay que analizar y tratar separadamente): solo se requiere permitir que todas las personas (hombres y mujeres) tengan las criaturas que quieran tener, ni más ni menos. Ese número es aproximadamente 2,1 según las encuestas en todos los países. Mágicamente, esa es precisamente la tasa de fecundidad llamada de ‘reemplazo poblacional’, o sea la tasa de fecundidad que permitiría que la población se mantuviera estable en el tiempo (la tasa de fecundidad ‘ideal’). Se demuestra que las mujeres, cuando pueden decidir, no tienen más hijos que los que van a poder mantener, y de esta forma desciende la altísima fecundidad. Por otro lado, para que las tasas de fecundidad aumenten en los países donde son bajísimas, y para combatir la pobreza infantil en todos, hay que proporcionar una buena atención a la infancia, con especial énfasis en los servicios públicos de educación infantil, y dar prioridad a las políticas de integración social; hay que integrar a los hombres en el cuidado; y hay que apoyar especialmente a las madres solas, pues es en esas familias donde el nivel de pobreza (y por tanto de pobreza infantil) es más alto. En definitiva, eliminar la maternidad impuesta y apoyar la maternidad deseada compatible con la autonomía y el empleo de calidad de las mujeres.

¿Qué se hace? Justamente lo contrario: en los países subdesarrollados se mantiene a las mujeres sin derechos civiles, sin capacidad de decisión, sin acceso a la propiedad, a la educación, al empleo, a los anticonceptivos y al aborto; y muchas políticas refuerzan el rol de las mujeres como cuidadoras y de los hombres como ajenos al cuidado. Por otro lado, las políticas tradicionalmente llamadas “natalistas” se apoyan en la falsa idea de que se puede convencer a las mujeres para que vuelvan a su ancestral rol de amas de casa. La realidad es que esas políticas no han dado resultado, y los países que las llevan a cabo (Alemania, Japón, Corea, España o Italia) registran las menores tasas de fecundidad del mundo. Este es el resultado de dos factores: las mujeres se niegan a sacrificar su inserción en el empleo; y una familia de un solo sustentador no puede permitirse tener los hijos deseados.

No solamente se ignora la demografía cuando se habla de sostenibilidad, sino que cuando se habla de demografía es para dar la evolución de las tasas de fecundidad como inevitable (hasta el punto de que se bromea diciendo que la demografía es ‘una ciencia contemplativa’). ¿Por qué? Muy sencillo: porque la solución del problema exige imaginar una sociedad en igualdad: un sistema que permita a mujeres y hombres tener criaturas sin que ninguna persona sacrifique su vida profesional.

Sostenibilidad ambiental e igualdad de género

El deterioro del medio ambiente, y especialmente el cambio climático, es una bomba de relojería, como sabemos. Para evitarla, es necesario un golpe de timón urgente que desgraciadamente no está a la vista: hay que cambiar totalmente el modo de producción y de consumo; y ello exige un cambio de valores profundo. Actualmente, quienes ostentan el poder siguen bajo una idea del éxito y de la felicidad (bienestar) basada en actividades depredadoras del medio ambiente (coches, casas, consumo de energía, artículos de lujo…). La polarización de rentas acentúa la huella ecológica de los ricos y la falta de recursos para cuidar el medio ambiente de los pobres (países, personas). El sistema de valores patriarcal está en el centro de estos comportamientos: la cultura de los machos triunfantes ha alimentado la burbuja depredadora; el capitalismo salvaje se mueve por intereses a corto plazo y se beneficia de este sistema cómplice.

El cambio radical que se necesita sería posible con un amplio pacto social, precisamente porque ese cambio solo puede ir en la línea de una mayor integración, equidad y protección social: un cambio hacia producción de bienes y servicios para el bienestar de la mayoría de la población: cuidado de las personas y de la naturaleza, educación, cultura, salud pública, garantía de ingresos y pensiones, seguridad en el empleo, deporte, paz y desarme, cooperación al desarrollo sostenible… En ese nuevo modelo productivo, el cuidado estaría en primer plano, y la felicidad estaría cifrada en las relaciones armónicas entre las personas, la maternidad/paternidad corresponsable. La población está potencialmente a favor de todos estos cambios que aliviarían su sufrimiento, especialmente en la situación de emergencia social que vivimos. Así pues, se dan las condiciones para un consenso social en torno al cambio de modelo productivo necesario, pero el cambio de mentalidad exige medidas drásticas que solo pueden ser el fruto de una catarsis social. La medida que proponemos de los PPIINA100% sintetiza ese cambio de visión de la sociedad y contribuye a esa catarsis necesaria.

Los límites del análisis: El caso de los PPIINA100%

Las personas que imaginamos la igualdad total podemos avanzar las medidas necesarias. Además, tenemos evidencias científicas de que estas medidas son perfectamente factibles, no solamente económica y técnicamente sino socialmente, ya que son bien aceptadas por la población. Estas reformas incrementarían la eficiencia económica y son necesarias para una organización social sostenible (5). Entonces, si la organización más eficiente es la igualdad total, ¿cómo es que la literatura económica no lo reconoce ampliamente? Muy sencillo: las personas que hacen esos análisis no consideran el objetivo de igualdad con todas sus consecuencias, bien porque no se la imaginan realmente o porque tienen intereses en no modificar el estatus-quo patriarcal.

Solo con esta perspectiva podemos explicarnos que la Comisión Europea, a pesar de sus declaraciones a favor de la igualdad, esté impulsando una Directiva (de obligado cumplimiento para los países) para aumentar el permiso de maternidad a 20 semanas, mientras que respecto al permiso de paternidad solo aconseja que se aumente a 4 semanas. La OCDE, en el informe ya citado, señala que ‘el apoyo y los incentivos para las personas y las familias pueden cambiar el comportamiento y, en definitiva, modificar substancialmente las actitudes. La introducción de permisos pagados intransferibles para los padres en algunos países de la OCDE ha conducido a que los hombres se tomen permisos más largos”. Sin embargo, en las conclusiones del informe no figuran los PPIINA100% entre las medidas aconsejadas a los países.

Las mismas limitaciones se encuentran en la mayoría de las investigaciones sobre los sistemas de permisos, con excepciones notables y fundamentalmente españolas, como la tesis de Irene Lapuerta premiada por el Congreso. Sistemáticamente se constatan las reglas de oro del comportamiento masculino (los hombres se toman sistemáticamente los permisos intransferibles y bien pagados, pero no se toman las excedencias no pagadas o mal pagadas ni las reducciones de jornada), Sin embargo, no concluyen con la propuesta de los PPIINA100%. La teoría de la masa crítica se comprueba en este caso: es muy difícil, por muy evidente que sea una conclusión, que personas aisladas puedan explicitarla si está en contradicción con el estatus-quo, y menos si ese estatus-quo está relacionado con los roles de género. Así, en cada país, todo el pensamiento está condicionado por el sistema existente: en Alemania se piensa que las madres deben quedarse en casa tres años, aunque la última reforma de los permisos está poniendo en cuestión esa asunción.

Un ejemplo interesante proviene de un país muy preocupado por la eficiencia: Reino Unido. En Noviembre de 2012, el Primer Ministro anunció una reforma del sistema de permisos en aras de ‘un mercado de trabajo más flexible, eficiente y equitativo’. Pero la reforma, que entrará en vigor en 2015, deja el permiso de paternidad en las dos semanas actuales y se limita a permitir que las madres cedan parte de sus actuales 52 semanas (no bien pagadas) a los padres. Es facilísimo apostar a que en la realidad esta reforma no supondrá un cambio importante en la práctica a pesar del debate que ha suscitado. Sorprendente debate, y sorprendente que ninguno de sus actores propusiera los PPIINA100% en un país en el que la llamada ‘igualdad formal’ y la individualidad tienen un largo recorrido.

En los países nórdicos como Suecia nos encontramos con el problema de la llamada ‘dependencia del camino’: se han operado reformas en los permisos que son difíciles de revertir y que sitúan el objetivo de igualdad más lejos políticamente. Ahí la contradicción es más flagrante: aunque Suecia está muy avanzada en igualdad, casi nadie se atreve a proponer lo que se necesitaría para los PPIINA100% (individualizar más de 5 meses de la gran parte actualmente transferible de los permisos bien pagados y que ahora se toman las mujeres, ya que no parece sensato proponer la extensión total del permiso.- 2 meses intransferibles para cada progenitor y más de 10 transferibles). Lo mismo sucede en Dinamarca y en Noruega. En Islandia, en cambio, la reforma es más fácil, y se ha realizado un gran trecho de camino, aunque están por ver los efectos de la última reforma que introduce una ‘dependencia del camino’ aunque sea escasa: ¿cómo pasar de los 5 meses intransferibles para cada progenitor y dos transferibles (o sea, de 7 para las mujeres y dos para los hombres) a la igualdad? En España y en Francia es más fácil porque el permiso total es menor, lo que da margen para defender la ampliación del permiso del padre hasta igualar el de la madre.

Así, la presión de los poderes fácticos determina el curso de las políticas públicas e incluso las conclusiones de los trabajos de investigación. Cuando se piensa profundamente que la igualdad es posible, se pueden avanzar las medidas para conseguirlo. En cambio, si no se concibe la igualdad total, por mucho que sea lo equitativo y el óptimo de eficiencia, se mantienen posturas impracticables. Hay muchos ejemplos de este tipo de propuestas: llegar a la igualdad de ingresos mediante el salario al ama de casa, llegar a la igualdad en las pensiones mediante la eliminación de la contributividad (o sea, que las pensiones no dependan de las contribuciones); llegar a la igualdad en la utilización de los permisos mediante campañas para que los hombres se tomen los permisos no pagados o transferibles; entre otras. Muchas de ellas, además de inequidades, introducirían ineficiencias. Todo porque no se confía en que hombres y mujeres podamos vivir en igualdad, o por no contradecir las resistencias del Status-quo patriarcal. Un ejemplo de este fenómeno es el caso del Ayuntamiento de Akureyri (Islandia). Allí, con el empeño de conseguir la igualdad retributiva, rastrearon las nóminas de hombres y mujeres, analizando y reestructurando sus complementos salariales. El Instituto de Igualdad de Género de Islandia pone este caso como la mejor práctica para la igualdad salarial. Sin embargo, la conclusión a la que llegaron es que eso no era suficiente porque las profesiones masculinas ganaban más que las femeninas. ¿No sería evidente extraer la consecuencia de que con permisos iguales e intransferibles esas profesiones serían menos masculinas y menos femeninas? ¿Cómo es que el Instituto de Igualdad de Islandia no propuso esa medida al Gobierno?

Conclusión: Los PPIINA100%, una medida urgente para la eficiencia y la sostenibilidad

A lo largo de este artículo se ha argumentado que la división sexual del trabajo es ineficiente e insostenible. Hemos visto cómo la mayoría de los análisis adolecen de una visión de la sociedad sesgada por el mantenimiento del estatus quo patriarcal. Si eliminamos esta restricción, y consideramos en pie de igualdad a hombres y a mujeres, aparece la sociedad que queremos: una sociedad en igualdad total, y los PPIINA100% son una marca imprescindible de esa sociedad.

A todos estos argumentos hay que añadir que los PPIINA100% es una reforma eficiente en sí misma, ya que es la medida con mejor balance coste/beneficio de todas las que se necesitan. El coste de su puesta en pie es pequeño, entre otras cosas porque no necesita inversión en infraestructuras sino solo gasto en la prestación. Es fácil de aplicar, pues basta con aprobar la ley de reforma. Su impacto sobre el comportamiento es instantáneo: los padres se toman mayoritariamente los permisos intransferibles y bien pagados desde el primer día (6). Es más, aún antes de que entre en vigor, esta reforma emite un mensaje claro y contundente de que los hombres y las mujeres tienen que cuidar en los mismos términos. Como se desarrolla en otros artículos de autores/as de la PPIINA, es una inversión perfectamente asequible y los beneficios son múltiples para las empresas (sobre todo para las que contratan mujeres y para las basadas en el conocimiento), para las familias (y en particular para las criaturas), y para la sociedad.

En resumen, los PPIINA100% es una reforma emblemática del golpe de timón que se necesita si queremos aprovechar y organizar los recursos para maximizar el bienestar social (eficiencia), así como evitar la hecatombe medioambiental y demográfico, con sus consecuencias económicas y sociales (sostenibilidad). Una sociedad que pone en pie esa medida ya está reafirmando el cambio de valores, la valoración del cuidado, reconociendo que hombres y mujeres debemos ser iguales en todo. Por tanto, las otras medidas necesarias estarán mucho más cerca.

NOTAS

1. Ver análisis detallado en Castellanos y Castro (2011): 'Equiparación de los permisos para padres y madres: ¿podemos asumir su coste?' En TE Exterior, Monográfico Nº 30, Pág. 12.

2. La universalización de la educación infantil pública es una inversión rentable solo considerando el aumento de ingresos públicos en concepto de cotizaciones sociales e impuestos de las mujeres por no interrumpir temporalmente su inserción en el empleo. Ver Esping Andersen (2008): ‘Modelos de sociedad, demografía, economía y políticas públicas: un nuevo contrato de género’. En Pazos Morán (ed): Economía e igualdad de género: retos de la Hacienda Pública en el siglo XXI. Instituto de Estudios Fiscales, 2008.

3. Para mayor desarrollo, ver Pazos Morán (2008): ‘Género, orientación del presupuesto público y eficiencia conómica’. En Pazos Morán, M (ed): Economía e igualdad de género: retos de la Hacienda Pública en el siglo XXI. Instituto de Estudios Fiscales, 2008.

http://www.ief.es/documentos/investigacion/genero/Libro_Genero.pdf

4. Ver Pazos Morán (2011): ‘Demografía, Sostenibilidad e Igualdad de Género’. En Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global Nº 113.

5. Para un desarrollo de estos argumentos ver Pazos Morán (2010): ‘El papel de la igualdad de género en el cambio a un modelo productivo sostenible’. Revista Principios Nº 17.

6. Castro García y Pazos Morán (2012): ‘Permisos por nacimiento e igualdad de género: ¿cómo diseñar los permisos de maternidad, paternidad y parentales para conseguir un comportamiento corresponsable?’ PT Nº 9/2012. IEF.