El 12 de abril de 2013 el Gobierno encargó a un "comité de expertos" la revisión del sistema de pensiones, adelantando en 19 años el momento previsto para ello. En el citado "comité de expertos" hay 11 hombres y una mujer. Ocho de sus miembros tienen conocidos vínculos con bancos y aseguradoras. Sólo uno, Santos Ruesga, votó contra unas propuestas que son el ataque más duro a que ha sido sometido nuestro sistema de pensiones, pese a que la reforma de 2011 ya fue muy regresiva. De aplicarse, la vida de las personas pensionistas actuales y futuras se empobrecerá y precarizará.

Proponen suprimir la actualización de las pensiones según el IPC (art. 48 de Ley General de la Seguridad Social). Las pensiones podrían perder poder adquisitivo año a año, lo que nos hará retroceder décadas.

Para pensionistas actuales se propone que se garanticeque no baje su importe nominal, pero si la pensión no aumenta durante varios años y crece el coste de la vida, su valor real caerá dramáticamente. Para las nuevas pensiones, podrían incluso bajar en valor nominal. Proponen una extravagante fórmula matematica para decidir la actualización anual de las pensiones contributivas, guiada por la lógica antisocial de que la “sostenibilidad” se logra bajando las pensiones, lo que acarrerá a corto, medio y largo plazo una grave reducción del importe de las pensiones, en términos reales e incluso nominales.

Su fórmula no toma en cuenta el IPC -lo que recortará sistemáticamente las pensiones y puede tener consecuencias dramáticas en periodos inflacionarios-, y toma como única referencia ingresos (sin ninguna propuesta para aumentarlos), gastos y su evolución conocida o prevista sobre un determinado número de años anteriores y posteriores al momento de la actualización. El hecho de que se tomen decisiones inmediatas de consecuencias irreversibles y acumulativas utilizando previsiones arbitrarias sobre años futuros deja en manos de los gobiernos una gran capacidad de manipulación para obtener resultados acordes a sus objetivos. Proponen que a las nuevas pensiones contributivas se les aplique un coeficiente reductor en función de los años de supervivencia previsibles en término medio. Ese coeficiente subiría cada año, empezando, para quienes se jubilen a los 65 años, con un 0,72% en 2015, pasando por un 10% en 2022, un 13% en 2036 y un 19% en 2050. La idea base de esta propuesta es que si las personas mayores viven más, tienen que vivir peor. Es una falta de respeto a quienes han sostenido todo con su trabajo, es una propuesta antisocial que niega la lógica de reparto de nuestro sistema de pensiones y es una propuesta ferozmente clasista porque, en término medio, los ricos viven muchos más años que las personas de menores ingresos, a las que se les estará robando una parte de su pensión bajo el supuesto de que vivirán años que no vivirán.

Es imprescindible que las organizaciones sindicales, y en particular CCOO y UGT, denuncien claramente y sin ambigüedades el contenido del informe, brutal y al servicio de las élites, y que, junto a los demás sindicatos y colectivos sociales, organicen una movilización inmediata y sostenida para impedir su aplicación. O lo hacen o abrirán una brecha inmensa con la población. En todo caso, no hay que esperar a nadie. A la calle, que nos va la vida en ello. Sin falsas ilusiones: con este Gobierno, no hay pacto posible que beneficie a la gente trabajadora, a la gente corriente. Hay que pararlos, hay que echarlos.