El 3 de septiembre de 2013 la ministra Báñez presentó las líneas generales de su contrarreforma del sistema de pensiones, ratificadas por el Consejo de Ministros del 13 de septiembre. La propuesta aplica, con ligeros maquillajes, el informe aprobado el 7 de junio por el "comité de expertos" que el Gobierno nombró, a su imagen y semejanza el 12 de abril, con el único voto en contra del profesor Santos Ruesga.

La ministra y medios afines al PP han ocultado que este proyecto impondría una disminución muy importante y sostenida del valor real de todas las pensiones contributivas. Por ejemplo, ABC llegó a titular así: "Báñez propone que las pensiones suban como mínimo un 0,25%". En realidad, lo que el PP propone es que las pensiones puedan perder, en valor real, en poder adquisitivo, tanto como haya subido el IPC, excepto 0,25 puntos. Por ejemplo, si el IPC sube un 4% y el valor nominal de las pensiones sube un 0,25%, una pensión de 1000 euros pasaría a ser de 1002,50, cuando para mantener el poder adquisitivo debería subir hasta 1040, por lo que se perderían 37,50 euros en valor real, un 3,61% (37,5*100/1040), aunque en la charla coloquial solemos simplificar y diríamos que se ha perdido un 3,75% (4 menos 0,25). Advierto que en lo que sigue me permitiré usar las siglas IPC tanto para referirme al índice IPC como para hablar de su variación, como también suele hacerse coloquialmente.

El Gobierno ha recogido las "sugerencias" del informe, con ligeros maquillajes para minimizar las consecuencias electorales de su ataque al sistema de pensiones y para ocultar que sus propuestas contradicen el artículo 50 de la Constitución: "Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio".

La aplicación del sistema propuesto representaría una modificación cualitativa del sistema de pensiones y del consenso social sobre el lugar de las personas mayores en nuestra sociedad. Asistiríamos a una catastrófica regresión social y a una involución ética en una sociedad que abandonaría a sus mayores.

¿Qué proponen?

¿Cuáles son los rasgos esenciales del plan del Gobierno?

a) No hacen propuestas para aumentar los ingresos del sistema. De hecho, el PP y los economistas "neoliberales" simpatizan con la idea de bajar las cotizaciones sociales para aumentar los beneficios empresariales. La idea que recorre este "plan" es que el equilibrio entre ingresos y gastos sólo se puede lograr disminuyendo las pensiones sistemáticamente.

b) Proponen derogar la garantía de mantenimiento de poder adquisitivo de las pensiones inscrita en el artículo 48-Uno de la Ley de Seguridad Social¹: a la hora de determinar la actualización anual de las pensiones el IPC no sería tomado en cuenta. El IPC dejaría de tener cualquier tipo de influencia positiva sobre la actualización de las pensiones y, para más afrenta, pasaría a tener una función negativa en tanto que determinante de un tope máximo para el aumento de las pensiones.

c) Como alternativa a la actualización de las pensiones según el IPC proponen un "Factor de revalorización anual" (FRA) que actuaría como factor de desvalorización permanente de las pensiones. Técnicamente se expresa a través de una complicada fórmula basada exclusivamente en datos y previsiones sobre ingresos y gastos del sistema, aunque dando al gobierno cierta flexibilidad para modular la velocidad a la que los gastos se ajustarían a los ingresos. La "sostenibilidad" del sistema se basaría en reducir las pensiones lo suficiente.

d) Recogiendo, con alguna variación, una sugerencia hecha a pie de página del informe, el Gobierno del PP propone que el resultado de la aplicación del FRA se matizase poniendo suelo y techo, mínimo y máximo, a la actualización anual del valor nominal de las pensiones. El suelo sería un 0,25% y el techo sería el IPC más 0,25 puntos porcentuales. Si el IPC es un 3% la actualización del valor nominal de las pensiones estaría entre un 0,25% y un 3,25%, escala claramente asimétrica y sesgada hacia el recorte del valor real de las pensiones, que es lo ocurriría en este ejemplo con actualizaciones inferiores al 3%.

e) Proponen una segunda vía de recorte de las pensiones, a la que denominan "Factor de equidad intergeneracional" (FEI), aplicable a todas las pensiones generadas a partir de un año dado (los "expertos" proponían 2015, Báñez parece inclinarse por 2019, esperando que así sus medidas no sean tenidas en cuenta en los próximos procesos electorales). A las pensiones iniciales de las jubilaciones contributivas que se produzcan a partir de 2019 (o el año que se fijase) se aplicaría un coeficiente reductor, cada año mayor. Por ejemplo, según las estimaciones del "comité de expertos", para quienes se jubilen con 65 años en 2023 el recorte sería del 6%, en 2030 del 10%, en 2036 del 13%, en 2050 del 19%. La excusa para este retroceso social es que crecerá la esperanza de vida a partir de la jubilación y que las generaciones que vayan a cobrar, en término medio, pensiones durante más tiempo tienen que cobrar una pensión mensual inferior, como si en vez de tener una pensión lo que tuvieran fuese unos "ahorros" que tienen que durarles hasta que se mueran.

Factor de "revalorización anual" (FRA) = desvalorización

En cuanto al "Factor de revalorización anual" (FRA) están tratando de confundirnos, alegando que con él se evitará toda congelación de las pensiones, afirmando que el IPC se se tiene en cuenta pero junto a otros factores y, finalmente, que a medio y largo plazo era neutral respecto a la evolución del valor real de las pensiones, ya que los periodos malos, con déficit en el sistema, podrían compensarse con los periodos buenos, con superávit de ingresos sobre los gastos, en los que podrían hacerse actualizaciones mayores o acumular en el fondo de reserva para los años de "vacas flacas".

En primer lugar, el IPC no interviene para nada en el cálculo de la FRA-actualización. Los expertos proponen una fórmula para el cálculo real y otra para presentarla a la población. En la primera interviene el crecimiento nominal de los ingresos, pongamos un 5% por ejemplo. En la segunda, si el IPC es 3% usan ese mismo cinco pero escrito como (3+2), para decir ¡mirad como sí está el 3 del IPC! Pero si el IPC es 1%, escribirán el crecimiento de los ingresos como (1+4) y si crece el 7% pondrán (7-2). Es decir, cinco en todos los casos, tanto da como lo escriban. Es un engaño, directamente.

En segundo lugar, es contradictorio que "especialistas" y "políticos" que llevan años propagando un mensaje catastrófista sobre la evolución de los gastos e ingresos del sistema de pensiones y que reconocen en el informe que con el FRA bajará la proporción entre la pensión y el salario salgan diciendo que los periodos de alza se equilibrarán con los de caída. De hecho, en el propio informe se encuentra ese doble discurso, ya que para justificar abordar ahora la revisión de la "sostenibilidad" del sistema e imponer el FRA se aferran a su sistemático pronóstico de una tendencia del sistema hacia el déficit, pero para ocultar las consecuencias del FRA vienen a decir que las oscilaciones a la baja se compensarán con las oscilaciones al alza. Lo cierto es que sin políticos de aumento de ingresos sus fórmulas tenderán a generar una tendencia sistemática a la desvalorización de las pensiones.

En tercer lugar, la única congelación que se evita es en valor nominal, no en valor real, si las pensiones aumentan un 0,25% y el IPC es 8% entonces se pierde cerca de un 7,75% en valor real. Como veremos ahora, el juego suelo/techo propuesto garantiza precisamente una caída brutal del poder adquisitivo. No es una cláusula de protección, sino una de desposesión.

La propuesta de Báñez de limitar la actualización de las pensiones a un rango comprendido entre 0,25% e IPC+0,25% conlleva que las pensiones perderán mucho valor real. Hay que tener en cuenta que con actualizaciones entre 0,25% y el IPC el valor real de las pensiones caería, mientras que sólo se mantendría o aumentaría con actualizaciones en la estrecha franja entre el IPC e IPC+0,25%. Por ejemplo, si el IPC es 3%, las pensiones podrían actualizarse entre un 0,25% y un 3,25%, perdiendo poder adquisitivo siempre que la actualización sea inferior al 3%. La distribución en ese rango entre zona de "bajada de las pensiones" y zona de "aumento de las pensiones" es marcadamente asimétrica.

Pondré algunos ejemplos, considerando en todos ellos un IPC constante del 3%. En un periodo de 10 años eso significa un aumento de precios del 34,4%. Si durante esos diez años las pensiones se actualizasen a un promedio "geométrico"² equivalente al valor intermedio del rango 0,25% - 3,25%, esto es, a un 1,75%, las pensiones sólo subirían nominalmente un 18,9%, con una clara pérdida de poder adquisitivo.

Pero más claro resulta todo esto valorando la enorme dificultad de remontar los años malos. Imaginemos que un gobierno decide, durante una sola legislatura, cuatro años, actualizar el valor nominal de las pensiones en un 2% cada año, con lo que (a IPC = 3%) se pierde un 3,81% de poder adquisitivo en esos cuatro años. ¿Cuánto costaría que las pensiones volvieran a tener el poder adquisitivo inicial suponiendo que a partir de ahí las pensiones se actualizasen siempre al máximo, un 3,25%? Nada más y nada menos que 17 años.

¿Y si durante esos cuatro años iniciales la decisión del gobierno es actualizar las pensiones lo mínimo posible, un 0,25% (se perdería un 10,26% de poder adquisitivo)? En ese caso, se "tardaría" en volver al poder adquisitivo inicial ¡45 años! (en realidad, no llegaría a alcanzarse nunca, ya son poquísimas las personas que cobran pensión durante 49 años). Lo cierto es que, a variación anual del IPC constante 3%, un solo año con actualización 0,25% requiere, para recuperar el poder adquisitivo así perdido, 12 años de actualizaciones anuales al 3,25%. Y ese desequilibrio se hace aún mucho mayor en periodos de mayor inflación, por ejemplo a IPC 5% un año con actualización 0,25% requeriría 20 años con actualizaciones a 5,25% para volver al punto de partida en valor real de las pensiones.

Con el FRA, las pensiones valdrán cada vez menos y las personas mayores vivirán cada vez peor, mucho peor en pocos años. Hay que resaltar también que el FRA condena a la población pensionista a la precariedad y a la imposibilidad de hacer planes para el futuro, ya que no habría ninguna posibilidad de saber qué poder adquisitivo se tendrá pocos años más allá. Estamos ante una estrategia de eliminación de derechos para dejar las decisiones en las arbitrarias y despóticas manos de los gobiernos, cómplices de las élites económicas.

Factor de "equidad" intergeneracional (FEI) = más desigualdad

En cuanto al llamado "Factor de equidad intergeneracional" (FEI) sería un factor desequitativo, ya que provocaría que, a igualdad de condiciones de cotización con las anteriores, las nuevas pensiones sean peores que las antiguas, sin que eso proteja a estas últimas, de cuya degradación se encargaría el factor FRA, como ya hemos visto.

El punto de partida para la aplicación del FEI es el concepto de esperanza de vida a partir de la jubilación, al que llamaré también "previsión de supervivencia". Por ejemplo, según los datos que manejó el comité de "expertos", la previsión de supervivencia de quienes se jubilen en 2014 con 65 años es 20,27 años, esperándose que esas personas vivan, en término medio, hasta los 85,27. Para 2030 esa previsión de supervivencia a partir de los 65 años es de 22,52 años.

Lo que quieren imponer es que, a igualdad de condiciones de cotización, los importes de la pensión inicial en dos años diferentes sean inversamente proporcionales a la "previsión de supervivencia" generacional. Quien se jubile en 2030 cobraría mensualmente sólo 20,27 euros por cada 22,52 que cobrase quien se jubilase en 2014 en las mismas condiciones de edad y cotización.

La idea planteada por el "comité de expertos" y retomada por Báñez es la siguiente. Se tomaría como referencia fija la previsión de supervivencia E (para cada edad de jubilación posible) en un año dado anterior a la aplicación al FEI. El informe proponía el año 2014, así que E = 20,27 si la jubilación es a los 65 años. Para quienes se jubilasen, ya bajo el factor FEI, en un año t dado, se consideraría su previsión de supervivencia a partir de ese momento, e(t), que en 2030 sería, para jubilaciones a los 65 años, 22,52 años. Asignarían para el año 2030 un coeficiente k(t) = E/e(t) = 20,27/22,52 = 0,9001, que representará un 10% de recorte en la pensión.

Pues bien, cuando una persona se jubilase en 2030 con 65 años, se calcularía la pensión que le correspondería según sus cotizaciones y se multiplicaría por k(t), esa sería su pensión inicial. Que la pensión según cotizaciones da 1000 euros, su pensión inicial será 900,10 euros; que el cálculo según cotizaciones ha dado 1200, su pensión se reduciría a 1080,10 euros³.

La reducción de las pensiones iniciales de jubilación por el factor FEI, según el informe, sería, por dar algunos ejemplos, del 6%, en 2030 del 10%, en 2036 del 13%, en 2050 del 19%... (ver anexo).

El presupuesto ideológico del FEI es que a más tiempo de vida en jubilación debe corresponder una pensión mensual menor. La igualdad indicada en la Constitución es la de suficiencia y autonomía económica personal a partir de la jubilación, pero el FEI, por el contrario, rompe con la lógica de reparto y justicia social, iniciando el camino hacia la lógica de la "capitalización", pero no aplicada persona a persona sino generacionalmente y en términos de "pensionista de vida media". Y el objetivo real del FEI es, por un lado, reducir las pensiones, pues los recortes que estamos sufriendo no son "medios" para otras cosas sino que realmente son el objetivo que les mueve, en la medida que lo que nos quitan se lo quedan ellos, las élites; y, por otro lado, pretenden presionar a un sector de la población de recursos medios a que se apunte a planes de pensiones privados, de hecho es muy llamativo que el informe del "comité de expertos", que oculta cuanto puede el significado del FRA, dice con bastante claridad que a las generaciones más jóvenes hay que explicarles el FEI para incitarles a recurrir a planes "complementarios".

El FEI sólo quiere decir que, a igual pensión base resultado de las condiciones de cotización personal, la pensión inicial efectiva sería, a partir de 2019 o de cuando comience a aplicarse este factor, cada vez menor. Llaman equidad a vivir cada vez peor, con una lógica incompatible con criterios de justicia y con una ética de respeto y garantías sociales para las personas mayores, que tienen derecho a su autonomía económica como una de las condiciones necesarias para la autonomía personal, sin que la prolongación de la vida media de la población deba llevar a una vida peor cuando la capacidad de generar riqueza social es cada vez mayor (aunque el capitalismo utiliza o no utiliza esa capacidad en función de las expectativas de beneficios, por eso hay casas sin gente y gente sin casa, gente sin comida y subvenciones para destruir comida).

Además, el uso del concepto de "esperanza de vida a partir de la jubilación" para disminuir las pensiones tiene circunstancias agravantes. Para empezar, es una estimación a largo plazo, lo que da a los gobiernos y a los "técnicos" un gran poder de manipulación, ya que el acierto o error de sus previsiones sólo sería contrastable décadas después, con consecuencias irreversibles.

Por otro lado, la lógica aplicada contiene un agravio clasista: las franjas más ricas de la población viven más que las pobres. La salud tiene sesgo de clase. A más abajo en la escala socioeconómica, peor salud y más baja esperanza de vida. Las personas que han tenido menores ingresos verán disminuida su pensión en función de una previsión de supervivencia que no toma en cuenta las diferencias de clase. Con el sistema FEI, la población más pobre verá disminuir su pensión con el pretexto de que tendrá que cobrarla también en un tramo de edad en el que la mayor parte de esas personas ya no vivirán.

Las actuales previsiones manejadas son que de aquí a 2051 la "esperanza de vida a partir de los 65 años" suba un año cada siete u u ocho años. Sin embargo, los recortes sociales sufridos, o los que puedan llegar si no lo impedimos, pueden provocar un descenso de la esperanza de vida. De hecho, ya podría estar pasando. Según el INE en 2012 la tasa de mortalidad pasó de 8,4 por cada mil habitantes en 2011 a 8,6, y la esperanza de vida a partir de los 65 años pasó de 22,6 años a 22,4 años en el caso de las mujeres y de 18,6 a 18,4 años en el caso de los hombres. El propio recorte de las pensiones propuesto puede provocar que las personas pensionistas mueran, en término medio, antes de lo previsto, especialmente cuando también se está recortando el sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio mandatado por la Constitución, así como el propio sistema sanitario. Hay políticas que matan.

Si la previsión de supervivencia bajase en el futuro respecto a la de 2014, el "efecto FEI" sería un aumento de las pensiones sobre el importe vinculado a las cotizaciones. Por descontado, no queremos ni admitimos cambiar "menos vida" por "más pensión", pero además hay que tener en cuenta que el FEI está hecho para bajar las pensiones y los gobiernos manipularán las previsiones a su antojo para que cumpla ese objetivo o modificarán o suspenderán las leyes si en algún momento tienen efectos contrarios a los deseados por ellos. El FEI da un cheque en blanco a gobiernos y tecnócratas (un tecnócrata es un político no electo que se disfraza de "científico"), lo que nunca debe hacerse, porque los gobiernos, de una manera u otra, en mayor o en menor grado, siempre son élites cómplices de otras élites.

Hay alternativas

Hay medios para garantizar la sostenibilidad económica y la sostenibilidad social del sistema de pensiones. Medios que requieren otra política, claro está. Digámoslo claro: si no se hacen políticas que garanticen un alto nivel de empleo o rentas sustitutivas que incorporen la cotización a la Seguridad Social, si los salarios son cada vez menores tanto en términos de salario individual como en términos de parte de la riqueza social generada, si las cotizaciones sociales no se elevan para las mayores retribuciones, si no aumenta la tasa de actividad de las mujeres, si no se utilizan nuevas vías de ingresos, si no se suprimen las reducciones de las cotizaciones sociales y si se llega a producir la rebaja general de las cotizaciones sociales que pretenden, se hará imposible que las cuentas de la Seguridad Social cuadren. Se hará imposible porque lo harán imposible, no como "catástrofe natural" sino como consecuencia política querida y buscada.

La primera y más importante alternativa es que no se aplique esta nueva reforma. ¿Eso es una alternativa? Sí, claro que lo es, no cambiar una cosa es alternativo a cambiarla. A la vez, dado que este proyecto de recorte de las pensiones está inscrito en una ofensiva general contra todos los derechos sociales, hay que situar este frente y esta defensa de las pensiones en el marco de una contraofensiva política y social contra el actual gobierno.

Aclarado esto, para forjar este frente común no está de más, ni mucho menos, aportar argumentos para demostrar que el recorte de las pensiones no es una "necesidad objetiva", un hecho ineludible, sino que deriva de un determinado sistema y de unos intereses sociales contrarios a los de la gran mayoría. Comentaré, por tanto, algunas medidas, inmediatas o de largo alcance, que podrían y deberían tomarse para reforzar el sistema de pensiones.

El sentido de estas ideas es contrapuesto a las propuestas del PP. Pero no hay que engañarse en una cosa: estas medidas no se pueden lograr mediante consensos entre fuerzas políticas y sindicales en el Pacto de Toledo, sólo puede avanzarse en este camino a través de una fuerte respuesta social a los ataques que estamos sufriendo y a un cambio en las relaciones de fuerza que debilite considerablemente el poder de las élites.

a) Supresión, o al menos elevación significativa, de la base máxima de cotización. En este momento la base máxima de cotización es 3.425,70 euros mensuales. Para retribuciones mayores no se paga cotización social por el exceso. Eso quiere decir que si el tipo total por contingencias comunes es un 28,30%, la correspondiente cotización real por quienes ganan más de 3.425,70 euros mensuales es mucho más baja (un 9,7% con 10.000 euros mensuales, un 4,8% con 20.000 euros, un 3,2% con 30.000 euros). De hecho, además de eliminar a aumentar mucho ese tope, los tipos deberían aumentarse de forma escalonada en las retribuciones mayores, pues hay una enorme diferencia entre quienes tienen unas retribuciones brutas de 3.425,70 euros (que pueden terminar siendo unos 2.300 euros netos), y no digamos ya entre quienes ganan 800 euros al mes, y quienes las tienen de 20.000 o 30.000 euros mensuales. Por descontado, hay que oponerse a la disminución de los tipos de cotización que reivindica la CEOE.

b) Mejora de las bases mínimas de cotización ligada a un aumento del valor real del salario mínimo⁴. Igualmente, es necesario introducir un ingreso social mínimo garantizado a toda persona que no pueda alcanzarlo, que debe incluir las cotizaciones sociales a cargo de la fiscalidad general.

c) Supresión o conversión en bonificaciones de las reducciones de las cotizaciones sociales empresariales, pues son asumidas por el presupuesto de la propia Seguridad Social, contribuyendo a su descapitalización. En cuanto a las bonificaciones, a cargo de las cotizaciones por desempleo o de los presupuestos generales, deberían, al menos, revisarse radicalmente, pues no deja de ser un dinero público que se regala a los empresarios, en muchos casos para incentivar contrataciones extremadamente precarias ( no más empleo, sino peor empleo).

d) Reconocimiento de deuda del Estado con el Fondo de Reserva de las pensiones, por importe actualizado equivalente a la parte de los complementos a mínimos pagados con cotizaciones sociales pese a tener reconocido su carácter no contributivo y que, por tanto, deberían haberse pagado a cargo de la fiscalizad general. Estamos hablando de decenas de miles de millones de euros, no menos de 60.000. No puede proclamarse la insostenibilidad de un sistema que nunca ha sido deficitario, salvo el último año en medio de una gran crisis, cuando en el periodo de "prosperidad" se le ha sangrado tanto dinero, al menos, como el que se acumuló en el Fondo de Reserva. Por descontado, no se trata de suprimir dichos complementos, ni de limitarlos como han hecho los gobernantes en las dos últimas legislaturas, se trata simplemente de que tienen carácter no contributivo y deben pagarse con la fiscalidad general.

e) Pago de las prestaciones por muerte o supervivencia a cargo de la fiscalidad general.

f) Uso de las cotizaciones sociales para pago de pensiones contributivas, no para gastos de gestión. Los gastos de personal deben pagarse con cargo a la fiscalidad general. Lo mismo debe hacerse con las denominadas "políticas activas de empleo" o de fomento del empleo, una parte de las cuales son cubiertas aún por la Seguridad Social.

g) Mecanismos de financiación complementaria de la Seguridad Social, de forma que todos los ingresos, sea cual sea su procedencia, contribuyan al mantenimiento de las personas mayores en nuestra sociedad, lo que requiere una urgente reforma fiscal. En particular, creo que un buen mecanismo para ello sería el establecimiento de una renta básica de jubilación incondicionada (RBJ), a cargo de la fiscalidad general, que absorbería lo que ahora son las pensiones no contributivas, pero con alcance universal. Por ejemplo, si se aplicase ahora mismo, cuando la pensión no contributiva es 365 euros (no entro a discutir aquí su insuficiencia, que es otro asunto, por descontado hay que subirlas), se establecería una RBJ de 365 euros mensuales como derecho de toda persona que se jubile. Si una persona tiene además derecho a pensión contributiva, por ejemplo de 865 euros mensuales, sólo 500 euros irían a cargo de las cotizaciones sociales, pues 365 euros corresponderían a la RBJ. Claro está que todo esto traslada parte del problema de cómo financiar las pensiones a cómo financiar los presupuestos generales, pero eso es justo, porque el sostén de las personas mayores no tiene porque cargar sólo sobre las rentas salariales, más cuando hemos llegado a una situación escandalosa de fraude (ilegal o legal) fiscal, en la que los grandes patrimonios y las grandes empresas no pagan o pagan muy poco. Que eso implica enfrentarse a las élites, claro que sí, no se pueden hacer tortillas de justicia sin romper huevos de privilegios y abusos.

h) Puesta en marcha de una prioritaria estrategia de igualdad para que, entre otros de los objetivos que la exigen, aumente la tasa de actividad de las mujeres. Pese a los cambios habidos en las últimas décadas, la diferencia entre las tasas de actividad de hombres y mujeres son aún muy grandes: en el último trimestre de 2012, 69% de las mujeres entre 16 y 64 años y 81% de los hombres en ese mismo rango de edad. Eso, además de una tremenda fuente de desigualdad de género entre ambos sexos, en una sangría social intolerable y, además, un problema serio para la sostenibilidad del sistema de pensiones. Sin duda, no es un problema fácil de resolver, porque las desigualdades laborales echan raíces, a la vez que retroalimentan, en la originaria desigualdad familiar y social en lo que se refiere a la responsabilidad en las tareas de cuidados, pero precisamente por eso es más urgente la puesta en marcha de un plan contundente en esa vía. Sin igualdad, es muy difícil sostener cualquier forma de solidaridad social, incluida la solidaridad con las personas mayores.

h) Puesta en marcha de planes de empleo que no sólo creen puestos de trabajo precarios (hay que descartar la lógica de crear empleos para "abrir y cerrar hoyos") sino empleo sostenible socialmente útil. Habría un muy amplio campo para ello en ámbitos como los servicios de cuidados (lo que está muy relacionado con lo dicho en el punto anterior), la rehabilitación y acondicionamiento rural o urbano y la protección del medio ambiente. Sin embargo, hay que ser conscientes de los límites que una estructura esencialmente capitalista plantea, ya que está movida por la lógica de la ganancia, no por la de satisfacer verdaderas necesidades humanas, lo que no quita que, bajo ella, puedan lograrse avances en este sentido, si se lucha por ello, aunque, como ya he dicho, serán provisionales y en permanente riesgo.

¿Está a nuestro alcance un avance significativo en este tipo de políticas que, entre otros resultados, fortalecerían la sostenibilidad del sistema de pensiones? Posiblemente, no a corto plazo. Posiblemente aún la gente común no hemos alcanzado el grado de alianza, solidaridad y organización que nos permita imponer una orientación global de ese tipo. Pero mientras defendemos con todas nuestras fuerzas aquello que conseguimos con esfuerzo y ahora nos quieren quitar, saber y poder explicar que las cosas se pueden hacer de otra manera, que los recortes no son una "catástrofe natural" sino una guerra social declarada por las élites, nos hará más fuertes, permitirá sumar más fuerza y, en definitiva, contribuirá a hacer posible aquello que ahora quizá no lo sea por la sencilla razón de que todavía dominan los intereses de una minoría y de que aún esa minoría es más poderosa.

Hay que oponerse

Esta ofensiva contra las pensiones no ha empezado ahora, pues continúa, con mucha mayor agresividad, los recortes impuestos por la Ley 27/2011 que recortaban el gasto en pensiones retrasando el acceso a ellas y disminuyendo su importe para las personas que se jubilen sin tener largas carreras de cotización. Quien quiera conocer mi opinión sobre aquella contrareforma, lamentablemente respaldada por CCOO y UGT, puede consultarla en http://www.trasversales.net/t25lhpen.pdf

Mi opinión, sin duda alguna, es que CCOO y UGT (a una de esas centrales estoy afiliado) deberían reconocer que cometieron un gravísimo error y desvincularse de ambos paquetes de reforma. Pero aún si deciden no hacerlo respecto al primero, el propio pacto que entonces hicieron debiera obligarles a dar una respuesta muy firme al plan en marcha, pues una de las razones que dieron era que ese acuerdo garantizaba la sostenibilidad del sistema de pensiones, cuyos parámetros básicos no serían revisados hasta 2032. Ahora, nos encontramos con que, pese a que la ley 27/2011, en sus aspectos fundamentales, acaba de empezar a aplicarse, el 1 de enero de 2013, en este mismo año el Gobierno decide iniciar, con 19 años de adelanto, la revisión de la sostenibilidad del sistema.

En esas condiciones, considero inadmisible participar en la parodia de "negociación" abierta por el ministerio de Trabajo, cuyos planes son una agresión frontal contra la gran mayoría de la población y una burla al movimiento sindical. Estoy convencido de que CCOO y UGT deben romper ese falso diálogo, unirse a otras organizaciones sindicales y movimientos sociales, y promover, ya, una movilización sostenida contra este segundo y peor pensionazo, movilización cuyo primer paso, si queremos ir más allá de lo testimonial, no sería una huelga general apresurada sino que todas y todos nos volquemos a explicar en los centros de trabajo y en las calles el significado real del plan Báñez, a escuchar a la vez lo que tienen que decir las y los pensionistas, las y los trabajadores, las y los jóvenes. Y si CCOO y UGT no lo hacen, habrá que hacer eso mismo, con menos fuerza, pero habrá que hacerlo, y en ello debemos implicarnos personalmente las personas afiliadas a las dos mayores, aunque no únicas, centrales sindicales. Es nuestro deber tratar de convencer a nuestras organizaciones y también sumarnos a la lucha contra el pensionazo, con o sin ellas.

Cierto es, menos mal, que tanto CCOO y UGT se han desvinculado y diferenciado del informe del comité de "expertos" y del anteproyecto aprobado por el consejo de Ministros. Pero, sin caer en aventuras, es preciso dejar de lado todo tipo de "ilusiones" en el diálogo con este Gobierno sobre pensiones y asumir que, más allá de cualquier maquillaje de última hora, estamos ante un ataque feroz que hace de este gobierno, legal pero no legítimo, un enemigo de la población. Si en 2011 CCOO y UGT, sus organismos dirigentes, argumentaban la bondad del pacto por garantizar los criterios establecidos hasta 2032, no es de recibo que acepten negociar su revisión en 2013. Todos sabemos que los compromisos de los gobiernos valen poco, pero es suicida dar la idea de que los compromisos de las organizaciones sindicales tampoco valen gran cosa.

Deseo que pueda constituirse una gran alianza social contra el desmantelamiento del sistema de pensiones.

ANEXO

Estimación del efecto FEI sobre la pensión inicial según el año de jubilación, a partir de la estimación de la esperanza de vida al cumplir 65 años según INE (2012). Báñez plantea no empezar en 2015 sino en 2019.

Año de jubilación	Esperanza de vida adicional al cumplir 65 años	Coeficiente a aplicar (*)	% Variación de la pensión inicial
2014	20,27	1,0000	0,00
2015	20,42	0,9928	-0,72
2016	20,56	0,9857	-1,43
2017	20,71	0,9788	-2,12
2018	20,85	0,9720	-2,80
2019	21,00	0,9653	-3,47
2020	21,14	0,9588	-4,12
2021	21,28	0,9524	-4,76
2022	21,42	0,9461	-5,39
2023	21,56	0,9399	-6,01
2024	21,70	0,9339	-6,61
2025	21,84	0,9280	-7,20
2026	21,98	0,9222	-7,78
2027	22,12	0,9165	-8,35
2028	22,25	0,9109	-8,91
2029	22,38	0,9055	-9,45
2030	22,52	0,9001	-9,99
2031	22,65	0,8948	-10,52
2032	22,78	0,8897	-11,03
2033	22,91	0,8846	-11,54
2034	23,04	0,8797	-12,03
2035	23,17	0,8748	-12,52
2036	23,30	0,8700	-13,00
2037	23,42	0,8653	-13,47
2038	23,55	0,8607	-13,93
2039	23,67	0,8562	-14,38
2040	23,80	0,8518	-14,82
2041	23,92	0,8474	-15,26
2042	24,04	0,8432	-15,68
2043	24,16	0,8390	-16,10
2044	24,28	0,8349	-16,51
2045	24,39	0,8309	-16,91
2046	24,51	0,8269	-17,31
2047	24,63	0,8230	-17,70
2048	24,74	0,8192	-18,08
2049	24,85	0,8155	-18,45
2050	24,97	0,8118	-18,82
2051	25,08	0,8082	-19,18

NOTAS