Trasversales
María Pazos

La economía sumergida: un enemigo demasiado común

Revista Trasversales número 30 octubre 2013-enero 2014

Otros textos de la autora

María Pazos Morán es autora del libro Desiguales por Ley. Las políticas públicas contra la igualdad de género



Durante los días 3, 4 y 5 de Octubre hemos celebrado el IV Congreso de Economía Feminista en Carmona (Sevilla), acogido en esta ocasión por la Universidad Pablo de Olavide. Ha sido destacable la mezcla entre académicas y activistas, entre jóvenes y mayores, entre distintas procedencias geográficas y de todo tipo.

Lo primero que se evidenció en el Congreso fue el gran interés que se ha despertado en el feminismo actual por la economía. Ya no se trata solamente de denunciar la situación desigual de hombres y mujeres en todos los ámbitos materiales, que eso sí se venía haciendo durante las últimas décadas, sino de Desiguales por leyresponder a la pregunta crucial: ¿Qué podemos hacer ante esta situación? Este es el punto de inflexión, lo que Celia Amorós llama el paso del ‘memorial de agravios’ a la construcción de las reivindicaciones feministas.

Algunas mujeres, ante las escandalosas y persistentes injusticias, se ven atraídas hacia una reacción comprensible: “no queremos esta economía”. Es lógica esta reacción, y lo primero que procede es comprenderla. El muro es tan grande que parece imposible de derribar. No es nueva esta postura en el feminismo: en la llamada ‘segunda ola de feminismo’, alrededor de las décadas de 1970 – 1980, estuvo en primer plano el debate sobre la participación de las mujeres en política. Muchas feministas sostenían que las mujeres no debíamos incorporarnos a los sistemas políticos e institucionales existentes porque son machistas. Así, se oponían a reivindicaciones como la paridad en las listas electorales y consideraban perjudicial la participación de mujeres en partidos y sindicatos.

El problema es que las posturas de “no queremos esta economía”, o “no queremos esta política”, por muy comprensibles que sean, y debemos subrayar una vez más que lo son, no resultan inocuas para el avance de las mujeres. A casi nadie se le ocurre ya negar la conveniencia para las mujeres de los gobiernos paritarios o de las listas electorales cremallera (es decir, mujeres y hombres en posición alternada, como ya tienen en la CA de Andalucía). Comprendemos que la participación de las mujeres en política (esta política, la que hay) es en primer lugar una exigencia de normalización democrática y que con eso bastaría para defenderla.

Ahora toca abordar en toda su amplitud el debate sobre la participación o no de las mujeres en “esta economía”. En primer plano se sitúa la incorporación de las mujeres al empleo. Para quien no comprenda esto, aclaremos que las posturas se dividen entre quienes pensamos que un objetivo feminista es el de derribar los obstáculos para la incorporación plena de las mujeres al empleo formal (declarado, con derechos, no sumergido) a tiempo completo durante toda su vida hasta la edad de la jubilación, y quienes protestan cada vez que se avanza semejante objetivo.

Quienes defendemos a capa y espada el pleno empleo femenino (a tiempo completo y declarado) explicamos que éste no es el único objetivo; con solo ponernos a ver cómo se conseguiría llegamos inmediatamente al reparto de los cuidados, a los servicios públicos, etc. Decimos también que a nosotras tampoco nos gusta el mercado de trabajo actual y que tenemos que seguir luchando por transformarlo, junto con nuestros/as compañeros/as sindicalistas y progresistas. Pero reiteramos el objetivo de que las mujeres sean económicamente independientes, incorporadas en pie de igualdad a todas las profesiones, a todos los niveles de decisión económica y empresarial. Somos las llamadas “feministas de la igualdad”.

Mi experiencia me permite afirmar que resulta difícil comprender desde fuera este debate. ¿Cómo es posible que estemos discutiendo sobre si las mujeres se incorporan o no al mercado de trabajo, cuando en la mayoría de los países del mundo ya la tasa de actividad de mujeres jóvenes está muy cercana a la de los hombres jóvenes? Esa pregunta ya ha sido contestada masivamente por las propias mujeres: están masivamente incorporadas y han dejado claro que la vocación de ama de casa es prácticamente inexistente.

Lo que queda por dilucidar, pues, es si luchamos por que las mujeres se incorporen a lo que los sindicatos llaman ‘empleo decente’ o, por el contrario, a la precariedad (incluído el empleo a tiempo parcial), al desempleo y/o al empleo sumergido. Por el momento, en todas estas categorías estamos sobrerepresentadas. Por otro lado, lo que consta como ‘inactividad’ en las estadísticas de mercado de trabajo es, además de economía sumergida “pura”, el cuidado de criaturas y de dependientes, que sigue obligando a muchas mujeres a abandonar sus puestos de trabajo; en realidad la frontera entre la economía sumergida y el trabajo en el hogar es muy difícil de trazar.

Esta es la primera gran piedra con la que nos topamos: la economía sumergida. No es nueva, pero ahora aparece con una nueva apariencia. Aparece con especial virulencia en un momento histórico en el que la ideología neoliberal ha prendido en la clase política y en la profesión económica. La correlación de fuerzas vuelve a ser favorable a los intereses que siempre se han opuesto a la construcción de sistemas de bienestar social, que es la razón de ser por excelencia de su primera condición sine qua non: que todas las actividades económicas estén declaradas y tributen. En este momento histórico, en el que la juventud está descreída de unos sistemas de los que no ve que se vaya a beneficiar (¡y a los que está contribuyendo!, otro canto de sirena neoliberal dirigido a la juventud), conviene recordar esta cuestión elemental: la economía sumergida es nuestro peor y común enemigo, de la clase obrera y de la ciudadanía, hombres y mujeres, jóvenes y mayores.

En primer lugar, recordemos que el trabajo sumergido es un trabajo sin derechos, sin salario digno, sin protección de las personas consumidoras y usuarias. Es un trabajo que no genera prestaciones ni pensiones.

Es una actividad que no genera cotizaciones ni impuestos. Las personas que trabajan en la economía sumergida son víctimas de todo tipo de abusos por parte de las empresas o del autoempleo precario. La economía sumergida es, por definición, el mayor enemigo del trabajo digno.

Por otro lado, las personas que estamos en los movimientos sociales actuales, salvo excepciones, coincidimos en defender lo público: la sanidad pública, la educación pública, las pensiones públicas, los servicios públicos de educación infantil y de atención a la dependencia, las prestaciones por desempleo y demás elementos de la Seguridad Social. Pues bien, ¿cómo va a haber sistemas de protección social sin cotizaciones ni impuestos? La economía sumergida es el mayor enemigo del bienestar social (del buen vivir, si queremos llamarlo así).

Se entiende que entre la juventud cunda la desesperanza de encontrar un trabajo fijo y declarado, de aspirar a una pensión en el día lejano de su jubilación. Se entienden también las opciones personales de subsistencia. Pero es muy peligrosa la postura que, haciendo de la necesidad virtud, da por supuesta y certificada la muerte de estos sistemas. Conviene contar a las personas jóvenes cómo es vivir sin sistemas de pensiones o sin sistemas sanitarios públicos (como hace Ken Loach en ‘El Espíritu del 45’). Los sistemas actuales son imperfectos y es necesario mejorarlos. Están en peligro, eso es indudable. Pero no hay alternativa de bienestar social que pueda evadir la construcción de estos sistemas. Cualquier alternativa a los sistemas de bienestar social, tal como los conocemos, es puro malestar social, puro malvivir.

Dentro de la clase obrera y de la ciudadanía damnificada por la lacra de la economía sumergida, las mujeres estamos en primera línea. Dejando aparte la otra cara de la moneda, es decir el hecho de que somos las mujeres quienes cubrimos en el ámbito familiar el déficit de servicios públicos, centrémonos ahora en el empleo.

En los llamados ‘países occidentales’ subsisten muchos incentivos económicos a la permanencia de las mujeres en el hogar y/o en la economía sumergida: en los sistemas de pensiones (como la pensión de viudedad), en las políticas de mercado de trabajo (como los incentivos al empleo a tiempo parcial), en los sistemas de prestaciones (como la mayor parte de las llamadas ‘medidas de conciliación’ o el cómputo familiar de subsidios por desempleo), en los sistemas impositivos (como la declaración conjunta en el IRPF) y en muchos otros ámbitos legislativos (como el sistema matrimonial de gananciales).

Pues bien, cuando aún no habíamos conseguido apartar todos los elementos que nos empujan al empleo informal o a la permanencia en el hogar, surgen otros, y bien peligrosos. Curiosamente, estos vientos vienen, entre otros lugares, también de algunos países latinoamericanos que no han conseguido implantar sistemas de bienestar social, pero afirman estar en la “era post-neoliberal” a la vez que “haber superado el socialismo clásico” para llegar a “la economía del buen vivir” o de la “sostenibilidad de la vida”.

Atractivas palabras, hay que reconocer, estas de ‘sostenibilidad de la vida’ y de la ‘economía del buen vivir’; a todas nos atraen. ¿Pero en qué se concretan, y aún más importante, en qué no se concretan? A veces parece que algunas feministas, que protestan cuando otras hablamos de igualdad en el empleo, reivindican como alternativa esta orientación de “la economía del buen vivir”. Un exponente de ese enfoque lo ofreció una intervención que se quejó de que el FMI quiere incorporarnos a las mujeres al empleo, “en la lógica de una matriz productivista”, contra la que ella preconizaba “una lógica de reproducción ampliada de la vida y no de reproducción ampliada del capital”.

¿Es cierto que el FMI trabaja para la incorporación de las mujeres al empleo no

sumergido? Si nos centramos en las actuaciones y en las “nuevas” propuestas sociales por parte de los organismos internacionales (más allá de afirmaciones generales sobre igualdad de género), veremos que no, ni muchísimo menos, sino todo lo contrario. Estamos en una época en la que casi nada es lo que parece.

¿Qué empleo y qué sistema social se nos propone? El Banco Mundial y el FMI consideran que los sistemas de impuestos y prestaciones, tal y como les conocemos, están superados; les llaman ‘ortodoxos’ en contraposición con la orientación que defienden, la autodenominada ‘Nueva Política Social’.

¿Qué es la ‘Nueva Política Social’? En términos generales no parece contener un sistema de aplicación generalizada a la población que sustituya a los sistemas ‘ortodoxos’, y menos aún un sistema de derechos sociales, sino más bien un conjunto disperso de instrumentos. Entre estos destacan las llamadas políticas focalizadas de intervención social, y dentro de esta orientación tienen un papel central las llamadas Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC).

Con distintos nombres (como Programa Oportunidades en Méjico, Bolsa de Familia en Brasil, Chile Solidario, Bono de Desarrollo Humano en Ecuador, Mi familia Progresa en Guatemala), los programas de TMC consisten en darle unos cuantos dólares (entre 10 y 20 al mes) a las madres (no a los padres) a cambio de que tengan “comportamientos deseables”, como llevar a las criaturas a la escuela o al dispensario médico.

Las mujeres son aquí beneficiarias instrumentales, pues se les considera más responsables y con más probabilidad de esos ‘comportamientos beneficiosos’ para sus criaturas (dicho sea de paso: se olvidan considerar el pequeño detalle de que las TMC no les proporcionan ingresos para darles de comer).

Estos programas no sólo incrementan, sino que también institucionalizan las cargas de trabajo que tradicionalmente ya vienen realizando las madres en la inmensa mayoría de las familias. Esta institucionalización tiene dos consecuencias muy negativas para las mujeres implicadas. De una parte, su carga de trabajo efectivo se amplía (es decir, la división sexual del trabajo se refuerza materialmente): en muchos casos hay que realizar tareas domésticas o de cuidados que antes no se llevaban a cabo, o hacerlo en los plazos y fórmulas que están establecidos en los programas. Pero además, la división sexual del trabajo también se refuerza de un modo simbólico: el rol materno asociado a las mujeres queda validado por las políticas públicas, que premian con una ayuda económica a la ‘buena madre’, sin prever la inclusión de ningún tipo de mecanismo que estimule la corresponsabilidad de los hombres en las tareas encomendadas por el programa de TMC.

Así, estos programas no sólo incentivan con dinero la dedicación de las madres latinoamericanas a “sus labores”, sino que también envían mensajes muy claros sobre cómo ha de organizarse el trabajo productivo y reproductivo en las familias.

En segundo lugar, y en estrecha relación con lo argumentado en el párrafo anterior, las TMC tienen un impacto negativo sobre las mujeres beneficiarias de los programas porque desincentivan su participación en el mercado laboral formal. Por una parte, y según razonábamos, esto sucede porque los programas de TMC incrementan la carga de trabajo no remunerado de las madres. Pero además, hay que pensar que un incremento de los ingresos “legales” familiares puede hacer que la familia en cuestión deje de cumplir los requisitos para recibir la ayuda. Este hecho, que podría limitar la participación en el mercado laboral formal de cualquiera de los miembros adultos de la familia, tiene más probabilidad de afectar a la participación laboral de las mujeres casadas, cuya oferta de trabajo es mucho más elástica que la masculina(1).

Estos programas de TMC se complementan con otro instrumento de la Nueva Política Social: los programas de ‘microfinanzas’, también específicamente femeninos. Se trata de convencer a las mujeres de que depositen sus ahorros en las entidades bancarias, que les conceden microcréditos con los que emprender micronegocios, aunque lo único que no es micro son los intereses, que llegan a rozar el 30% (2). Las mujeres siguen sin derechos y consolidadas como las responsables del cuidado, a la vez que regentan micronegocios ‘femeninos’ y compatibles con ser ‘jefas de hogar’, todo sumergido.

Está ampliamente reconocido que esta vía que se les ofrece a las mujeres contiene claros desincentivos al trabajo declarado, y por tanto a la adquisición de derechos laborales y de pensión. Pero este reconocimiento no conduce a las instituciones internacionales ni a los gobiernos a cuestionarse esta vía. En lugar de ello, la tendencia es la de establecer medidas supuestamente compensatorias para las mujeres, al estilo de los reconocimientos de periodos cotizados por hijo que también están en boga en Europa, pero con importes aún más escasos, si cabe, por ejemplo Bono por Hijo en Chile o Asignación Universal por Hijo en Argentina (3). Todo ello en conexión con el fomento de planes de pensiones privadas.

Estas políticas no serían tan peligrosas si no se presentaran como alternativas a la construcción de sistemas de protección ‘ortodoxos’ (es decir, públicos, generalizados y en base a derechos) y si no se estuvieran extendiendo a toda velocidad (por ejemplo, en Ecuador, el programa de TMC ‘Bono de Desarrollo Humano’ abarca al 37% de la población total).

Así, el Banco Mundial y el FMI, como los demás organismos internacionales y la mayoría de los gobiernos, declaran que es buena la incorporación plena de las mujeres al empleo, pero con sus políticas hacen lo contrario: impiden esa incorporación con nuevos e imaginativos instrumentos, eso sí, disfrazados de “empoderamiento femenino”.

También se oponen a los impuestos sobre la renta personal, sobre todo si son progresivos. Por último, inventan toda clase de mecanismos para que las empresas puedan evadirse de pagar impuestos, sobre todo las multinacionales.

Es comprensible, pues el coste de estas políticas “focalizadas” es mínimo en comparación con lo que deberían desembolsar las empresas y los ricos si tuvieran que pagar impuestos para sostener un Estado de bienestar como el que hemos conquistado con tanto esfuerzo en algunos países, aunque nos quedara mucho para que fuera completo. Un negocio para los bancos encargados de conceder microcréditos y de gestionar los fondos de pensiones privados.

Un negocio también para las multinacionales, que mediante los tratados de libre comercio se saltan incluso la precaria regulación impositiva, no dejándose en el país ni siguiera un dólar. Todos ellos negocios solamente a corto plazo, pues esta economía no es sostenible; pero sabemos que el capitalismo funciona a corto plazo, tan a corto plazo como se lo permiten los poderes públicos.

Esta economía no nos gusta, eso está claro. No nos gusta ni a las personas feministas, ni a las progresistas, altermundistas, indignadas, etc. Tenemos que transformarla entre todas las personas, incluso cambiarla por otra. Pero ello no nos puede conducir a posturas que en la práctica coinciden con el más radical de los neoliberalismos.

Estos fenómenos no están lejos ni pueden sernos ajenos. Al igual que el problema de la deuda era latinoamericano (¿quién iba a pensar que España estaría ahora como Argentina hace una década?), las políticas neoliberales avanzan por estos nuevos derroteros que hoy aún consideramos exóticos.

Por otro lado, las nuevas y viejas políticas que potencian los empleos sumergidos femeninos y el mantenimiento de los cuidados en el ámbito doméstico, son lacras para el conjunto de la población. Hoy en día cualquier política social tiene que contar con el hecho de que las mujeres somos la mitad de la oferta laboral potencial y de la ciudadanía. Debemos desterrar para siempre la idea de un movimiento obrero que ignore al 50% de su parte integrante (las mujeres) aceptando otra vía para ellas (nosotras). La excepcionalidad femenina estan enemiga del feminismo como del progreso social.


Notas

1. Pazos Morán, María y Maribel Rodríguez (eds.) (2010): Fiscalidad y equidad de Género. Fundación Carolina.

http://www.fundacioncarolina.es/es-ES/publicaciones/documentostrabajo/Documents/DT43.pdf

2. http://blogs.elpais.com/eco-americano/2013/10/latinoam%C3%A9rica-impone-topes-a-los-tiposde- inter%C3%A9s-de-microcr%C3%A9ditos.html.

3. En la Constitución de Ecuador se explicita el objetivo de acceso de la mujer trabajadora en el sector informal a la Seguridad Social, aunque por el momento sigue sin concretarse esa ‘contradicción in terminis’.

http://www.ecuanex.net.ec/constitucion/titulo03b.html







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