La sanción de unos agentes de tráfico a Esperanza Aguirre, por detener su coche en el carril del autobús de la Gran Vía madrileña, podía haber quedado en un suceso anodino, pero la actitud de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, al darse a la fuga derribando una moto de los agentes, y la persecución de estos hasta la casa de la infractora, le han dado más relevancia.

Aguirre ha cometido una infracción por un descuido, pero, en vez de asumir sus consecuencias, como cualquier hijo de vecino, ha convertido la sanción en un agravio personal, del que espera obtener ganancia política mostrándose como víctima de “la mentira, la prepotencia y el machismo” de los agentes, según el rotundo colofón de su versión de los hechos.

Por arrogancia, Aguirre ha convertido una decisión poco acertada -un mal día lo tiene cualquiera- en un error, que seguramente tendrá costes políticos por lo que revela.

En primer lugar, revela la distancia entre las palabras y los hechos. Aguirre ha sido una firme defensora de fortalecer la autoridad en las instituciones, y basta recordar sus opiniones sobre el papel que deben ejercer los profesores en los centros de enseñanza y la función jerárquica que atribuye a la tarima en las aulas. Pero cuando le alcanza a aplicación concreta del principio de autoridad, se escabulle y arremete contra quienes legítimamente lo representan.

Aguirre no ha tenido un comportamiento ejemplar, como hubiera sido esperable en un miembro destacado de la nobleza -es condesa y Grande de España- y de la clase política; pertenece a la élite madrileña y española por los cargos públicos que ha ocupado desde 1983 -concejal del Ayuntamiento de Madrid, diputada autonómica, senadora, ministra de Educación y Cultura, Presidenta del Senado, Presidenta de la Comunidad de Madrid y actualmente Presidenta del Partido Popular-, sino que ha actuado como es costumbre en ese partido, donde no se asumen responsabilidades ni se dan explicaciones.

Siguiendo el libro de (mal) estilo del Partido Popular, Aguirre traslada a otros su responsabilidad en el suceso, pues son los agentes quienes han mentido y actuado con machismo y prepotencia, sólo por el hecho de haber cumplido con su deber, con su responsabilidad, y aplicarle una norma que es común a todos los ciudadanos.

Con ello se confirma que detrás de su neoliberalismo autoritario lo que hay es la ancestral soberbia de la aristocracia española -nobleza no obliga- respecto a las clases subalternas. ¿Cómo pueden unos asalariados sancionar la conducta de quien ha sido su superior? -habrá pensado Aguirre-, ¿Cómo se han atrevido unos plebeyos a juzgar la conducta de una Grande de España?

Pues, sencillamente, señora, porque esto no es el franquismo (aunque cada día se le parece más), cuando las personas de su casta y condición salían de cualquier brete advirtiendo en tono amenazante a su interlocutor, con esta frase: No sabe usted con quién está hablando. Y la cuestión quedaba zanjada.