Trasversales
Entrevista con Mar Noguerol

Marea blanca


Revista Trasversales número 31 febrero 2014

Mar Noguerol es médico de familia en Fuenlabrada

Otros textos de la autora


La marea Blanca está de enhorabuena tras la renuncia del gobierno de González a la privatización de los 6 hospitales y los centros de salud. ¿Cuáles son tus impresiones?

Mis impresiones son las de una gran victoria, una victoria sin paliativos. Quince meses después del anuncio de su Plan de sostenibilidad han tenido que renunciar al que era su elemento clave: la privatización de los hospitales. Hemos ganado la "madre de las batallas". Si examinamos todas las medidas contenidas en dicho plan, globalmente la Con­sejería de Asquetty ha sufrido un fuerte vapuleo, con la consecuencia incluida de su dimisión. Han conseguido implementar algunas medidas, y por supuesto sabemos que su política sigue siendo la misma y no renuncian a su objetivo, hay demasiados intereses económicos en juego. Su modelo es la liberalización absoluta de la Sanidad, incluso a costa de disolver el sistema público como acaba de ocurrir en Grecia con la Atención Primaria. Sin embargo, la derrota que han sufrido en la Comunidad de Madrid nos coloca en una mejor situación para frenarles, y además ha generado una oleada de euforia en todo el Estado, que ha confirmado la capacidad de cambiar las cosas con la lucha y de echar atrás los planes antipopulares de estos gobiernos “pperos”.

En estos momentos, numerosas plataformas que unen a profesionales de la sanidad con pacientes están llevando una campaña denunciando las "derivaciones sanitarias". ¿Podrías explicar qué es eso?

El 20 de enero, justo una semana antes de anunciarse la derrota de la Consejería en la privatización hospitalaria, iniciamos con una rueda de prensa y con un video de lanzamiento (http://bit.ly/N0RSxr) una campaña para denunciar el otro pilar de la política sanitaria de este Gobierno, la privatización encubierta a través de las derivaciones de procedimientos diagnósticos o terapéuticos a la sanidad privada. Las derivaciones, a la par que engrosan las arcas de los lobbies sanitarios, se asientan en la congelación o recortes tremendos de presupuesto que están sufriendo los hospitales públicos. Así se establece un doble juego perverso: no hay dinero para realizar estos procedimientos en la sanidad pública pero sí lo hay para pagarlos en las clínicas privadas. La excusa: las listas de espera. La realidad: los hospitales públicos vacíos por las tardes, infrautilizados, quirófanos y tecnología parada la mitad de la jornada, plantas cerradas, plantillas insuficientes… y pagando a hospitales y clínicas privadas esos servicios al precio que establecen sin ningún tipo de control.

Los conciertos con clínicas privadas se iniciaron con el Contrato marco CMDT “Madroño” de realización de procedimientos diagnósticos y/o terapéuticos firmado en 2005 con vigencia inicial de dos años y prorrogado en varias ocasiones, y en 2007 con el Contrato Marco CMQ “Ocaña”, justificado por Esperanza Aguirre para aligerar las listas de espera quirúrgicas (LEQ), suscrito para 2 años y prorrogado sin ningún tipo de evaluación desde la Consejería. La opacidad y el oscurantismo han regido desde el principio el sistema de derivaciones, ni tan siquiera se informa adecuadamente en las memorias anuales del Servicio Madrileño de Salud (Sermas). La Conse­jería de Sanidad se ha negado en repetidas ocasiones a facilitar datos sobre las operaciones derivadas a las clínicas mediante el con­trato Ocaña en estos últimos años. Tam­­­bién se niega a admitir que las derivaciones van aumentando progresivamente, siendo en algunas zonas sistemática la derivación de ecografías, TAC o Resonancias Magnéticas, endoscopias, mamografías e incluso las llamadas pruebas del sueño (polisomnografías). Pero también se conciertan servicios como el de Hemodiálisis, y en el caso de los Hospitales ya privatizados desde su construcción, como el de Valdemoro (perteneciente a IDC-Capio), incluso subcontrataciones para anestesiología y terapéutica del dolor, servicios de hematología, ginecología, anestesia, incluso cirugías generales; todo ello sin disponer de la autorización expresa del Sermas ni de las notificaciones de que tales subcontrataciones se iban a realizar, incumpliendo las cláusulas incluidas en el contrato de gestión.

El hospital de Torrejón (propiedad de Sanitas) ha subcontratado varios servicios sanitarios, entre ellos los servicios de nefrología, cirugía maxilofacial, neuroradiología, estudios genéticos, pruebas de medicina nuclear… también sin la autorización expresa del Sermas. Estos hechos los ha recogido el “Informe de Fiscalización de los Convenios y Con­ciertos de los Hospitales de la red pú­bli­ca del Sermas con entidades privadas para pres­tación de los servicios sanitarios”, ejercicio 2011, publicado en la primera semana de enero de 2014. En él se han estudiado los seis grandes hospitales públicos madrileños (La Paz, Doce de Octubre, Ramón y Cajal, Clínico San Carlos, La Princesa, Gregorio Marañón) y tres gestionados por empresas con ánimo de lucro no integrados en la red orgánica del Sermas (Hospital de Torrejón, Hospital de Valdemoro, UTE Fundación Jiménez Díaz).

Este informe ha revelado también conciertos sin contrato o contratos inadecuados en todos los Hospitales públicos fiscalizados, en prestaciones como Hemodiálisis o En­doscopias, y la aplicación de tarifas más altas que las permitidas. Concluye también el Informe que “es una práctica general de la mayoría de los hospitales objeto de fiscalización, en lo que se refiere a los contratos reguladores de los servicios de resonancias magnéticas y otros diagnósticos por imagen, exceder los servicios prestados contratados y los correspondientes importes de gastos autorizados, o realizarlos, una vez alcanzados dichos límites, sin la cobertura contractual necesaria”.

En el año 2012, se atendieron en centros privados unas mil derivaciones más que el año anterior, según los datos recogidos en el capítulo “Actividad asistencial en Centros Concertados de gestión centralizada”, de la Memoria de Actividades del Sermas 2012. Se derivaron a clínicas privadas 17.000 mamografías más que en 2011 (un 12% más) y unas 4.000 intervenciones quirúrgicas a los hospitales de gestión íntegramente privada. Pero lo más grave es cómo se ha disparado el coste global de estas derivaciones, con una desviación presupuestaria del 55%. Inicialmente presupuestaron que pagarían en conciertos 627.676.782 euros, pero al final de 2012 acabaron pagando 972.836.258 euros. Es decir, al final abonaron a los centros concertados 345 millones más de lo previsto.

Entonces, ¿es otra forma de privatizar, o de "externalizar" como dicen ellos?

Es la forma de nutrir y sostener la sanidad privada, de enriquecer a las clínicas y hospitales de los grandes grupos sanitarios que cada vez aumentan más en número y beneficios, a costa de una clientela asegurada como es la que le proporciona el pago de los servicios por parte de la Consejería; pago que sale de los impuestos que pagamos todos. Estos servicios además se pa­gan a precios diferentes según el establecimiento donde se realicen. Un reciente informe publicado en Diario Médico, define a la sanidad privada como “un sector al alza, aún con mucho terreno por ganar y con importantes vías de crecimiento”. En el Catálogo Nacional de Hospitales del Ministerio de Sanidad de 2012 se revela que el número de centros privados supera ya al de los públicos, la asistencia sanitaria privada en España se presta en un total de 450 hospitales, frente a 339 de titularidad pública, aunque éstos tengan el doble de camas. Este monstruo ha ido engordando a costa de las derivaciones y la permanente inyección de dinero público que sistemáticamente realizan los gobiernos autonómicos hacia la sanidad privada.

Desde el gobierno regional se alegan dos cosas. Unas veces dicen que lo hacen para “aligerar” las listas de espera, porque el sistema público, utilizado a plena capacidad, no daría a basto para atender las necesidades. Otras, que lo hacen porque sale más barato. ¿Es verdad algo de esto?

Bueno, más barato es difícil saberlo porque si ya cuesta averiguar las cuentas de lo que nos cuestan estas derivaciones, cuanto me­nos las vamos a encontrar estimadas en com­paración con lo que saldrían haciéndolas en los hospitales públicos, que tienen la maquinaria ya comprada y parada por las tar­des, pudiéndose poner en marcha tan so­lo con la contratación de más personal. Pe­ro no parece razonable que sea más barato pagar por todo en otro sitio que “en casa”. Las listas de espera las disparan ellos: los quirófanos en los Hospitales públicos están infrautilizados, no se abren quirófanos por las tardes para no contratar a personal. Tampoco se realizan pruebas diagnósticas en la mayoría de los Hospitales en horario de tarde ni fines de semana (endoscopias, mamografías, RM, etc.). Utilizar nuestros recursos al 100% seguro que daba un buen empujón a las listas de espera, pero también un buen parón al chollo de la privada. En numerosos casos, además, hemos detectado como la información que se proporciona desde los call center (servicios privatizados para gestionar las citas) sobre la lista de espera es falsa y tras reclamar se aligera inmediatamente. Incluso ha habido casos en que pacientes aceptaban la derivación a la privada y antes de realizarse la prue­ba o inmediatamente después se en­contraban con otra cita desde su Hospital público de referencia. Algo muy importante a conocer es que con la puesta en marcha del Área única las personas usuarias pueden optar por cualquier centro público y deberían recibir información de los tiempos de espera en todos ellos, antes que de la clínica privada de tur­no a la que hay que inyectar dinero.

¿Qué consecuencias tiene esta política para el personal sanitario y para las y los pacientes?

Para el personal sanitario, el desmantelamiento paralelo de los centros públicos: cierres de camas y servicios, y disminución alarmante de las plantillas con ceses de contratos eventuales,

disminuciones de jornada o jubilaciones forzosas y otras vacantes que no se cubren. Desde junio de 2012 se estima en unos 3.000 los puestos de trabajo perdidos en la sanidad pública madrileña, un auténtico ERE encubierto. Para pacientes o personas usuarias (lo somos todas), la pérdida de la calidad de nuestro sistema público, asistir a su desmantelamiento, la falta de control en la gestión y sobre todo en la calidad asistencial, algo ya alertado por la Cámara de Cuentas desde 2010. Además puede implicar la necesidad de volver a repetir las pruebas si éstas no guardan los requerimientos de calidad que los profesionales que se las solicitaron necesitan. Cuando nos derivan hacia el sector privado, ¿podemos negarnos y exigir que nos atiendan en centros públicos? Por supuesto, y en eso consiste la campaña actual, en rechazar la derivación, acogerse al derecho a la libre elección y exigir ser atendido en cualquier hospital público en base a la estructura del Área única. Para ello pedimos a las personas usuarias que rellenen un modelo de reclamación y lo transcriban al impreso oficial, o que remitan su reclamación al correo de la Con­sejería, haciéndonos llegar la copia a un mail de referencia. Si por la necesidad de realizar la prueba no pueden arriesgarse a sufrir más retrasos, se puede cumplimentar una segunda opción de reclamación, aceptando la prueba pero exigiendo la información más completa posible de la causa por la que se ha ofrecido la derivación.

Una de las peculiaridades de la marea blanca ha sido la convergencia de personas y entidades que hasta hace poco tenían puntos de vista diferentes en muchas cosas. Posiblemente, sigan teniendo opiniones diferentes todavía, pero da la impresión de que se ha logrado una alianza muy amplia ¿Crees que eso podría ser, en cierta medida, extrapolable al conjunto de la sociedad que está siendo dañada por las políticas aplicadas?

Esta peculiaridad ha sido esencial para el triunfo y ha demostrado que se puede conseguir unir a amplios sectores en torno a objetivos claros en los que cada colectivo aporta su grano de arena y a la vez su matiz y su enfoque, resultando finalmente muy enriquecido el conjunto. La diversidad puede contribuir a construir una cultura de respeto y tolerancia entre organizaciones que permita tanto el trabajo independiente de cada una como la contundencia que da el salir a golpear juntas. La reciente paralización de la privatización ha dado fuerzas a toda la sociedad para seguir luchando contra el expolio social de la casta político-económica que nos gobierna. En la lucha por la defensa de la sanidad pública abre una nueva etapa en la que lo que está planteado, en mi opinión, es avanzar en el conjunto del Estado para recuperar la sanidad universal y frenar la dinámica de recortes de las prestaciones y de desmantelamiento y entrega del sistema a las multinacionales del sector. Para esto necesitamos afianzar y ampliar a todas las comunidades autónomas el gran frente social que hemos construido en la comunidad de Madrid, enfrentado de una for­ma consecuente y decidida al gobierno del PP. Sabemos que sigue siendo mucho más lo que nos une que lo que nos separa y que sigue habiendo muchos motivos para seguir luchando. ¡SÍ SE PUEDE !