Tras años de deterioro institucional, parece que algo se mueve en las alturas del Estado y que la España oficial y la oficiosa acusan las sacudidas de la inquieta España real. Y no es casual que los recientes resultados electorales hayan provocado tales movimientos, ya que, por un lado, han revelado la falta de apoyo que han recibido los dos grandes partidos, PP y PSOE, por parte de los electores, y por otro, el aumento del voto nacionalista catalán, donde ERC sobrepasa a CiU, y el de partidos y coaliciones menores (Izquierda Plural, UPyD, Ciutadans, Coalición por Europa, Podemos, Compromis, Equo, Cha), que en gran medida representan la indignación ciudadana expresada en las calles.

Pero de cara a la estabilidad política, puesto que suponen uno de los pilares del régimen vigente, el mayor varapalo ha sido para el PP y el PSOE, juntos y por separado, pues los votantes han castigado tanto el bipartidismo, con la pérdida conjunta de 5 millones de votos desde las elecciones europeas de 2009, como a cada uno de ellos por sus propios deméritos. El porcentaje de la suma de votos del PSOE (23%) y del PP (26%) ha sido el 49% de los emitidos, cuando en las anteriores estuvo en torno al 80%, y el partido ganador, el PP, con 16 escaños (pierde 8 y saca dos de ventaja al PSOE), ha perdido 6,5 millones de votantes desde las elecciones generales de noviembre de 2011. Con una participación del 46%, el PP tiene el 26% de los votos emitidos, pero sólo el 11% de los posibles votos del censo, de modo que ese es hoy el apoyo explícito del partido que gobierna. Pírrica victoria, que, según sus dirigentes, se debe a la manera de “exponer Europa”, un fallo de comunicación fácil de corregir. Así, que por ese lado sigue el inmovilismo.

No ocurre así en el PSOE, en el que la dimisión de Rubalcaba de la Secretaría General ha sido la respuesta a una derrota antológica, con lo cual ha quedado planteado el futuro del partido y abierta una controvertida sustitución.

La sorpresa con que ambos partidos han recibido el castigo se debe en buena parte a su encastillamiento en las instituciones y a su lejanía respecto a la calle, a lo que piensa y siente la gente corriente (y sufriente). Han olvidado la difícil coyuntura en que vivimos -a la que sus cúpulas son ajenas- y han realizado una campaña electoral rutinaria en un tiempo que no lo es; al contrario, es un momento extraordinario, excepcional. Junto con la gran abstención, gran parte de los votos emitidos expresan el rechazo a la austeridad selectiva, a los recortes, al paro inducido, al descenso de salarios, al saneamiento de la banca, a la corrupción, a las medidas de la “troika” (FMI, Comisión Europea, BCE) y a la creciente desigualdad que se está instalando en la sociedad europea y en particular en los países del sur.

Algo de eso han percibido en la Casa Real para plantear con cierta premura la sustitución del Rey por su hijo en la Jefatura del Estado, en una operación que estaba pergeñada, parece ser, desde el mes de enero.

Además de la quebrantada salud del monarca, el declinante apoyo público a la Corona aconsejaba un relevo, pero la sustitución de este rey no es la simple sucesión que prescribe el carácter hereditario de la institución, ya que se trata de reemplazar a la persona sobre la que se hizo pivotar la Transición y el establecimiento del régimen democrático, lo cual le otorgó una legitimidad que, en buena parte, no puede transmitir a su sucesor. De ahí que el reemplazo de la figura del Jefe del Estado sea una operación política de gran importancia, que requiere el máximo apoyo posible y en particular el respaldo de las cámaras. Con la actual configuración del Congreso y del Senado, este apoyo hoy es posible, pero de mantenerse los resultados de las elecciones europeas en las próximas elecciones generales, podría darse el caso de unas Cortes con una representación política muy fragmentada, donde los dos grandes partidos dinásticos -el PP y el PSOE- (y este último con una crisis pendiente de resolver) hubieran visto aumentada su debilidad y con la presencia de partidos escépticos o claramente contrarios a la monarquía. Eso sin contar con la deriva del “problema catalán” y con que previamente, se habrían celebrado elecciones locales y autonómicas con resultados inciertos.

Sin embargo, a pesar de estar justificados, los cambios en la superestructura del Estado no deben ser suficientes para los ciudadanos, que deben estar atentos para impedir en las élites la tentación gatopardiana, la tentación de los recambios, de colocar en los lugares más visibles del Estado los repuestos previstos, con nuevos nombres y nuevas caras para que todo siga igual.

Después siete años de crisis y con un deterioro enorme de las instituciones, hay muchas cosas que construir, reconstruir y recuperar, pero para levantar el país de su postración -no sólo los negocios de una minoría- no sirve sólo la recuperación económica que nos vende el Gobierno, basada en el aumento de beneficios de las grandes firmas, sino sobre todo recuperar condiciones dignas de vida y trabajo para la inmensa mayoría de la población y en particular para quienes han sido más golpeados por la crisis y por las medidas de austeridad aplicadas teóricamente para combatirla, lo cual pasa por introducir profundas reformas en el modelo económico y repartir de forma más equitativa la riqueza. También es urgente recuperar el verdadero sentido de nociones esenciales, adulteradas o perdidas por años de demagogia y manoseo, como soberanía, democracia y libertad, y también participación, compromiso, responsabilidad, honestidad o servicio público, que deberían alumbrar profundos cambios en el terreno institucional para devolver poder a los ciudadanos.