¿Qué está ocurriendo en Catalunya? Desde determinados medios de comunicación se tiende a despachar el tema catalán con un análisis simplista y tópico de la situación: parecería que en Catalunya se haya producido un caso de locura colectiva, basado en la insolidaridad y dirigido en exclusiva por el presidente de la Generalitat, Artur Mas.

Las cosas son más complicadas. ¿Qué puede haber ocurrido para que una sociedad que el año 1978 votó a favor de la Constitución más que ninguna otra comunidad, y que el año 2006 votó en referéndum un Estatuto de Autonomía que pretendía mejorar el autogobierno dentro de los cauces constitucionales, hoy, según indican todas las encuestas, considere que ese marco constitucional ya no nos sirve?

Pongo como ejemplo a mi partido: Iniciativa per Catalunya Verds. El año 1978 el PSUC, partido del que nació el año 1987 ICV, defendió como el que más la nueva Constitución. Uno de los ponentes constitucionales fue Jordi Solé Tura, militante del PSUC. Mientras algunos que ahora presumen de defender el texto constitucional, como José Maria Aznar, escribían artículos pidiendo el NO en el referéndum, los eurocomunistas catalanes nos esforzamos en pedir el SÍ de la población. Siempre interpretamos que el marco constitucional era flexible y que podía admitir tanto lecturas transformadoras de izquierdas como un evolución federal del Estado español.

Y a finales del año 2003, con la llegada de las izquierdas (PSC, ERC e Iniciativa) al Gobierno de la Generalitat, comenzó el proceso de elaboración de un nuevo Estatuto con el objetivo de dotar a Catalunya del máximo nivel de autogobierno que la Constitución podía admitir y de un texto moderno y avanzado en el que el Título de Derechos y Deberes consagrara, a pesar de la oposición de la derecha (CiU y PP), una lectura progresista de las políticas que debe impulsar la Generalitat.

Es preciso recordar que ha sido la izquierda, y no la derecha, quien ha dirigido los procesos de mayor autogobierno de Catalunya: es el caso del Estatuto republicano de 1932, impulsado básicamente por ERC, pero también del Estatuto de 1979, elaborado bajo la hegemonía de PSC y PSUC, y del de 2006, elaborado bajo el gobierno de PSC, ERC e Iniciativa. Convergència i Unió vivió con indisimulada incomodidad, tanto en 1979 como en 2006, el papel hegemónico de la izquierda en esos momentos.

Pero el recurso del PP y la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010 desdibujaron y desactivaron las principales novedades del texto votado en referéndum y aprobado con el 74% de votos favorables por el pueblo de Catalunya. El PP se alegró y el PSOE dijo que no ocurría nada importante. Terrible equivocación. La manifestación del mes de julio de 2010 bajo el lema “Somos una nación. Nosotros decidimos” abrió una etapa de creciente movilización popular, impulsada por la sociedad civil, pasando por encima muchas veces de las previsiones de los partidos políticos.

Esta etapa culmina en el acuerdo de CiU, ERC, ICV-EUiA y CUP convocando un referéndum para el 9 de noviembre a través del cual la ciudadanía pueda definir el futuro político de Catalunya. Hoy la centralidad del catalanismo transversal ya no está en la reclamación de un nuevo Estatuto sino en la exigencia de poder decidir si se opta por un estado independiente.

Los que desde España hoy se lamentan o critican esta evolución deberían repasar su actuación en relación al Estatuto de 2006. La sentencia de 2010 provocó aquello que Jordi Solé Tura había advertido que podía ocurrir si se atribuía al Tribunal Consti­tucional la capacidad de anular decisiones adoptadas en referéndum: el choque de legitimidades. Y, lógicamente, en ese choque la mayoría de la población catalana se ha situado al lado de la legitimidad democrática expresada en las urnas hace ocho años y que quiere volver a expresarse en un referéndum el 9 de noviembre de este año. Un referéndum que cabría dentro de una lectura flexible de la Constitución y que Escocia, en el marco de la misma Unión Europea de la que formamos parte, podrá celebrar con normalidad el próximo 18 de septiembre. El pasado mes de abril, en el Congreso de los Diputados, PP y PSOE cerraban la puerta a la convocatoria de ese referéndum que Catalunya reclama.

El proceso soberanista ha provocado un tsunami en el mapa de partidos políticos catalán. El PSC ha sido incapaz de entender que las cosas han cambiado y ha continuado ofreciendo presuntas soluciones que quizás eran válidas hace diez años pero que hoy ya no sirven. Y por eso está roto y en plena crisis.

Desde ICV consideramos que el proceso que vivimos es plenamente democrático y que además contiene capacidades transformadoras que superan de largo las intenciones de CiU. En Catalunya es posible abrir un proceso constituyente que sirva para dotar a nuestro país de un Estado soberano y al mismo tiempo reconsiderar aspectos de la política y la economía que parecían intocables durante estos años. Entendemos que la izquierda transformadora ha de formar parte de este proceso y luchar por una hegemonía de la izquierda que permita construir un país mucho más justo, capaz de hacer frente a las ofensivas de la derecha y a las consecuencias de la política de austeridad, con instrumentos de gobierno renovados al servicio de la mayoría de la población.

Entre los sectores que apoyan el proceso hay enormes diferencias ideológicas. Noso­tros estamos en las antípodas de las políticas de Mas, que ha aplicado disciplinadamente las directrices de la Troika. Y también discrepamos del apoyo que ERC presta al Gobierno de CiU. En el Parlament de Catalunya ICV-EUiA es la oposición más contundente. Pero coincidimos en que el pueblo catalán tiene derecho a decidir su futuro; el mismo derecho que el pueblo escocés. Y sería positivo que las izquierdas españolas comprendieran las posibilidades de cambio, rupturistas, que el proceso catalán puede tener para una España que también necesita su propio proceso constituyente.