Trasversales
Luis M. Sáenz

Reforma fiscal: otro saqueo en ciernes



Revista Trasversales número 32 junio - septiembre 2013 (web)

Textos del autor en Trasversales



Este texto fue escrito entre la publicación del informe de los "expertos de Montoro" sobre reforma fiscal y la aprobación en consejo de ministros de anteproyectos relativos a la Ley del IPRF, la ley del impuesto de sociedades, etc. Por tanto, no describe las decisiones presentadas en el consejo de ministros de 20 de junio de 12014 sino un proyecto estratégico que se aplicaría a través de diversas fases y no de forma necasariamente idéntica a como figuraba en el informe de los "expertos de Montoro". En todo caso, las medidas ya anunciadas sobre IRPF e impuesto de sociedades, así como las propuestas contenidas en el informe enviado por el Ministerio de Hacienda al Consejo de Política Fiscal y Financiera, confirman que el proyecto del PP es lanzar nuevas y masivas transferencias de riqueza social desde la gente común hacia las élites privilegiadas y desde lo público y común hacia las oligarquías privadas.


El 5 de julio de 2013 el Gobierno nombró una "Comisión de expertos para la reforma del sistema tributario español", formada por ocho hombres y cero mujeres. El 26 de febrero firmaron su informe, 460 páginas. Parte de las indicaciones de este documento reaparecen, con redacción más oscura, en el documento "Actualización del Programa de Estabilidad 2014-2017", del Ministerio de Economía. Es posible que no se produzca una aplicación inmediata ni mimética de todas las propuestas del informe, dada la cercanía de procesos electorales, ante los que el PP va a intentar dar la idea de que "reduce impuestos", y dada la resistencia social. Pero para interferir en los planes de las élites es conveniente conocer cuál es la hoja de ruta que desean aplicar.


Propósitos del informe de la Comisión de expertos

Los informantes toman como dogma indiscutible que no pueden aumentarse los ingresos y que la "consolidación fiscal" debe apuntar sólo a reducir el gasto. El informe, sin embargo, habla sobre todo de los ingresos, para redistribuir fuentes tributarias y carga social. En cuanto a la redistribución de ingresos según modalidades tributarias, proponen disminuir el impuesto de sociedades, la cuota patronal de las cotizaciones sociales y, de forma muy sesgada socialmente, el Impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF). Proponen suprimir el Impuesto sobre Patrimonio. Proponen aumentar el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y la cuota obrera de las cotizaciones sociales.

En cuanto a la redistribución social, las propuestas protegen a la población con altos ingresos, a los negocios inmobiliarios, a las grandes empresas, a los defraudadores fiscales, a los poseedores de grandes patrimonios y a los grandes rentistas de operaciones financieras. Perjudicarían a la inmensa mayoría de la población, disminuyendo los salarios reales, aumentando los precios de productos de consumo habitual, descapitalizando el sistema de pensiones, aumentando considerablemente la carga impositiva sobre viviendas utilizadas como domicilio habitual por las personas propietarias de ellas, degradando los recursos de los servicios públicos, etc.

Una reforma fiscal semejante sería una vuelta de tuerca más en el proceso de empobrecimiento y precarización de la población en beneficio de un puñado de privilegiados.


Impuesto sobre el valor añadido (IVA)


El IVA es un impuesto indirecto que carga sobre consumidores finales. Dado que, a menores ingresos, mayor parte de ellos se gasta en consumir y menos o nada en ahorrar o "invertir", todo aumento del IVA perjudica más a quienes menos tienen, salvo que se tratase de un IVA sobre productos del lujo (hubo uno del 33% entre 1986 y 1991), pero no es ése el caso, ya que el aumento propuesto afectaría a operaciones gravadas con el tipo reducido.

- Proponen aplicar el tipo general 21% a las operaciones a las que se está aplicando el IVA 10%, excluyendo ventas inmobiliarias, transporte de viajeros y equipajes y determinados servicios de hosteleria y restauración. Afectaría a productos y servicios como la mayor parte de los alimentos (en torno al 60% de la "cesta de la compra"), medicamentos para uso animal, gafas graduadas y lentillas, instrumental sanitario, compresas, limpieza de espacios públicos, entrada a bibliotecas y museos, reparaciones en viviendas y otros, cuyo precio total se incrementaría un 10% (lo que cuesta 110 euros pasaría a costar 121 euros).

- Proponen gravar con IVA las operaciones del servicio público postal y las de venta de sellos a precio no superior a su valor facial... cuando lo "permita la normativa europea", ya que ésta lo prohibe. Esta medida impondría un sobrecoste para la población y busca mejorar la posición "competitiva" del sector privado frente a un sector público que asume la responsabilidad de dar un servicio universal.

- Plantean un horizonte posterior en el que se suprimirían los tipos reducido (10%) y super reducido (4%), aunque matizan que si se elimina el super reducido habría que buscar alguna compensación a la población con menores ingresos, sin precisar más. No nos han dado motivo para creer que tal compensación se hiciera, en todo caso el IVA super reducido se aplica a productos de primera necesidad y uso general, por lo que su supresión afectaría al poder adquisitivo de casi toda la población de ingresos bajos o medios.

- Como excepción dentro de este plan de aumento del IVA, proponen la exención de IVA para los rendimientos obtenidos por el alquiler de bienes inmuebles. Actualmente está exento el alquiler para domicilio de la persona arrendataria, pero no los alquileres para cualquier otro uso, por ejemplo el alquiler de oficinas, locales comerciales, etc. El Gobierno lleva tiempo sacando leyes que faciliten que el alquiler se convierta en un negocio llevado a cabo a gran escala por grandes grupos capitalistas, bajo fórmulas como las Sociedades anónimas de inversión en el mercado inmobiliario o SOCIMI. Así se entiende esta "excepción" al planteamiento alcista del IVA.

Desde hace algunas semanas Montoro insiste en que no aumentarán el IVA. Nada excluye que, como otras veces, esté mintiendo, pero tampoco se puede excluir que la presión social y los resultados de las elecciones del 25 de mayo les frene a la hora de hacerlo, en espera de las elecciones generales de 2015.


Impuesto de sociedades (IS)


El Impuesto sobre Sociedades es un tributo directo sobre la renta de las sociedades y entidades jurídicas. Podríamos decir que es un impuesto sobre los beneficios, mediado por numerosas deducciones, bonificaciones y situaciones especiales que hacen que el tipo real sea bastante menor al tipo nominal, sobre todo para las grandes empresas. Actualmente, el tipo general a aplicar a la base imponible es un 30%, aunque hay un régimen para sociedades de dimensión reducida (cifra anual de negocios menor que 10 millones de euros), que, según sus características, pagan un 25% o un 20% sobre los primeros 300.000 euros de base imponible y un 30% o un 25% sobre el resto, en función de criterios relacionados con cifra de negocio, plantilla, creación de empleo, etc. Hay otras situaciones especiales, como cooperativas, SOCIMI (0%, están exentas del impuesto de sociedades), SICAV (1%, refugio de las grandes fortunas), fondos de pensiones (0%)...

La Comisión "de expertos" propone numerosas modificaciones en la regulación del IS. El objetivo global de las propuestas es disminuir el impuesto a pagar por las sociedades, aunque con una repercusión mucho menor en las empresas de reducida dimensión, cuyos propietarios podrían no ser beneficiados o serlo muy poco por las reformas propuestas.

- La Comisión propuso una fuerte disminución del tipo general. En una primera fase, pasaría del actual 30% (antes fue del 35%) a un 25%, y en una segunda fase pasaría del 25% al 20%. Rajoy ha propuesto ya un plan, que se iniciaría en 2015, para pasar del 30% al 25% en dos subfases, lo que no afectaría a las pequeñas empresas por lo que se comenta en el párrafo siguiente.

- El régimen especial para empresas de reducida dimensión iría desapareciendo, unificándose los tipos en la medida que la disminución del tipo general se ponga al mismo nivel que los tipos especiales para las pequeñas empresas. Por ejemplo, la ya anunciada reducción del tipo general de un 30% al 25% no cambiaría en nada la situación de una empresa con 8 millones de euros como cifra de negocios anual y base imponible 280.000 euros, que ya está gravada al 25%.

- Proponen asimismo una nueva regulación de la deducibilidad fiscal de los gastos financieros netos, entendiendo por tal la diferencia entre los gastos financieros ligados al endeudamiento de la sociedad y los ingresos finacieros derivados de la cesión a terceros de capitales propios.

- También proponen suprimir deducciones por I+d+i, inversión de beneficios, inversiones medioambientales, creación de empleo y otras. No obstante, Rajoy ha anunciado su intención de eximir de la tributación a los beneficios que se destinen a reservas indisponibles (obligatorias y sólo aplicables a determinadas finalidades).

Según la propia valoración de la Comisión, el resultado de esa combinación de reducción de tipos y supresión de algunas deducciones -pero al parecer con implantación de otras- sería un menor ingreso fiscal por el impuesto de sociedades y por tanto un aumento de los beneficios empresariales, aunque los efectos sobre las pequeñas empresas serían mucho menores o incluso nulos o negativos, al menos en una primera fase en la que podrían perder deducciones sin que se modifique el tipo a pagar.

Podría pensarse que a la población en general esto no le afecta; por ejemplo, que si las y los trabajadores cobran sus sueldos que más les da que la empresa se quede con una parte determinada de los beneficios o que la pague como impuestos, pero eso no es así, porque los impuestos financian cosas inútiles o contraproducentes (por ejemplo, ejércitos o casas reales o centenares de asesores) de las que podemos prescindir pero también servicios sociales que revierten sobre la población, por lo que la reducción de los ingresos fiscales resulta perjudicial para la gran mayoría de la población.


Impuesto sobre Patrimonio e IBI


La Comisión propone la supresión completa del Impuesto sobre patrimonio y un blindaje legal para impedir que sea establecido por las comunidades autónomas.

El Impuesto sobre patrimonio no es un impuesto sobre las "clases medias", como pretenden quienes defienden su supresión. En su actual formulación estatal, aplicada (o no aplicada) con algunos matices en ciertas comunidades autónomas, sólo afecta a una pequeña parte de la población, pues, además de otros elementos patrimoniales, hay un mínimo exento de 700.000 euros y hasta otros 300.000 euros exentos en la valoración de la vivienda propia usada como domicilio habitual, por lo que suele tratarse de patrimonios superiores a un millón de euros, lo que no tiene nada que ver con el mítico "español medio". Es­ta­ríamos hablado de las 150.000 personas, o algo menos, de mayor patrimonio de España, que desde luego no son un estrato "medio".

Por el contrario, lo que sí afectaría muy negativamente, no a las "clases medias" sino a una gran parte de la población, es el proyecto de aumento muy significativo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), dado que en España hay un porcentaje de vivienda en propiedad inusualmente alto respecto a la media europea, a causa del alto precio que alcanzaron los alquileres y la desprotección legal de las personas inquilinas.

La "Comisión de expertos" propone una redefinición (al alza) del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Para ello, se crearía un sistema de asignación de "valor de referencia" a cada inmueble, que se aproxime al valor de mercado y que se actualizaría anualmente de acuerdo a la evolución del mercado. El valor catastral se definiría, también anualmente, como un porcentaje dado (por encima del 50%) del valor de referencia. Y el IBI se fijaría como un 1% (o algo menos) del valor castastral. Tomando como parámetros provisionales los citados (algo más) 50% y (algo menos) 1%, por un piso modesto con "valor de mercado" en torno a 120.000 euros se pagarían unos 600 euros al año de IBI.

Por otra parte, la Comisión propone que, hasta que se haga la redefinición del IBI, se incluya en el cálculo del IRPF la imputación de unos supuestos "rendimientos" -meramente nocionales, sin existencia material en tanto que ingresos de la persona contribuyente- derivados de tener como residencia habitual una vivienda propia, actualmente exentos. Sólo se mantendría dicha exención si la base imponible "familiar" no superase 20.000 euros y el valor catastral de la vivienda no superase 90.000 euros.

Mientras que a los propietarios de viviendas de gran lujo, con varias residencia y con altos patrimonios se les liberaría del impuesto de patrimonio, a familias para las que su casa es un lugar en el que vivir y que no se plantean venderla ni alquilarla se les aplicaría un IBI -provisionalmente un recargo en el IRPF- sometido a los vaiveves del mercado, con fuertes subidas en periodos de burbujas inmobiliarias.

Cotizaciones sociales

La Comisión, entrando en un ámbito que hasta ahora se había abordado en los planes de reforma del sistema de pensiones y no en los de reforma fiscal, propone una importante modificación de las cotizaciones sociales. En realidad, éstas no son un impuesto, sino un salario social diferido, "mutualizado", algo que las y los trabajadores renuncian a cobrar individualmente en aras de una protección social colectiva, hecha ley. Los miembros de la Comisión, al igual que la CEOE y el Gobierno, prefieren presentarlas como un impuesto sobre la patronal.

De forma inmediata, como primera fase, proponen disminuir la cuota patronal a la Seguridad Social y aumentar la cuota obrera, de manera que ambos movimientos se compensen. En la medida que la base de cotización no se vería afectada, no tendría efectos sobre las pensiones, pero implicaría una devaluación salarial, una disminución del salario neto, una transferencia de salario a beneficio empresarial.

Por otra parte, proponen una segunda fase en la que habría mayores reducciones de la cuota patronal, "compensadas" por nuevos aumentos del IVA adicionales a los ya propuestos en el informe. En este caso, también se produciría una transferencia de los ingresos sociales hacia los beneficios patronales, pero no vía el recorte del salario neto nominal sino a través de la subida de los precios y la caída del valor real de los salarios. Además, al disminuir la cotizaciones sociales se descapitalizaría el sistema de pensiones, lo que conllevaría una mayor pérdida de poder adquisitivo de éstas, dado que a partir del 1/1/2014 su actualización anual no depende del IPC sino de la relación entre ingresos propios del sistema y gastos.

La "Actualización del Programa de Esta­bilidad 2014-2017" introduce este proyecto con un texto oscurantista, "reducir la diferencia entre lo que un trabajador percibe y lo que paga el empresario".

Finalmente, entrando en un ámbito ajeno al de la reforma fiscal, la Comisión sugiere una tercera contrarreforma del sistema de pensiones, que se sumaría a las ya hechas por gobiernos presididos por Zapatero y Rajoy, para hacerle "más contributivo", es decir, más insolidario y con menores pensiones, pues en la jerga de la derecha económica la "contributividad" quiere decir reducir la proporción entre la pensión cobrada y las cotizaciones realizadas.

Fraude fiscal: legalizar la impunidad

La economía sumergida en España equivale a un 25% del PIB, el fraude fiscal es elevadísimo y más del 70% de él procede de grandes empresas y grandes fortunas, aunque, lamentablemente, ningún gobierno ha dedicado a la persecución de ese foco de corrupción y delincuencia los medios necesarios. Una de las primeras medidas del gobierno presidido por Rajoy fue desmantalar los equipos de investigación de altísima calidad que habían llegado a formarse en la Oficina Nacional de Investigación contra el Fraude. Ahora hemos sabido que en 2013 la recaudación por lucha contra el fraude ha disminuido (9%) respecto al año anterior, lo que no ocurría desde 1991.

Esos hechos no responden a una peculiar "naturaleza humana" de los españoles, sino a una decisión política, lo que queda confirmado en el informe emitido por "los expertos" de Rajoy y Montoro. La estrategia que proponen es "disminuir" el fraude... legalizando el no pago de impuestos. Su orientación es muy clara al respecto: "Por ello la Comisión opina que la mejor medida para prevenir el fraude es la de reducir la utilidad que quien lo practica obtiene del fraude. Para ello hay que reducir los tipos de gravamen y la fuerte progresividad de algunas tarifas tributarias, huyendo de los tipos legales altos y de las tarifas fuertemente progresivas. Las propuestas de la Comisión respecto a la reducción de tarifas y tipos pueden coadyuvar notablemente a prevenir el fraude fiscal" (p. 16).

Lo que proponen es que los ricos defrauden menos porque en realidad no tengan que pagar impuestos o sean tan bajos que no les compense el riesgo. Esa es su "lucha contra el fraude". Otra "perla" es la propuesta de que se haga más incapie en el "estigma social" que acarrearía el fraude que en las sanciones económicas por defraudar.

Mercantilización de servicios públicos

Saliéndose de su encargo específico ("reforma fiscal"), la Comisiòn propone incrementar el copago en sanidad, educación y justicia y tender hacia el pago por uso en todos los demás servicios públicos: "Ofrecer servicios públicos, incluso los más esenciales como educación, sanidad o justicia de forma gratuita y generalizada no es el modo más eficiente ni justo de ha­cerlo, porque incluso en esos servicios hay siempre un cierto beneficio privado que debería ser compensado mediante el copago. En otros muchos servicios y bienes pú­blicos, en los que las externalidades sociales son menos evidentes, el pago por uso debería ser la norma y su financiación vía impuestos la excepción a justificar en cada caso" (p. 75 - 76).

Igualmente proponen aumentar la potestad de las comunidades autónomas para establecer copagos de los servicios públicos: "Debería ampliarse la capacidad normativa de las Comunidades Autónomas respecto a la posibilidad de establecer copagos en servicios públicos dentro de unos límites mínimos establecidos por la Admi­nistración central para todas las Comu­nidades" (p. 419).

Obviamente, su insistencia en recortar el gasto social obedece a la misma lógica que sus propuestas propiamente fiscales.

Impuesto sobre la renta de las personas físicas

La Comisión propone medidas que reducirían los ingresos por IRPF, pero en beneficio directo de los sectores de mayores ingresos, no de la mayoría de la población, que, incluso en aquellos casos en que pague algo menos de IRPF (y no siempre será así), perderá mucho más a través del aumento del IVA, el aumento de la cuota obrera a la Seguridad Social, la introducción de copagos en los servicios públicos y la reducción de prestaciones.

Para la base liquidable general (rendimientos del trabajo y de actividades económicas, etc.) se reducirían los tramos a cuatro o cinco (lo que beneficia a las rentas altas) y disminuirían todos los tipos aplicables (el tipo mínimo 24,75% podría bajar a un 20%, el marginal máximo no podría pasar del 50%...).

Para la base del "ahorro" (rentas del capital) proponen tipo único igual al tipo mínimo de la base imponible general, posiblemente inferior al actual. Dado que proponen también que se elimine la exención de hasta 1500 euros por dividendos y participaciones en beneficios, podríamos encontrarnos con que un gran accionista de una empresa viese reducidos sus impuestos sobre dividendos de forma considerable mientras que un(a) trabajador(a) con unas pocas acciones de esa empresa que cobre 100 euros en dividendos tenga que pagar unos impuestos que ahora no paga.

Los rendimientos de origen inmobiliario pasarían de la base general a la base del ahorro, en provecho de quienes tengan grandes ingresos de origen inmobiliario, a los que se aplicaría un tipo muy inferior al de la base general.

La reducción de tipos asegura la reducción del impuesto a pagar para las personas con altos ingresos, pero no para las personas con bajos o incluso medios ingresos. La Comisión ha combinado la reducción de tipos con medidas que aumentarían la base imponible a la que se aplicarían esos tipos y que por tanto podrían absorber total o parcialmente la reducción de tipos. Y cuando no ocurra eso del todo, una pequeña bajada del IRPF sería más que contrarestada por la subida de otros impuestos.

Entre las medidas que contrarrestarían la disminución de tipos aumentando la base imponible y por tanto el impuesto a pagar están las siguientes:

- La actual minoración de los rendimientos del trabajo (progresiva: a mayores ingresos, menor minoración), entre 2652 euros y 4080 euros, se sustituiría por una deducción menor y de monto único, igual para todas las personas ganen lo que ganen, regresiva por tanto. Si, por ejemplo, se estableciese en unos 2500 euros, las personas con menores ingresos verían aumentar su base imponible en más de 1500 euros.

- Se incluiría en la base del ahorro una imputación, actualmenta exenta, por "rendimientos" atribuidos al hecho de tener la residencia habitual en una vivienda propia. Saldría del IRPF una vez redefinido el IBI, pero éste aumentaría mucho.

- Se eliminarían varias exenciones actualmente vigentes en la base general: indemnizaciones por despido o cese; ayudas a personas afectadas por VIH (Virus de Inmunodeficiencia Humana); costes de aseguramiento contra el riesgo de incremento del tipo de interés variable de los préstamos hipotecarios para adquisición de la vivienda habitual; aportaciones empresariales al seguro de enfermedad del contribuyente, sus cónyuges o descendientes.

- En cuanto a la deducción en cuota por obtención de rendimientos del trabajo o de actividades económicas, actualmente por un máximo de 400 euros y aplicable sólo para bases imponibles inferiores a 12.000 euros, proponen que se aplique sólo a rendimientos del trabajo de escasa cuantía (sin especificar qué entienden por tal, pero la palabra "sólo" sugiere un techo inferior al actual).

En conclusión


Este conjunto de medidas configuran un horizonte al que las élites económicas y políticas quieren llegar en no mucho tiempo, pero eso no quiere decir que sean todas de aplicación inmediata, ya que su aplicación encuentra como obstáculo la resistencial social y la perspectiva de procesos electorales en 2015, tras el revolcón sufrido por el PP (y el PSOE) en las elecciones europeas. Así, es posible que comiencen por el impuesto de sociedades y las cotizaciones a la Seguridad Social, e introduciendo modificaciones en el IRPF de cara a poder vender algo en las próximas elecciones.

Pero de que su plan es éste, no cabe duda y lo ratifica la propia "Actualización del Programa de Estabilidad 2014-2017", que hace una apuesta clarísima por los impuestos indirectos, por el pago por uso de los servicios públicos, etc.

De ahí no se deduce que nuestro futuro sea ése, porque podemos evitarlo. Sí que podemos, pero para eso hay que construir una gran alianza social que dé respuesta contundente. Una reforma fiscal realmente progresiva es un reto constituyente sobre el que apoyar importantes reformas sociales; por descontado, la fiscalidad no suprime la injusticia inherente al capitalismo, pero todo proyecto que quiera revolucionar el estado de las cosas debe asumir que toda construcción atraviesa diversas fases y que hay que tener una firme voluntad de persistir, de insistir y de avanzar.

Ese tipo de reforma fiscal, la que necesitamos, posiblemente sea incompatible con el actual régimen político fundado por una peculiar alianza entre las oligarquías económicas, políticas y dinásticas. Quienes han cerrado filas para defender a toda costa un régimen en decadencia no lo hacen sólo para defender al trono, que es una parte de ellos y a la vez su cortina de humo, lo ha­cen para defender un sistema fundado sobre el privilegio de unos pocos, sí, pero no sólo el de uno de sangre real.


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