La crisis social española ha desembocado, de forma cada vez más evidente, en un proceso de profunda deslegitimación del régimen político y de sus instituciones, incluida la monarquía. En gran medida ello es una consecuencia de la ofensiva frontal de las élites económicas y sociales en el período 2010-2014 para hacer recaer los efectos más penosos de la austeridad sobre los sectores mayoritarios de la sociedad:

- Acentuado deterioro de las relaciones laborales y consolidación de cifras de paro catastróficas.

- Deterioro inducido (vía recortes y procesos de privatización) de los servicios sociales básicos: educación, sanidad, ayudas a las personas en situación de pobreza, atención a la dependencia, etc.

- Reducción de los salarios reales.

- Profundización en la redistribución regresiva de las cargas tributarias.

- Expulsión a la precariedad social de nuevos sectores de la población.

- Utilización de enormes fondos públicos para la socialización de las pérdidas de entidades privadas (por ejemplo, financieras o concesionarias de autopistas) y mantenimiento de numerosas subvenciones y ayudas presupuestarias sectoriales

- Falta de control de los procesos regulatorios en beneficio de las empresas energéticas (gas y electricidad), telefónicas, etc.

-Ataques crecientes contra los derechos democráticos de los ciudadanos, intentando restringir gravemente los derechos de reunión y manifestación

- Agresión a los derechos de las mujeres, a través del proyecto de modificación de la ley del aborto, afortunadamente paralizado en septiembre, y de políticas que conducen a la deslaboralización o precarización del trabajo de las mujeres.

La ofensiva elitista contra la mayoría social ha utilizado a fondo los instrumentos políticos del régimen y ha comprometido en profundidad a los dos grandes partidos, tanto al PSOE (que desencadenó en mayo de 2010 con el gobierno Zapatero la primera gran andanada antisocial) como al PP (que con el gobierno Rajoy y su poder territorial ha emprendido una auténtica cruzada contra la sociedad).

La crisis del régimen es el efecto combinado de su desgaste endógeno y exógeno. Puede afirmarse que el modelo de gobierno consolidado en las últimas décadas sobre la base de un bipartidismo imperfecto entre el PSOE y el PP, con el condimento adicional de unas gotas de nacionalismo conservador catalán y vasco, se encuentra en proceso de descomposición.

Los factores endógenos de la crisis del régimen vienen marcados por la insoportable corrupción del régimen y de sus principales partidos e instituciones. Corrupción en un doble sentido, aprovechamiento delictivo de los recursos públicos y gestión despilfarradora pero, también, desnaturalización de las funciones “normales” de las instituciones para su conversión en meros instrumentos de los poderosos.

Los factores exógenos son el resultado de la gran movilización social que ha intentado detener la ofensiva de las élites. Desde el 15-M, auténtico punto de inflexión de la relación entre el poder y la gente normal, hasta las mareas ciudadanas, las marchas de la dignidad, las luchas contra los desahucios, el movimiento de las mujeres contra la ley Gallardón…

También forma parte de ese proceso la emergencia de Podemos en las elecciones euro­peas como expresión política de un descontento de los de abajo que no encontraba reflejo suficiente en los partidos tradicionales de izquierda.

La crisis del régimen se ha visto acentuada por la explosión del movimiento catalán a favor del derecho a decidir, incompatible con el concepto de nación española única e indivisible establecido en la Constitución de 1978.

Todos estos factores van a ser sometidos en los próximos meses a la prueba de la movilización social y, también, a las confrontaciones electorales. Son meses decisivos porque el resultado puede determinar el futuro durante muchos años.

Hemos asistido a la apertura de una ventana de posibilidades políticas con la aparición de Podemos. Pero ese tipo de ventanas no se abren permanentemente y si los partidos del régimen consiguieran recomponerse y reordenar de forma elitista el modelo político las condiciones para una derrota histórica del movimiento social estarían servidas. Por eso resultan tan importantes las elecciones que van a desarrollarse en 2015.

Primero, en mayo, municipales y autonómicas. Después, en noviembre, si se mantiene el calendario, elecciones generales. En lo más inmediato, nos parece decisivo centrar los esfuerzos en conseguir la máxima acumulación de fuerzas de cara a las elecciones municipales. Procesos municipalistas, unitarios y construidos democráticamente como Guanyem Barcelona y otros en proceso de construcción son decisivos para forjar un polo social y político de resistencia y construcción de alternativas desde la base social, desde los municipios.

Al mismo tiempo, es esencial la consolidación de Podemos. Pero no como un partido ordinario sino como la expresión del magma constituyente que desde abajo, desde la sociedad, aspira a conformar un nuevo orden social y a detener la ofensiva de las élites.

No creemos que sea el momento de programas basados en una articulación arbitrista de medidas. Lo que la sociedad exige es un compromiso claro alrededor de unos pocos ejes, y abrir a la participación social la elección de las mejores alternativas para hacerlas efectivas. Ejes como...

- La defensa de los derechos sociales de la mayoría y revertir el profundo deterioro producido en los últimos años.

- Un nuevo reparto fiscal más justo y equitativo.

- El control de los grandes grupos empresariales estratégicos, como los financieros y energéticos, para evitar que sigan alimentando ganancias oligopolísticas a costa de la gente.

- El impulso de políticas igualitarias contra los sistémicos comportamientos patriarcales, discriminatorios de las mujeres, aún muy presentes en la sociedad, en las instituciones y en las propias leyes.

- La democratización constituyente de las instituciones mediante procesos de democracia desde abajo, control social, municipalismo y federalismo.

Si la acumulación de fuerzas no es suficiente para poner en marcha de forma inmediata un proceso constituyente, al menos puede y debe serlo para frenar la continuación de la ofensiva elitista contra la mayoría social y evitar una recomposición autoritaria del actual régimen.

Septiembre 2014