El BOE del 20 de diciembre publicó el Real Decreto-Ley 16/2014, por el que se regula el Programa de Activación para el Empleo (PAE), basado en el acuerdo del 15 de diciembre firmado por el Gobierno, CEOE, CEPYME, CCOO y UGT.

Los comentarios que siguen tienen dos objetivos:

- Facilitar un resumen del contenido de dicho Programa, en la medida que pueda ser útil a algunas de las personas desempleadas sin ingresos que no tengan acceso a otras prestaciones y para las que su incorporación a este programa mejore provisionalmente en su situación.

- Hacer una evaluación crítica de este Programa y del acuerdo que le precedió.

Ambos objetivos son compatibles. Las personas sin empleo ni ingresos no pueden "hacer ascos" a una ayuda que pueda mejorar su vida, aunque sea por corto plazo, pero eso no excluye el derecho y la obligación de señalar las limitaciones de este tipo de ayudas y el uso abusivo que se hace de la urgencia social para beneficiar a grupos privilegiados minoritarios.

En lo que sigue se aborda un resumen del contenido del Programa de Activación para el Empleo, una evaluación del mismo en cuanto tal y una evaluación del acuerdo previo.

¿Qué es el Programa de Activación para el Empleo?

El PAE ofrece una prestación económica por seis meses a un sector limitado de la población desempleada, así como lo que se supone sería un itinerario individual y personalizado de empleo con un contenido específico de orientación, formación, recualificación y/o reconocimiento de la experiencia laboral que contribuya a facilitar la reinserción laboral.

a) Las solicitudes para participar en el programa podrán presentarse entre el 15 de enero de 2015 y el 15 de abril de 2016. Si en tres meses no hay respuesta de la Administración la solicitud se entenderá denegada.

b) La duración máxima de la ayuda económica será de seis meses, improrrogables y por una sola vez. Su importe será 426 euros mensuales (80% del Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples).

c) En caso de contratación por cuenta ajena en el sector privado durante la percepción de la ayuda económica el empresario contratante podrá descontar del salario durante un máximo de cinco meses el importe de la ayuda o la parte proporcional en caso de trabajo a tiempo parcial. El RDL no establece ningún tipo de limitación referente a tipo de contrato, continuidad en la empresa una vez terminada esta subvención para el pago de salarios, control de despidos previos o sustituciones posteriores, evolución del empleo en la empresa, etc.

Si correspondiese un salario bruto de 700 euros, el empresario sólo se hará cargo de 700-426 = 274 euros, más la cotización social que corresponda. Si el contrato fuese a tiempo parcial, el descuento será proporcional a la jornada realizada. Por ejemplo, si la contratación fuese para el 75% de la jornada habitual y el salario 525 euros, la empresa se hará cargo de 525 - 75% 426, es decir, 525 - 319,50 = 205,50 euros.

d) Las personas solicitantes deberán cumplir todas las siguientes condiciones:

- Tener responsabilidades familiares

- Estar desempleadas, sin que se considere tales a las que trabajen a tiempo parcial.

- Haber estado inscritas como demandantes de empleo al menos 360 días en los 18 meses anteriores a la solicitud y estar ya inscritas a fecha 1/12/2014 salvo que en esa fecha la inscripción estuviese interrumpida por realización de trabajo por cuenta ajena con un contrato inferior a 90 días.

- No tener derecho a la protección contributiva o asistencial por desempleo o a la renta activa de inserción.

- Haber cesado involuntariamente en un empleo por cuenta ajena y, posteriormente a ese cese y al menos seis meses antes de la solicitud, haber agotado alguna de las prestaciones Renta Activa de Inserción (RDL 1369/2006), PRODI (RDL 10/2009) o PREPARA (RDL 1/2011). Además, si tras ese agotamiento se hubiesen percibido alguna renta mínima, salario social o ayudas de asistencia social de cualquier administración pública la solicitud debe ser al menos seis meses posterior a la finalización de la percepción de esa renta.

- Carecer de rentas superiores en cómputo mensual al 75% de salario mínimo interprofesional (en 2015, rentas no superiores a 486,50 euros mensuales).

- Acreditar ante el Servicio Público de Empleo que durante el mes posterior a la solicitud han realizado al menos tres acciones de búsqueda activa de empleo.

Se entienden como "acciones de búsqueda activa de empleo": el trabajo por cuenta propia o ajena; el envío de presentación de currículos en al menos tres empresas distintas; al menos una entrevista de trabajo; inscripción en al menos un agencia de colocación; inscrición en al menos dos portales de empleo públicos o privados; presentación, al menos, a una oferta de trabajo gestionada por los Servicios Públicos de Empleo (SPE); acciones formativas o de información. ofrecidas por los SPE...

- Cumplir con las "obligaciones de activación"

Acreditar, siempre que se les solicite, la búsqueda activa. Suscribir un compromiso de realización de todas las actividades acordadas por los SPE o agencias de empleo. Aceptar las colocaciones adecuadas que se les ofrezcan y justificar su asistencia a las citas de ofertas de empleo. Renovar la demanda de empleo cuando corresponda y comparecer cuando se les requiera. Informar a las empresas de su condición de solicitantes o beneficiarias del PAE en las actuaciones de búsqueda de empleo o en la firma de contratos con éstas...

Evaluación del PAE

El PAE participa de los mismos defectos e insuficiencias que tienen los programas anteriores de "protección" transitoria y provisional a ciertas franjas de la población desempleada ya sin acceso a las prestaciones o subsidios al desempleo. Se ha creado un entramado de "ayudas" que sigue dejando fuera a millones de personas y que resulta difícil de entender. Con estos parches, aunque su existencia sea mejor que su ausencia, los gobiernos eluden afrontar la pobreza social que se ha disparado en los últimos años y que afecta a millones de personas. Un problema que pone aún más de relieve la necesidad de un sistema de protección social basado en derechos y que incluya alguna fórmula de renta mínima garantizada y de derechos sociales que asegure que nadie se quedará sin acceso a los recursos básicos (casa, comida, vestido, agua, energía, transporte, sanidad, educación) por no encontrar un empleo que conlleve unos ingresos suficientes para ello.

Aunque no se dispone de datos muy precisos, diversos medios hablan de que este programa PAE podría incluir sólo a unas 450.000 personas, en una situación en la que no reciben ninguna prestación el 43% de las personas registradas como desempleadas y el 55% de las personas desempleadas según la Encuesta de Población Activa. Por otra parte, esta ayuda de "último recurso" tendrá una duración máxima de seis meses, sin opción a volver a obtenerla. No es por tanto una solución suficiente ni duradera, aunque el hecho de que una parte de las personas sin ingresos reciban durante seis meses 426 euros sea mejor a que no reciban nada absolutamente.

Ahora bien, este programa, que no forma parte del sistema de protección al desempleo sino del de "políticas activas para el empleo", tiene un aspecto especialmente cuestionable, pues es muy posible que una parte significativa de los 1200 millones de euros que, más o menos, podría costar no se use para ayudar a personas desempleadas sino para subvencionar salarios que deberían pagar determinadas empresas privadas, ya que, como se ha descrito antes, en caso de contratar a personas incluidas en el PAE las empresas descontarán del salario el importe de la ayuda asociada al programa.

Así, por ejemplo, una empresa podría contratar en 2015, a jornada completa, a una persona incluida en el PAE, pagando sólo 1.110 euros de salario bruto en total por cinco meses de trabajo, es decir, 222 euros al mes, ya que, siendo el salario mínimo interprofesional 648 euros mensuales, una empresa podría tener a alguien trabajando 40 horas a la semana pagando un salario bruto efectivo de 648-426 = 222 euros, más el importe de las cotizaciones sociales correspondientes, aunque éstas últimas también podrán ser objeto de otras reducciones o bonificaciones. Este tipo de contratación subvencionada no podrá ser utilizada en el sector público, donde al menos podría utilizarse en empleos de utilidad social y no de beneficio privado para el empleador.

Si bien este tipo de intervención del Estado en el mercado laboral privado, desviando fondos públicos a empresas privadas y generando situaciones de competencia desleal en las que empresas que tienen ya la plantilla que necesitan podrían verse en desventaja o incitadas a despedir, es rechazable en sí misma y forma parte del proceso global de transferencia de riqueza social hacia minorías privilegiadas, hay que añadir también que es altamente dudoso que este tipo de "política activa" contribuya a facilitar la reinserción laboral; estamos hablando de contratos que en casi todos los casos serán temporales, con una selección de personal en la que la minimización del coste salarial real habrá jugado un importante papel y que perderán todo su "atractivo" para la patronal en cuanto se agoten los cinco meses en que puedan gozar de esa subvención encubierta, más aún mientras puedan sustituir a esa persona por otra que venga también con ese "pan debajo del brazo" por otros cinco meses.

Estas políticas de "prestaciones" a la patronal tampoco son generadoras de empleo. Nadie contrata porque "salga barato", las empresas sólo contratan -salvo enchufes descarados en grandes empresas- por necesidades "productivas", aunque, sin duda, prefiriendo, en términos generales, que el salario a pagar sea lo menor posible dentro de las tareas que la nueva persona empleada deba cumplir. El efecto "creador de empleo" de estas políticas es nulo o muy pequeño y efímero, ya que su efecto es más bien de "sustitución", facilitando que se contrate a unas personas y no a otras. Las personas desempleadas de larga duración sin ingresos que no cumplan las condiciones para integrarse en el PAE serán aún más desplazadas del mercado de trabajo, ya que muchas empresas se plantearán que para qué las van a contratar si pueden ahorrarse 426 euros al mes contratando a alguna de las "beneficiarias" del PAE, lo que a su vez fomenta un estado general de empleo precario.

Este aspecto, frecuentemente ocultado al gran público, hace que el PAE no sólo deba ser criticado por su insuficiencia sino que deba ser denunciado también como otra pata más del inmenso "pulpo" de transferencias de renta desde la población en general y desde lo público hacia las élites económicas. Esa consideración no implica que las personas desempleadas que cumplan los requisitos para tener acceso al PAE no deban hacerlo, ni que haya que pedir la supresión del PAE. Por el contrario, la crítica al PAE debe articularse en dos niveles: por un lado, un plano específico del PAE, exigiendo que se suprima el mecanismo de contratación privada a cargo de los fondos del PAE, que deberían ir íntegramente destinados a ayudar a personas sin ingresos y no a empresarios que se aprovechen de su situación; por otro lado, un enfoque alternativo global en cuando al sistema de protección al desempleo, en aras de su simplificación y de su universalización, incluyendo, entre otras prestaciones, un sistema de renta mínima garantizada, al menos para las personas que buscan un empleo pero no lo encuentran.

No estoy proponiendo un planteamiento en dos fases, primero aquello y luego esto, ya que la solución global para todas las personas sin ingresos es una urgencia social inmediata por la que hay que actuar ya; lo que digo es que, en tanto que esa reforma general del sistema de protección no se consiga, hay que mantener también actitudes específicas ante cada una de sus actuales componentes para evitar retrocesos en ellas y para lograr mejoras parciales.

Antes del PAE: el acuerdo entre el Gobierno, CEOE, CEPYME, CCOO y UGT

No puede ignorarse que el RDL 16/2014 se basa esencialmente, aunque no totalmente, en el "Acuerdo sobre el programa extraordinario de activación para el empleo" firmado por el Gobierno, las organizaciones patronales y los dos sindicatos mayoritarios en España. En definitiva, no sería honesto eludir una valoración de tal acuerdo y, dado el punto de vista desde el que escribo, de la participación de CCOO y UGT (mi sindicato, por cierto) en él.

Para evitar malos entendidos, comenzaré diciendo que no estoy en contra de firmar con el enemigo acuerdos parciales que signifiquen una mejora, por pequeña que sea, para los sectores más perjudicados de la sociedad en general y de la clase trabajadora en particular. Ni siquiera estoy en contra de firmar acuerdos malos si evitan males peores, aunque con eso hay que andar con pies de plomo porque es muy fácil justificar todo diciendo que "podría ser peor"; eso es lo que hicieron CCOO y UCT en el acuerdo de pensiones con el Gobierno de Zapatero, afirmando que así al menos el sistema quedaba protegido hasta 2027 de nuevos recortes, lo que se ha demostrado como ilusorio, dada la entrada en vigor de la nueva contrarreforma del PP en dos fases, una en 2014 y otra en 2019.

En el caso concreto del acuerdo al que me refiero, mi posición es crítica hacia el acuerdo en los términos en que se ha firmado por dos motivos: uno de ellos no tiene nada que ver formalmente con el Programa de Activación para el Empleo, pero sí con el contenido del Acuerdo y, en definitiva, con la estrategia sindical; el segundo tiene que ver con el aspecto del PAE criticado en la sección anterior, es decir, con el desvío de fondos del PAE hacia los grupos empresariales.

Empezando por esto último, conviene recordar que esa fórmula (disminución de salario en monto igual a la ayuda, o proporcional a ella en caso de trabajo a tiempo parcial) no figuraba en el acuerdo tripartito, en el que sólo se indicaba que la contratación "podrá ser objeto de incentivos adicionales para el empleador". Formalmente, podría decirse que el aspecto más turbio del PAE, el saqueo de los fondos públicos en beneficio de capitalistas privados, no cuenta con el aval de CCOO y UGT, lo que sería de alguna utilidad si CCOO y UGT estuviesen dispuestas a desvincularse del RDL 16/2014 y exigir la modificación del PAE. Pero eso es muy dudoso, ya que, en realidad, las intenciones del Gobierno eran vox populi y casi todos los medios cercanos a las élites políticas y económicas describían el acuerdo, antes de la emisión del RDL, en los términos en que éste se ha expresado. Desde CCOO y UGT se ha insistido muy poco en ese aspecto, dejado en segundo plano y desde luego no criticado, aunque no puede decirse que lo hayan ocultado; por ejemplo, en Gaceta Sindical nº 224 de CCOO se cuenta que "Asimismo, la ayuda será compatible con un empleo. Del salario que se perciba se le descontará la ayuda, de manera que el coste laboral estará cofinanciado entre la empresa y el Servicio Público de Empleo", pero la Guía Argumentario elaborada por UGT no hace referencia a esa peculiaridad del PAE.

Podría aducirse que la postura del Gobierno respecto a ese regalo a ciertas empresas era inflexible y que la alternativa a ello era la no existencia de esta nueva ayuda. Ignoro lo ocurrido en las negociaciones, pero aunque fuera así creo que, en tal caso, CCOO y UGT deberían haber explicado la situación ante la sociedad y desenmascarado el destino real que el Gobierno quería dar a parte de los fondos empleados para el PAE. Si así se hubiese hecho, tengo mis dudas de que el Gobierno se hubiese atrevido a retitar el plan aunque no contase con la firma de CCOO y UGT, pues eso contrastaría ante la sociedad con la facilidad que este Gobierno viene teniendo para sacar decretos sin diálogo alguno. En todo caso, si pese a todo el Gobierno se mantuviese en sus trece, siempre quedaría la opción de firmar explicando a la sociedad los motivos por lo que se hacía pese al desacuerdo con ese aspecto del PAE. Es una opción discutible, sin duda, como la opción por no firmar pase lo que pase, pero serían opciones legítimas de táctica sindical en un momento dado. Sin embargo, no es eso lo que hay que discutir, porque lo cierto es que CCOO y UGT, aunque no lo firmaron explícitamente, parecen no tener nada en contra a que parte de las ayudas del PAE se conviertan en subvenciones para las empresas, descontadas del pago de salarios. Al menos no he visto algún distanciamiento respecto a ese aspecto del PAE, aunque no estoy en condiciones de afirmar que no lo haya en algún comunicado o informe.

Por mi parte, no comparto esas formas de incentivar supuestamente el empleo, pagando con fondos públicos parte del salario a pagar por empresas privadas. No satanizo, sin embargo la opinión contraria, en principio no creo que esas políticas generen empleo y menos aún empleo estable y de calidad, pero no soy especialista en mercado laboral y estoy dispuesto a valorar argumentos y tomar en cuenta datos que apunten en sentido contrario.

Una estrategia equivocada (a mí entender)

Sin embargo, si tengo un desacuerdo radical, estratégico, con una parte del Acuerdo, precisamente una que no tiene nada que ver en realidad con el PAE sino sólo con las "florituras" que suelen insertarse en estos acuerdos dando la impresión de que las partes firmantes no sólo están de acuerdo en alcanzar un compromiso específico en una materia sino que además comparten ciertos objetivos, principios, valores o análisis, lo que a mi entender es una costumbre lamentable que siempre favorece a los poderosos, a la patronal y a los gobiernos, y que siempre perjudica al movimiento sindical.

El primer párrafo del documento firmado por Gobierno, CEOE, CEPYME, CCOO y UGT habla de "la voluntad de impulsar, desde un renovado protagonismo del diálogo social, medidas en distintos ámbitos destinadas a intensificar la evolución positiva de la economía y acelerar la creación de empleo estable y de calidad". Que eso lo firmen centrales sindicales de clase es, como mínimo y dicho con prudencia, un enorme error, que no puede justificarse sobre la base de la urgencia social que sufre la población desempleada, ya que una frase semejante no hace en nada al contenido específico del PAE sino que, más bien, es una declaración política que se sitúa en la línea de la actual estrategia de autosalvación del Gobierno de Rajoy y que, incluso queriendo un acuerdo sobre el PAE y juzgando positivamente el alcanzado, bien podía haberse eludido en el acuerdo, negándose a firmar tal disparate de la misma forma que el Gobierno y la patronal se hubiesen negado a firmar una introducción que denunciase los recortes sociales que sufrimos desde mayo de 2010.

Esa frase es un error desde el punto de vista de la propia veracidad de su contenido textual.

- Un error porque no hay ningún "renovado protagonismo del diálogo social" ni el Gobierno tiene ninguna voluntad de impulsarlo. El Gobierno de Rajoy sigue imponiendo mes tras mes, semana tras semana, medidas políticas y sociales reaccionarias sin ningún diálogo real con la sociedad. No sólo hay falta de diálogo sino que impera una política de represión contra el movimiento obrero y sindical, como demuestran la gran cantidad de sindicalistas que están bajo la amenaza de multas e incluso de cárcel, y la propia "Ley Mordaza". No es admisible que se avale una supuesta buena voluntad de este gobierno enemigo del pueblo, que pocos días después de este acuerdo publicaba en el BOE una nueva legislación sobre las mutuas patronales, criticada por CCOO y UGT, que profundiza en una dinámica de privatización caciquil de la gestión de la Seguridad Social y genera nuevas amenzas contra la salud de las y los trabajadores.

- Un error porque, desde el punto de vista de la clase trabajadora y de la mayoría de la población (incluyendo a muchas pequeñas empresas y comercios), no está teniendo lugar ninguna "evolución positiva de la economía". Todos los datos son demoledores, tanto los que se refieren a salarios como los que se refieren a horas extras no pagadas, precariedad de los empleos, desahucios, extensión de la pobreza, etc. Y no digamos ya si tenemos en cuenta la situación de las familias en situaciones de pobreza o cercanas a ella. Los propios datos de empleo están muy disfrazados al contarse como empleo completo trabajos de apenas unas pocas horas a la semana, como lo están los datos de crecimiento del PIB al incluir nuevas componentes, como las ligadas a la prostitución o el narcotráfico.

- Un error porque no está teniendo lugar una positiva creación de "empleo estable y de calidad". Del total de personas afiliadas al Régimen General de la Seguridad Social en base a algún tipo de contrato, en enero de 2014 tenían contrato indefinido y a jornada completa un 56,1%; en noviembre de 2014, sólo un 54,1%. En realidad vivimos un proceso de precarización y degradación de los empleos. Si tomamos en cuenta además el factor "calidad", la situación se hace detestable, a la vista de la degradación salarial, el incremento de la intensidad del trabajo y el deterioro de la aplicación efectiva de los derechos laborales. La Estadística de salarios de la Agencia Tributaria ha registrado en 2013 el salario medio más bajo de los últimos 22 años. El 34,5% de la población asalariada no superaba el salario medio interprofesional, con un salario medio mensual de 301,40 euros (en 2012 era un 32,9% con un salario medio mensual de 305,10 euros).

En definitiva, ese párrafo introductorio viene a avalar el núcleo central del discurso político con el que el Partido Popular quiere ganar terreno de cara a los próximos procesos electorales: la "recuperación". Este documento avala lo que todas las organizaciones sindicales de clase deberían estar denunciado y desenmascarando en este momento, y que hecho CCOO y UGT están denunciando y rebatiendo con datos de la realidad, como puede verse en publicaciones y páginas web, cuyo alcance social es muy inferior al que tuvo la foto de la firma (en la que aceptaron una escenografía lamentable) y al que tiene un acuerdo que es difundido con mucho ruido por todos los medios cercanos al poder político y económico.

Esa declaración, por tanto, apuntala el discurso triunfalista de Rajoy, sobre el que gira toda la estrategia del PP de cara a poder seguir degradando las condiciones de vida de los sectores sociales más perjudicados por la política aplicada desde mayo de 2010 y a la vez hacer ver que se ha salido de la crisis y diluir en los próximos meses pre-electorales la indignación de las franjas de ingresos medios. Con el enemigo se pueden firmar acuerdos en función de la relación de fuerzas existentes, pero en ningún caso es admisible ni razonable sumarse al discurso de aquel ni ocultar que es nuestro enemigo. Aún en el caso de que el contenido del PAE fuera tal que fuese conveniente llegar a un acuerdo, esa introducción nada tiene que ver con ese contenido y no puede justificarse su firma.

Además, llueve sobre mojado. El 29 de julio de 2014 los mismos agentes habían firmado el "Acuerdo de propuestas para la negociación tripartita para fortalecer el crecimiento económico y el empleo", en el que se afirmaba que "La economía española ha iniciado una etapa de crecimiento" (¿qué crecimiento?), que "El Gobierno y los Interlocutores Sociales consideramos que nos encontramos en un escenario que demanda actuaciones vigorosas que contribuyan a intensificar la recuperación y acelerar la creación de empleo estable y de calidad", que "La concertación forma parte de nuestra tradición social y permite alinear el esfuerzo de todos en la misma dirección, lo que contribuirá a un mayor crecimiento económico, a más empleo y a un reparto equilibrado de beneficios, esfuerzos y cargas que refuerce la cohesión social".

Algunos meses antes, el 18 de marzo, justo cuatro días de la confluencia en Madrid de las Marchas por la dignidad, el Gobierno, la patronal, CCOO y UGT ya se habían expresado en términos similares, o incluso peores, con el agravante moral de lanzar ese mensaje a las puertas de una colosal protesta social, lo que desprestigió a ambas centrales e hizo que muchas y muchos de sus miembros que participamos en la movilización del 22M optásemos por no mostrar ningún signo distintivo de nuestra afilación, no por miedo a nuestras compañeras y compañeros de lucha sino más bien por autorepudio al papel jugado.

Quizá desde los organismos dirigentes de CCOO y UGT pueda decirse que si el Gobierno y la patronal firman cosas con las que no son coherentes será un problema de esos agentes, pero en realidad todas esas frases no se refieren a un "debería ser" sino a un "está siendo", y por tanto, maquillan la guerra social que seguimos padeciendo. Insisto, con un gobierno que ha roto el diálogo social podremos hablar sobre un tema dado e incluso firmar un acuerdo parcial que mejore lo existente o frene un empeoramiento, pero en ningún caso afirmar a su lado que hay un renovado protagonismo del diálogo social mientras nuestras gentes esperan juicios por haber defendido los derechos de la clase trabajadora, ni aceptar sin más que hay una "recuperación económica" si no aclaramos que lo que se recuperan son los beneficios de una minoría sobre la base de una degradación brutal de las condiciones de vida y los derechos de millones de personas, etc. Y sí, esas cosas que estoy diciendo también se dicen en numerosas publicaciones de CCOO y UGT, pero eso hace más necesario plantearse por qué se dice una cosa en unos medios propios pero se firma algo que lo contradice o cuestiona a la hora de "converger" con el Gobierno o la patronal. Este sindicalismo tiene que hacer frente a una reorientación en su estrategia, en su funcionamiento y en sus vínculos de la sociedad, recuperando, en primer lugar, la democracia sindical en su sentido pleno.

Termino aquí. Dejo para otro artículo una consideración sobre el futuro de CCOO y UGT, pero también del sindicalismo en general, pues éste abarca un espectro más amplio. Por mi parte doy la bienvenida a cualquier proceso de fortalecimiento del sindicalismo de clase, venga de donde vega.