El tiempo transcurrido entre la conclusión del Epílogo y la fecha de publicación y puesta a la venta de los ejemplares -el mercado impone periodos de abstinencia editorial- aconseja dedicar al menos un breve comentario a las elecciones municipales y autonómicas para comprobar si los resultados han afectado a la hipótesis central de este libro. Es preciso situar la reciente cita con las urnas en el siguiente contexto económico y político.

Los comicios locales y autonómicos del pasado 24 de mayo forman parte de un apretado ciclo de consultas que se inicia con las elecciones al Parlamento europeo, en mayo de 2014, sigue con las elecciones autonómicas en Andalucía, celebradas en marzo de 2015, las autonómicas en Cataluña, anunciadas para el mes de septiembre, y concluye en las elecciones generales del próximo otoño, que, en un proceso repartido en sucesivas etapas, va mostrando los cambios en las preferencias de los ciudadanos y configurando la correlación de fuerzas políticas de los años venideros.

Por lo referido al ciclo económico, no se perciben variaciones de importancia que obliguen a revisar lo sostenido en páginas anteriores, pues seguimos instalados en la misma tendencia: aumenta la deuda pública (1,04 billones de euros), crece el PIB pero sin mejoría social, se reduce poco el paro (4.250.000 personas registradas en mayo; 5.444.000 según la EPA), se genera empleo precario y con salarios muy bajos, pero aumenta la población en riesgo de exclusión y de pobreza hasta el 29% (casi 14 millones de personas, según el INE) y se ha reducido la renta familiar un 2,3%. La caída media de los ingresos personales ha sido de 3480 euros anuales desde 2009, pero el periodo de austeridad no ha concluido.

En su informe sobre la situación de la economía española (junio 2015) el FMI prevé un crecimiento del PIB del 3,1% este año y del 2,5% el que viene, pero, dado que, en parte, se debe a factores externos coyunturales, como la compra de deuda por el Banco Central Europeo, la depreciación de euro y la caída del precio del petróleo, recomienda al Go­bierno español continuar las reformas estructurales: tender a igualar a la baja los salarios de los contratos fijos con los ingresos de los temporales surgidos de la reforma laboral, abaratar el despido, establecer el contrato único, subir el IVA y extender el copago en sanidad y educación. Teniendo en cuenta la servil disposición de nuestro Gobierno hacia los dictados de la troika y que el último informe del Banco de España va por el mismo camino, sólo la cercanía de las elecciones generales puede demorar la aplicación de estas recomendaciones.

En la reunión de directivos de bancos centrales, celebrada en Sintra a finales de mayo, Larry Summers, ex asesor de Obama y ex Secretario del Tesoro, advirtió: A España le queda crisis para el resto de la década. En definitiva, para los trabajadores, amplios sectores de la clase media y sobre todo para las personas y familias con rentas más bajas, la crisis no ha terminado, diga lo que diga Rajoy.

Persiste el fenómeno de la corrupción con el desvelamiento de nuevos casos o la prolongación de tramas de los antiguos (ERE, Palma Arena, Gürtel, Púnica), que afectan a CiU en Cataluña (Innova), al PSOE en Andalucía, pero sobre todo al Partido Popular en Madrid, Valencia, Baleares, Murcia y Cas­tilla y León con nuevos implicados -Trillo, Pujalte, Rus, Conde y el ex tesorero del PP balear, Fernando Areal-, y persiste también la falta de resolución del Gobierno para hacerle frente y la tentación de utilizar los resortes del Estado para paliar sus negativos efectos, aunque Mariano Rajoy se ha visto obligado a admitir que el "martilleo" de la prensa sobre los casos de corrupción que le afectan ha sido una de las causas de la pérdida de votos en mayo.

Finalmente, hay que situar el ciclo electoral en la etapa de cambios en la actitud ciudadana ante la crisis económica y las medidas gubernamentales aplicadas desde mayo de 2010, actitud que ha pasado desde la inicial perplejidad a la indignación y la protesta colectiva expresada en huelgas generales, la recuperación de la calle, la marcha minera, las coloreadas mareas, las marchas por la dignidad, las asociaciones de perjudicados, la emergencia de colectivos con objeti­vos solidarios y reivindicativos y las acampadas en la vía pública (mayo 2011). Una porción importante de la ciudadanía ha despertado de su letargo y exige en la calle y en las urnas una drástica reorientación de la política, por lo cual, los resultados de las ci­tas electorales, hasta la fecha, han ido expresando el sentido de este cambio de actitud.

Efectos de los resultados electorales

Lo primero a destacar es la gran diferencia en los resultados respecto a las elecciones lo­cales y autonómicas de 2011, cuando el PP, ante un PSOE en agonía y el resto de la iz­quierda en postración, obtuvo las mayores cuotas de poder local y territorial (11 go­biernos autonómicos y 3771 concejos) de las que ha dispuesto un partido político en toda la etapa democrática. Situación que com­pletó con la aplastante victoria en las elecciones generales de noviembre, con lo cual Rajoy ha disfrutado durante casi cuatro años de un poder personal por nadie igualado.

A pesar de la variada entidad y composición de las fuerzas locales (partidos, plataformas ciudadanas, alianzas, etc), el objetivo general en 2015 ha sido desalojar al Partido Popular del poder institucional, allá donde lo tuviere.

Con el 27% de las papeletas útiles (el 37% en 2011) el Partido Popular ha sido la lista más votada, pero eso no evita que haya sido el partido más castigado en las urnas, con la pérdida de 2,5 millones de votos, de las alcaldías de 17 capitales de provincia (conserva 19 de las 36 de 2011), de la mayoría absoluta en algunos feudos señeros como las comunidades de Madrid, Valencia y Cas­tilla La Mancha, además de Aragón, Baleares, Cantabria y Extremadura. Y necesitará el apoyo de Ciudadanos para conservar Murcia, La Rioja y Castilla y León.

Sorprendidos por un resultado electoral inesperado -¡Qué hostia! ¡Qué hostia!, decía Barberá al conocer el escrutinio-, trataron, primero, de reducir el tamaño del descalabro. Nada dramático para Rajoy, que no estimó preciso introducir cambios en el Partido ni en el Gobierno y reafirmó su intención de seguir como candidato a la presidencia en las elecciones generales. Luego, por la presión de barones y baronesas, prometió hacer algunos cambios aunque sin alimentar muchas expectativas, lo cual prueba que han entendido poco de lo ocurrido y lo distantes que están de las demandas de la sociedad, en particular de las acuciantes necesidades de las clases sociales con rentas bajas.

En Génova han creído que bastaba arremeter contra el presunto radicalismo de Podemos y las plataformas ciudadanas, como si las elecciones se celebrasen en Venezuela o en la Rusia zarista -¡Los soviets!, advertía Esperanza Aguirre-, y repetir cansinamente que ha llegado la recuperación económica para mantener la hegemonía como premio a su gestión, pero al atribuir la derrota a un "problema de comunicación" y al "martilleo de la corrupción" efectuado por la prensa, reconocen varias cosas.

La primera es que las cifras que aluden a las condiciones de vida y trabajo de la gente son peores de las que dejó Zapatero (más paro, salarios más bajos, más empleo precario, más pobreza) y que la deuda externa, que era la coartada de los recortes, no ha dejado de crecer. Estos negativos efectos de su gestión debían quedar sepultados por la "comunicación", es decir, por una propaganda que al final se ha revelado insuficiente.

La segunda es que, viviendo en una burbuja formada por su cerrada ideología y por un estrecho círculo de intereses, se han sorprendido de que la adversa reacción social haya surgido precisamente cuando lo peor de la crisis, que era la prolongada recesión, ya había pasado. Lo cual señala a su ceguera, porque, aparte de que los efectos positivos de la recuperación se han quedado en las franjas sociales de renta alta, ignora que una agresión tan brutal como la perpetrada contra las clases subalternas debía suscitar una respuesta tarde o temprano.

Y la respuesta se ha dado de manera progresiva, pues las clases sociales más perjudicadas por las medidas de austeridad han tardado algún tiempo en pasar de la sorpresa, al recibir los primeros golpes del gobierno de Zapatero, a la indignación, la protesta y la movilización cuando se ha multiplicado el castigo con el Gobierno del PP, para, finalmente, dotarse de un discurso crítico y de múltiples plataformas políticas con intención de privar de poder a la derecha, gracias a las expectativas suscitadas por Podemos al emerger como fuerza política en enero de 2014.

Las plataformas abiertas, plurales, incluyentes, horizontales y participativas son los instrumentos que una parte de los ciudadanos y algunos partidos políticos (Podemos, IU, Equo, Anova, Compromís y otros) han montado para enfrentarse a las maquinarias electorales de partidos de corte tradicional, en particular frente a los dos grandes, que funcionan de manera vertical y jerárquica, a golpe de chequera y de crédito bancario para contratar agentes de imagen, expertos en sondeos, campañas de marketing, medios de información afines y periodistas serviles. En ese modelo, los resultados políticos dependen del dinero invertido en promocionar a los candidatos, si se tiene, o en pedirlo prestado a los bancos si no se tiene, con la obligación de devolverlo en dinero o en especie, o ambas cosas a la vez, cuando los partidos se ponen a gobernar.

Ahora Madrid, Barcelona en Comú, Zara­goza en común, Marea Atlántica, Por Cá­diz sí se puede, Castelló en moviment, Guanyar Alacant, Compostela Aberta y un largo etcétera han ofrecido con bastante éxito un modelo de participación política basado en la ilusión, las aportaciones voluntarias, los microcréditos de particulares, el trabajo sin remunerar, la capacidad para sumar multitud de iniciativas, el derroche de imaginación y recursos caseros, y el esfuerzo surgido directamente de abajo, de la calle, de la participación vecinal. Lo más cercano al modelo democrático rousseauniano ha sido esta política artesanal.

Además de atender a las necesidades locales, estos nuevos ayuntamientos se constituyen sobre tres ejes principales: planes de emergencia social para revertir los peores efectos de la crisis económica y las medidas de austeridad, regenerar la vida pública y representar mejor a los ciudadanos. Es decir, lo opuesto a lo que ha hecho el PP, que, con mala gestión, corrupción y despotismo, ha aplicado una rigurosa política dictada por los intereses de las clases altas.

La situación creada era tan grave y tan distinta de todo lo anterior, que para modificarla hacían falta instrumentos políticos diferentes. Y esto es lo que no ha percibido del todo Izquierda Unida, ni por supuesto, el PSOE y los sindicatos. La situación de emergencia social exigía ver las cosas de otra manera y actuar en consecuencia. Y el efecto de este cambio de percepción en la ciudadanía ha sido el clima de opinión que ha rodeado las elecciones locales y la constitución de los nuevos ayuntamientos, pues donde hace cuatro años, en un amplio sector de los electores había sorpresa, perplejidad y abatimiento, ahora hay ilusión, esperanza y una moderada sensación de triunfo.

Aunque ha perdido 672.000 votos (los peores resultados de su historia reciente), el PSOE ha resultado beneficiado con esta oleada renovadora sin haberlo merecido, pues gobernará, con pactos, en 17 capitales de provincia (lo hacía en nueve), y a su vez ha apoyado la investidura de alcaldes procedentes de plataformas ciudadanas en grandes ciudades (Madrid, Barcelona, Zaragoza, La Coruña, Valencia y Cádiz), en cinco de ellas, apoyados por Podemos, que emerge como la tercera fuerza política del país a pesar de haber presentado candidaturas propias sólo en las elecciones autonómicas, en las que ha obtenido más de un centenar de escaños y está presente en las trece cámaras regionales que se han renovado.

Mostrar clara intención de ganar y de convertirse en alternativa no basta para ganar; Podemos ha quedado debajo de sus expectativas, que eran infundadas, pero teniendo en cuenta que es un partido recién constituido, los resultados han sido buenos, aunque la prueba definitiva de su éxito o de su fracaso serán las elecciones generales, que es la confrontación elegida por sus dirigentes para medirse verdaderamente con los viejos partidos de "la casta".

CiU, a punto de romperse por la resistencia de Unió a secundar los planes y los plazos de Artur Mas, ha perdido votos y la emblemática alcaldía de Barcelona, lo cual supone un revés para su plan independentista, aunque resiste en Gerona, ya que las alcaldías de Lérida y Tarragona están en poder de los socialistas.

El PNV ha pasado de gobernar Bilbao a arrebatar al PP el ayuntamiento de Vitoria, y el de San Sebastián a Bildu, que con apoyo de Geroa Bai, Aranzadi (lista apoyada por Podemos) e Izquierda-Ezkerra, se ha hecho con la alcaldía de Pamplona. El BNG pierde votos en favor de las mareas gallegas. Coalición Canaria retiene Santa Cruz de Tenerife, mientras el PSOE gobernará Las Palmas de Gran Canaria. En Baleares el PSOE y el MES se reparten la legislatura.

Hay dos grandes derrotados, UPyD e IU, que ha perdido 380.000 votos, se ha quedado fuera de las cámaras autonómicas de Madrid, Extremadura, Murcia y Valencia, de municipios importantes (Madrid, Valen­cia, Vigo) y de algunas plazas "fijas" (Ri­vas, San Fernando), pero ha conquistado Zamora, no en una hora sino tras un trabajo persistente, y resiste en Asturias gracias al liderazgo de Gaspar Llamazares. IU se enfrentó a las elecciones en medio de una grave crisis en la organización de Madrid, que lleva trazas de acabar en una escisión, y UPyD, que ha perdido presencia en Asturias y Madrid, está a punto de desaparecer.

A pesar de los cambios, las elecciones no han supuesto un vuelco completo ni han acabado con el bipartidismo, pues el PP y el PSOE aún suman el 52% de los votos válidos (en 2011 sumaban el 65%); con apoyo de Ciudadanos el PP aún conserva casi 3.000 municipios y el PSOE regenta 2.700. Ahora el poder está más repartido y sobre todo el PP gobierna en ciudades menos importantes; se ha roto el equilibrio de los vasos comunicantes -si uno bajaba el otro subía- y en ambos casos han debido negociar con fuerzas políticas menores para conservar el poder o acceder a él. En realidad, desde el punto de vista del eje izquierda derecha, lo que aparece es un bipartidismo atemperado, representado por una tendencia de centro derecha, formada por Ciudadanos y Partido Popular, y una tendencia de centro izquierda, formada por el PSOE, Podemos y quizá Izquierda Unida y esa multitud de plataformas, cuya supervivencia es un enigma.

Ciudadanos y Podemos, sobre todo este último, han sido factores fundamentales para cambiar el panorama político, pero no han podido reemplazar a los dos grandes partidos, para los que se han convertido en competidores y a la vez en apoyos necesarios, en cambio han desplazado y puede que condenado a la extinción a Izquierda Unida y a Unión Progreso y Democracia. Así que el verdadero reemplazo se ha producido en el nivel subalterno.

El voto a las plataformas ciudadanas y a Ciudadanos y Podemos, a pesar de la ambigüedad de sus programas y las declaraciones de sus dirigentes, se puede considerar que forma parte del castigo general que los electores propinan a los partidos tradicionales, a todos ellos, incluyendo también a IU y a UPyD entre los castigados, porque, ante lo que demandaba la situación, han mostrado rigidez y tendencias conservadoras similares a las del PP y el PSOE.

En espera de la formación de los gobiernos autonómicos, la nueva gestión municipal empieza con bastantes caras nuevas, programas nuevos y formas políticas nuevas. No está nada mal.

Madrid, 15 de junio de 2015