Con las elecciones generales a dos meses vista, la legislatura está a punto de acabar. Y acaba mal; mal por cómo ha transcurrido y mal por lo que el Gobierno deja en herencia, él piensa que a sí mismo. Pero se equivoca si cree que puede aspirar a otra legislatura como la que ahora concluye, en la que ha dispuesto de un poder institucional superior al de cualquier otro gobierno desde la muerte de Franco, ha contado con gran apoyo mediático y con la bendición de la Iglesia, con el respaldo de la Unión Europea, el FMI, la OCDE y otras organizaciones internacionales a sus disposiciones antisociales, con paz en el País Vasco, aunque con un nacionalismo muy crecido en Cataluña, y se ha topado, además, con una izquierda en crisis, con el PSOE adormecido y desnortado e Izquierda Unida camino de la irrelevancia, porque con esta legislatura excepcional acaba también un ciclo electoral, el que comenzó con las elecciones al parlamento europeo en mayo de 2014 y concluye con las legislativas en diciembre, y acaba también una época, a la que el Gobierno ha puesto el broche de oro con nuevos desmanes. Asistimos a un fin de régimen; a partir de ahora las cosas serán muy distintas.

Lo son ya para muchos españoles (una de las palabras preferidas por Rajoy), que han visto drásticamente reducidas sus rentas y empeoradas sus condiciones de vida. Los negativos efectos de la gran recesión, acentuados por las selectivas medidas de austeridad aplicadas, en teoría, para salir de ella, han puesto fin al modo de trabajar y de vivir de millones de personas, ahora condenadas a malvivir o a sobrevivir. Para muchísima gente el porvenir es un agujero negro. Sobre la legislatura, remito a Ramón Cotarelo y José M. Roca (2015): La antitransición. La derecha neofranquista y el saqueo de España, Valencia Tirant Lo Blanch, y a J.M. Roca (2015): Perdidos. España sin pulso y sin rumbo, Madrid, La linterna sorda.

A pesar de todas las alharacas sobre la recuperación, han salido de la crisis las grandes empresas, las primeras marcas, los grandes propietarios, el Ibex 35, los grandes oligopolios, la banca y empresas sanea­dos con dinero de todos. Las grandes cifras se exhiben con titulares de periódico y pomposas declaraciones, pero España no es el Ibex 35, y los grandes titulares no pueden ocultar la letra pequeña de los dramas cotidianos, de la persistente tasa de paro, de los parados de larga duración (2,5 millones de personas), de parados sin prestación alguna (3,7 millones), del paro de los mayores de 55 años (615.000), del paro juvenil, rebajado del 55% al 49%, pero a costa de llamar empleo a la semiesclavitud, donde el salario, cuando existe, pues se ha puesto de moda la beca sin fondos o trabajar gratis, el horario, el tiempo (el 25% de los contratos dura menos de una semana) y las condiciones del empleo las imponen de forma unilateral las empresas, sin que todo eso haya servido para acercarnos al objetivo señalado, que era reducir la deuda pública, porque el Gobierno de Rajoy, hasta que se sepa la cifra de 2015, supera en 280.000 millones de euros la deuda que dejó Zapatero.

Mientras la exclusión persiste (casi 12 mi­llones de personas afectadas, según Cári­tas) y el 10% de los más ricos acumula el 43% de la riqueza nacional, según estudio reciente de la OCDE, la crisis ha producido en España un 40% más de ricos, una de las tasas más altas del mundo, con lo cual el Gobierno de Rajoy se sitúa en buena posición en la tendencia internacional de concentrar la riqueza mundial en pocas manos.

El Gobierno ha puesto el broche de oro al fracasado modelo económico basado en el ladrillo y en el crédito barato, instaurado por Aznar (y Rajoy, y Rato), con un descomunal aporte de fondos públicos para sa­near la banca y apoyar a las grandes empresas, que desmiente su vocación neoliberal y lo ha convertido en uno de los gobiernos más intervencionistas de la etapa democrática. Como estas ayudas al gran capital se han presentado envueltas en un gran despliegue de propaganda para ocultar, cuando han podido, o presentar como inevitables sus nefastos efectos sobre los asalariados y el resto de las clases populares, el Gabinete de Rajoy ha sido también uno de los más falaces. Y por la forma en que ha dado forma jurídica a esta contrarreforma, uno de los más autoritarios y menos democráticos, pues ostenta la triste marca de haber superado a todos los gobiernos anteriores en el uso del procedimiento legislativo de urgencia, con 73 decretos leyes sobre 143 proyectos de ley presentados en el Con­greso hasta el mes de agosto.

La lógica legislativa del Gobierno ha sido acomodar el orden jurídico que protege derechos civiles y laborales de la ciudadanía a las necesidades de la economía, adecuar la acción del Estado a la evolución del Mercado asumiendo los cambios políticos que precisa el ámbito económico para que, en definitiva, el capital recupere la tasa de ganancia que había perdido con la crisis. En este aspecto, la legislatura ha supuesto una gran transformación del orden constitucional, sin haber planteado abiertamente la reforma de la Constitución.

Rajoy se despide dejando tres problemáticas leyes en el último tramo de su mandato: la “ley mordaza”, Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana, que restringe derechos civiles fundamentales y otorga a las fuerzas de seguridad del Estado unos poderes tan discrecionales que son inauditos en un régimen democrático. Una nueva e innecesaria Ley de Seguridad Nacional, que lo mismo sirve para un roto que para un descosido, pues pretende ”proteger la libertad y el bienestar de los ciudadanos, garantizar la defensa de España y sus principios y valores constitucionales”, y añade que “todas las administraciones y organismos públicos estarán obligados a colaborar de conformidad con lo previsto en esta ley”. Finalmente, el Gobierno intenta modificar la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional presentando, a un mes de que se disuelvan las Cortes, por el trámite de urgencia y sin debate ni consenso, una reforma para poder suspender en sus funciones al Presidente de la Generalitat, si llega el caso.

Todo ello define un conjunto de leyes propias de una situación extraordinaria, convertidas en leyes ordinarias ante el posible incremento de la lucha de clases suscitada por la crisis, la pobreza, la falta de oportunidades y la marginación, o ante el aumento de la disidencia o la hipotética agudización del conflicto en Cataluña. Es decir, leyes políticas de excepción, que son el complemento de leyes económicas extremas, pues parece que la austeridad en el ejercicio de los derechos civiles es el complemento necesario de la austeridad económica y del estado de excepción laboral.

Sin embargo, el rigor que el Gobierno exige a la ciudadanía está ausente en lo que respecta a la conducta de los miembros del Partido, afectado por numerosos casos de corrupción repartidos por todo el país, sin que la afirmación de erradicar esta lacra y la promulgación de la Ley de Trans­pa­rencia hayan cambiado su intención de proteger a sus imputados, obstruir la investigación y la aplicación de la ley al intervenir en la administración de Justicia para contar con la indulgencia de jueces ideológicamente afines

En política exterior, una noción mercantil de la política ha llevado al Gobierno a proyectar la imagen de España en el extranjero como una marca. España, según el PP, no es un país con el que haya que contar, sino una mercancía, detrás de la que se esconde Rajoy como un tendero. España es una oportunidad de negocio, como han defendido los suyos para privatizar servicios públicos, sólo que ahora la mercancía es mayor porque se vende barato un país entero. Perdiendo puestos de importancia en los órganos directivos de la Unión Europea, el Gobierno lleva a España a la irrelevancia internacional, pues no se percibe la más leve intención de tener iniciativas en casos de crisis (migración, islamismo), ni de diseñar alguna prioridad en las relaciones con otros países o continentes; lo mismo da Europa, que el área mediterránea, el Atlántico, Asia o América, en particular el centro y el sur, ahora que están cambiando las cosas muy deprisa en Amé­rica Latina. Por ejemplo, Rajoy debería visitar Cuba, ahora que ya han estado allí Kerry, el rápido Hollande y el Papa, pero se lo debe impedir la doctrina FAES. Quizá esté esperando alguna indicación de Merkel en tal sentido, o que le señale algún otro punto del mapa.

Hay que aludir en este rápido balance de la legislatura al caso de Cataluña. España puede ser otra; es difícil imaginar España sin Cataluña pero hay que empezar a admitir que es posible. Dejando aparte la desconfianza que puedan merecer quienes dirigen el proceso hacia la independencia, el desafío de los soberanistas está lanzado y el Gobierno, que tanto ha hecho por atizar la tensión en el pasado arremetiendo contra el Estatut, ha tratado el tema con una mezcla de autoritarismo y desdén. Finalmente, ante las elecciones autonómicas, ha designado un cabeza de lista muy poco adecuado y sus portavoces han tenido invenciones tópicas, improcedentes o claramente imprudentes, por decirlo de modo suave. A pocas fechas de la jornada electoral, el Gobierno, con la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que ya hemos citado, intenta obtener del Tribunal Cons­titucional una decisión política que como Gobierno no se atreve a adoptar.

El balance de la estancia de Rajoy en la Moncloa durante cuatro años es funesto para la mayor parte de los españoles, al cabo de los cuales es dudoso que muchos se sientan muy españoles, mucho españoles, sino más bien lo contrario ante el mal trato recibido por parte del Gobierno, que ha actuado con opacidad, autoritarismo, centralismo, desprecio del Parlamento y servilismo ante la Troika.

El Partido Popular representa la versión actual de una derecha española egoísta y clerical, mediocre y rapaz, incapaz de go­bernar el país desde hace siglos, ensimismada y ciega, cuyo único propósito es mantener la privilegiada situación de las clases altas y de la Iglesia sobre el resto del país, y arrebañar con toda la riqueza que pueda. Es la versión actual de la vieja derecha que no supo afrontar la larga decadencia del imperio español, cuando el mundo cambiaba con rapidez, y que hizo abortar todos los intentos de modernizar el país y adaptarlo al paso de sus coetáneos europeos.

La horrenda gestión del Partido Popular, facilitada por el abuso de la mayoría absoluta y el desprecio de los procedimientos democráticos, deja la suficiente experiencia negativa y el incentivo para actuar, no sólo para desalojarle del poder cuanto antes, sino para acometer una serie de reformas institucionales que el país está precisando con urgencia y corregir en el tiempo más breve posible sus desmanes.