Desde hace bastantes años, los nacionalistas catalanes han defendido, con paciencia y a conciencia, el objetivo de lograr que “Cataluña se sienta cómoda” en España, pero parece que querían decir que Cataluña se “sintiese cómoda” al lado de España, aunque realmente lo que quieren los promotores de todo este lío es sentirse cómodos gobernando un país al lado de España, y disfrutando de una relación de buena vecindad, léase mercado español y europeo.

En septiembre de 2005, cuando el Parlament aprobó el famoso Nou Estatut, catalán promovido por el gobierno autonómico del Tripartito, pudo parecer que el problema del encaje -el “acomodo”- de Cataluña en la estructura del Estado español quedaba, si no resuelto del todo, por lo menos apaciguado por una temporada, pero no fue así.

Las reformas surgidas de la discusión en el Congreso (a lo que se opuso el PP) no satisficieron las expectativas de los nacionalistas, y mucho menos las señaladas en la tardía sentencia del Tribunal Constitucional, pero tanto CiU como ERC ya habían revelado su intención de ir más lejos.

A principios de 2003, Artur Mas, recién nombrado sucesor de Jordi Pujol, prometió que, si ganaba las elecciones, Cataluña tendría un nuevo Estatuto Autonómico con un acuerdo económico similar al del concierto vasco. Pero, celebradas las elecciones, lo que hubo fue el Gobierno Tripartito del PSC, ICV y ERC, comprometidos en reformar el Estatut de Sau, con la esperanza de que CiU lo apoyase desde la oposición. Lejos de eso, la elaboración del nuevo Estatut fue muy compleja por la pugna de CiU y ERC, que compitieron por elevar el techo de las demandas nacionalistas, por la deriva hacia el nacionalismo del PSC, por las promesas de Zapatero y por la campaña en contra del Partido Popular.

Los nacionalistas, hoy independentistas, atribuyen el origen de su radicalización al “cepillado” que, según expresión de Alfonso Guerra, recibió el Estatut en el Congreso, y a la sentencia del Tribunal Constitucional, en julio de 2010, que lo recortó y privó de valor jurídico a Cataluña como nación, pero lo cierto es que antes habían mostrado poco entusiasmo por un estatuto de autonomía que no estaba promovido por fuerzas políticas genuinamente nacionalistas, sino por fuerzas de la izquierda (recuérdese la “incomodidad” de ERC en el Tripartito).

Mas ya había formulado en 2003 su aspiración de conseguir para Cataluña un acuerdo económico como el del País Vasco. En julio de 2005, mientras aún se discutía el proyecto de Estatut, Carod Rovira advirtió: “Que no se engañe quien piense que estamos aprobando un Estatut para los próximos 30 años (...) En el momento en que haya nuevas necesidades y que se modifique la actual correlación de fuerzas, Cataluña no tiene otra salida responsable que volver a hacer un nuevo cambio institucional”. Y pocos días después, el diputado de ERC, Juan Tardá, proponía una reforma de la Constitución que recogiera el derecho de secesión, la libre federación de comunidades autónomas y que impusiera, junto con el castellano, el uso del catalán, el vasco y el gallego, como lenguas oficiales en todas las comunidades.

El Parlament catalán aprobó el Estatut en septiembre de 2005 y las Cortes españolas, después de reformarlo, lo aprobaron en mayo de 2006, y el 18 de junio siguiente se celebró el referéndum, con un resultado más bien tibio -la participación no llegó al 50% (49%), los votos afirmativos sumaron el 74% y los negativos el 21%- si se compara con el referéndum de octubre de 1979, cuando la participación fue del 59% y Estatut de Sau recibió el apoyo del 88% de los votos emitidos.

En la campaña electoral previa al refrendo, ERC solicitó el voto negativo para el Nou Estatut, lo mismo que el PP y Ciutadans.

En julio de 2010 se conoció la sentencia del Tribunal Constitucional, que dio lugar a una gran manifestación de protesta en Barcelona, y en noviembre de 2010, tras una Diada clamorosa, Mas ganó las elecciones y desalojó al Gobierno Tripartito presidido por José Montilla. En su discurso de investidura anunció que Cataluña iniciaba un proceso de transición nacional y que, utilizando una metáfora marinera, “fijaba un rumbo de colisión”. Lo cual habla de las intenciones del navegante.

En septiembre de 2012, después de una Diada multitudinaria, Rajoy recibió a Mas en La Moncloa y rechazó la posibilidad de negociar un pacto fiscal para Cataluña por ser contrario a la Constitución, pero le ofreció acogerse al Fondo de Liquidez Autonómico. A partir de ahí Mas decidió apretar el paso.

Desde entonces, con la eficaz colaboración del Gobierno de Rajoy, que ha conseguido doblar el número de independentistas, el llamado problema catalán no ha hecho otra cosa que crecer y que correr. Entre trucos, fintas, argucias legales, amagos, titulares de prensa, hojas de ruta, eufemismos, declaraciones, manifestaciones, diadas y ondear de banderas, Mas, entre bromas y veras, ha ido avanzando paso a paso hacia su objetivo, aumentando el número de partidarios del soberanismo y marcando la agenda política de sus adversarios, precisando el tiempo, los temas y señalando las fechas más convenientes para sus planes. Montado sobre la ola de la indignación ciudadana contra los efectos de la crisis, las medidas de austeridad y la corrupción política, Mas ha tratado de eludir, hasta ahora con bastante éxito, la responsabilidad de su gobierno en el modelo económico fracasado, en las medidas de austeridad aplicadas y en los casos de corrupción que le salpican (financiación ilegal de CiU, 3%, caso Pujol Ferrusola, entre otros) y desviarla hacia el Gobierno de Madrid (“España nos roba”), mediante dosis exageradas de victimismo.

Utilizando sin recato los medios de información públicos como aparatos de propaganda de CiU, además del apoyo de los privados, Mas ha logrado transmitir a la población catalana el mensaje de que Cataluña está enfrentada a España por un agravio impagable, un expolio continuo y un conflicto histórico, que, ante la negativa del Gobierno central a cambiar el marco de relaciones, tienen como única solución una separación preferentemente amistosa.

La eficaz colaboración de organizaciones nacionalistas financiadas con dinero público para mantener enardecidos a sus muchos partidarios suscitando la animadversión hacia España (“los españoles nos odian”), ha logrado la tensión necesaria para que la movilización social haya ido respaldando los pasos dados por Artur Mas: una Diada multitudinaria en 2012, las elecciones anticipadas en noviembre de 2012, en las que CiU, con 50 escaños, perdió 12; el fracaso de una consulta pactada (carta a Rajoy) y el simulacro de refrendo el 9 de noviembre de 2014; otra Diada multitudinaria; la ruptura con su socio Unió Democrática y un simulacro de elecciones plebiscitarias el 27 de septiembre, en las que Mas concurrió emboscado en la lista “Junts pel Sí” (CDC, ERC e independientes), con un resultado poco halagüeño (48% de votos a partidos nacionalistas, 52% a los unionistas), como pasos hacia la anunciada secesión unilateral de Cataluña.

“No hay vuelta atrás, ni Tribunal Constitucional que coarte la democracia, ni Gobiernos que soslayen la voluntad de los catalanes”, aseguraba, el pasado seis de septiembre un texto dirigido a los españoles firmado por Artur Mas, Raúl Romeva, Carme Forcadell, Muriel Casals, Oriol Junqueras, Lluís Llach, Germá Bel y Josep María Forné. Decisión ratificada, a pesar del resultado electoral, por un documento acordado por Junts pel Sí y la CUP, el 27 de octubre, instando al Parlament a iniciar el proceso de fundar un Estado independiente en forma de república y a abrir un proceso constituyente, y al futuro gobierno catalán a cumplir exclusivamente las leyes emanadas del Parlament.

El barco ha seguido el rumbo trazado y tenemos a la vista la última singladura: la colisión, que el texto propuesto llama “desconexión democrática”, se producirá el día 9 de noviembre, fecha en la que han de coincidir la discusión y aprobación de esta declaración de independencia y la investidura de Artur Mas como President del Govern de la Generalitat y presunto primer President de la nueva Cataluña independiente. Ahí queda eso.