La presentación del acto “Queremos respirar. ¡Entendeos”, a favor de la formación de un gobierno de izquierda, promovido por Trasversales y celebrado el día 16 de febrero de 2016, en el Centro Cultural Galileo de Madrid, hecha por el autor del artículo, se basó, de forma más resumida, en este texto.

El triunfo de la voluntad

Estamos asistiendo, en una fase bastante avanzada, a la construcción de un orden mundial que se nos presenta como resultado de una lógica tan inevitable como lo son las leyes de la naturaleza, ante el cual las personas debemos doblegarnos y aceptarlo como si fuera un fatal destino, pero que, en realidad, responde a un diseño humano (no humanitario, pero sí pergeñado por seres humanos), a un proyecto llevado adelante con la firmeza necesaria para tratar de imponerlo en todo el mundo, que por los resultados, y tomando el título de una de las películas de Helene “Leni” Riefensthal, la propagandista del III Reich, podemos calificar de triunfo de la voluntad.

Se trata del último proyecto utópico de matriz occidental del siglo XX, un siglo pródigo en utopías fracasadas, en intentos de erigir sociedades ideales, en unos casos mejores que las precedentes y, en otros, experimentos aterradores por su crueldad.

La nueva utopía está impulsada con menos ruido pero con más medios y más determinación que la efímera utopía precedente, que rompió la glaciación de los años de la guerra fría sacudiendo Oriente y Occidente.

La utopía de los años sesenta, pues a esa me refiero, era la bulliciosa utopía de gente, que desde el punto de vista político y económico contaba poco o no contaba nada; era una utopía de jóvenes airados, de hippies y melenudos, de cantautores protestones y de estrellas del rock, de guetos y barrios pobres, del poder negro, de estudiantes revoltosos y de trabajadores insumisos, de mujeres, homosexuales y lesbianas, de minorías raciales y sociales, de ecologistas, de antinucleares y de pacifistas.

Aquello parecía lo que hoy, tomando el calificativo de los movimientos sociales del norte de África, llamaríamos “una primavera”, porque lo fue durante casi una década en Estados Unidos, lo fue en Berlín (1967), en Praga (en el 68, el efímero experimento del socialismo con rostro humano), en París en el famoso mayo del 68, y que luego, en Italia, en el año 69, fue un otoño caliente, obrerista y sindical.

También se dejó notar en Méjico, en América Latina, en Japón y en otros lugares la oleada liberadora, que quiso poner en marcha formas de vida alternativas, proyectos solidarios, comunitarios, cooperativos; sueños colectivos. Amanecía un nuevo mundo, pero las cosas tomaron un rumbo imprevisto.

Chocando contra el orden existente, la oleada fue perdiendo fuerza y a mediados de la década del setenta aparecieron los primeros fríos de lo que habría de ser una nueva y larga glaciación política, que empezó en los años ochenta, bajo los mandatos de Ronald Reagan, en Estados Unidos, y Margaret Thatcher, en Gran Bretaña, quienes “urbi et orbi” proclamaron el nacimiento de la nueva utopía neoliberal y conservadora. Pero a diferencia de la utopía de los años sesenta y de las utopías del siglo XIX, provenientes de los trabajadores, de las clases subalternas, de los condenados de la Tierra, como decía Frantz Fanon, que hablaban de un mundo sin explotadores ni explotados, sin capitalismo… la utopía neoliberal surgía precisamente del corazón del capitalismo, de los barrios ricos, de las grandes empresas, de los foros de los poderosos, pensada por los que manejan los hilos de la economía y gobiernan el mundo.

La nueva utopía está diseñada en universidades y fundaciones conservadoras e impulsada por el Consenso de Washington, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial del Comercio, por Wall Street y la bolsa de materias primas de Chicago, por la City londinense, el Deutsche Bank y el BCE, por Bruselas; por la Trilateral, el Club Bilderberg y el foro de Davos, y persigue fundar el nuevo reino de Jauja, que es el mercado libre y desregulado en todo el planeta.

En teoría, sus defensores quieren hacer realidad la metáfora de la mano invisible, con que Adam Smith defendía en el siglo XVIII las ventajas del capitalismo naciente; el mercado era, según el filósofo escocés, el ámbito en el que oferentes y demandantes, compradores y vendedores satisfacían sus necesidades, de lo cual resultaba el bienestar general. Pero el mito del mercado libre, que nunca existió, esconde las aviesas intenciones de sus patrocinadores, que no son trabajadores, tenderos o pequeños comerciantes, sino monopolios, oligopolios, empresas transnacionales y grandes corporaciones, que no aspiran a utilizar el mercado para satisfacer necesidades ajenas con un beneficio razonable, sino a satisfacer, por encima de otras consideraciones, su propio interés; no aspiran a competir en el mercado sino a dominarlo, por las buenas o por las malas.

Lo que se esconde detrás de la etiqueta del mercado libre o desregulado es el capitalismo global, el capitalismo salvaje, que no reconoce fronteras nacionales ni regionales; el capitalismo desatado, sin frenos legales ni morales, ante el cual, los países deben abrir sus puertas de par en par y abandonar cualquier limitación que dificulte el tránsito de mercancías y sobre todo el paso del capital financiero al moverse por todo el mundo buscando la máxima rentabilidad (“La codicia es buena”, dice Gordon Gekko, el especulador financiero interpretado por Michael Douglas en la película Wall Street), en un mercado bursátil que funciona las 24 horas, todos los días del año, para facilitar una especulación constante; un flujo inmediato, inmaterial, permanente y planetario, que, según el director de “Le monde diplomatique”, Ignacio Ramonet, son rasgos propios del mismo dios.

España y la nueva utopía

La Unión Europea forma parte de la utopía neoliberal conservadora, y también España, tanto en la fase de auge económico, que se impulsaba incentivando el consumismo y el crédito barato, como de recesión, cuando se han acentuado los rasgos más antisociales del proyecto con las medidas de austeridad. Pero España es distinta, “Spain is different” como decía Fraga, y bajo el gobierno de sus herederos la utopía presenta diferencias respecto al entorno europeo, no sólo económicas sino políticas, especialmente agudas en la última legislatura.

La nuestra es una utopía neoliberal impulsada por un gobierno intervencionista y autoritario en grado sumo, que defiende un mercado libre pero controlado en sectores estratégicos por oligopolios privados, protegidos por un Estado opaco y sordo a las demandas ciudadanas, que ofrece el espectáculo de un capitalismo de amigotes y una democracia de parientes y clientes; es un presunto mercado libre con la bendición episcopal, una utopía neoliberal con olor a sacristía y un penetrante tufo a corrupción y saqueo de fondos públicos, que para extenderse necesita acabar con el Estado del Bienestar, con derechos civiles y garantías sociales y con cualquier forma de resistencia o disidencia mediante leyes que son propias de momentos de excepción. Pues la lógica legislativa del Gobierno ha sido acomodar el orden jurídico a las necesidades de la economía, adecuar la acción del Estado a la evolución del Mercado, asumiendo los cambios políticos que precisa el ámbito económico para que el gran capital recupere la tasa de ganancia que había perdido con el estallido de la crisis. En este aspecto, la legislatura ha supuesto una gran transformación del orden constitucional sin haber planteado de forma clara y abierta la reforma de la Constitución.

Con estos mimbres, para los asalariados y los estratos más bajos de la clase media, para los trabajadores y las clases subalternas, el balance de la última legislatura es terrorífico, tanto por la pérdida de poder adquisitivo, el deterioro de las condiciones laborales y la pérdida de garantías sociales por el ataque al Estado del Bienestar, una pieza denostada por los neoliberales, porque otorga derechos a todos y protege a los más débiles, y una pieza codiciada por el capital privado porque atesora cerca del 33% del PIB.

El destrozo

El balance de la legislatura es pavoroso. España no se ha recuperado de la peor recesión económica desde la muerte de Franco, porque España no es el Ibex 35 y los beneficios de las grandes empresas y las grandes cifras manejadas por el Gobierno no pueden ocultar que la recuperación, que ha perdido fuerza a finales de 2015, no alcanza las cifras previas a la crisis, ni pueden escamotear los dramas cotidianos de millones de personas.

La legislatura ha concluido con 625.000 parados más de los que dejó Zapatero. Tras haber llegado al 27% de la población activa en abril de 2013, la tasa de paro se ha reducido hasta el 21%, pero aún dobla la tasa europea (10,5%), y deja 2,5 millones de parados de larga duración, 3,5 millones de parados sin subsidio, 866.000 jóvenes menos trabajando y más de 300.000 obligados a emigrar; el 66% del empleo creado en 2015 es temporal (el 25% de los contratos dura menos de una semana) y las condiciones del empleo las fijan las empresas de modo unilateral. Como consecuencia se ha alargado la jornada laboral y han aumentado las horas extraordinarias no pagadas, que en 2015 llegaron a un promedio semanal de 3,5 millones de horas trabajadas y no retribuidas.

A pesar de haber subido los impuestos generales (las grandes empresas pagan menos, tributan al 7% y las multinacionales al 3%), tenemos menos sanidad pública, y más privada (peor y más cara), peor enseñanza primaria, secundaria y universitaria, menos inversión en innovación e investigación, peor atención a los dependientes y a las personas más necesitadas de apoyo social, y una merma del 52% en el Fondo de Reserva de la Seguridad Social.

Cuando Rajoy llegó a la Moncloa, el fondo tenía 66.815 millones de euros, al acabar 2015, contaba con 32.481 millones (34.334 millones de euros menos). Pero, aun así, todo eso no ha servido para cumplir el objetivo de reducir la deuda pública, ni tampoco el déficit, a pesar de las trampas en las cuentas, pues la Unión Europea exige subsanar un desfase de 13.000 millones de euros en los presupuestos, que habrá que sacar de algún lado.

Durante el mandato Rajoy la deuda pública ha superado en 326.000 millones de euros la que dejó Zapatero, y con 1,069 billones de euros llega al 98,8% del PIB. Es la deuda pública más alta en un siglo, un dato digno de la “Marca España”. Cinco millones de personas padecen pobreza energética, cuatro millones de empleados ganan menos de 1.000 euros al mes, 1.700.000 hogares carecen de ingresos y 250.000 dependientes esperan ser atendidos. Casi 12 millones de personas están afectadas por la exclusión, el poder adquisitivo de los salarios ha bajado un 22% desde 2008, pero en contraste el 10% de las personas más ricas acumula el 43% de la riqueza nacional. Según un estudio de la OCDE, la crisis ha generado en España un 40% más de ricos, una de las tasas más altas del mundo, con lo cual el autoritario Gobierno de Rajoy se sitúa en buena posición en la tendencia internacional de concentrar la riqueza mundial en pocas manos, que es la meta de la utopía neoliberal.

Por cómo ha dado forma jurídica a esta contrarreforma, el mandato de Rajoy ha sido uno de los más autoritarios y menos democráticos, pues ostenta la triste marca de haber rechazado 105 comparecencias en el Congreso y abusar de un procedimiento legislativo de urgencia, con 73 decretos leyes sobre 143 proyectos de ley presentados en el Congreso hasta el pasado mes de agosto.

Rajoy dejó varias controvertidas leyes en el último tramo de su mandato: la “ley mordaza” (Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana), que restringe derechos civiles fundamentales y otorga a las fuerzas de seguridad del Estado unos poderes tan discrecionales que son inauditos en un régimen democrático; una nueva e innecesaria Ley de Seguridad Nacional, que lo mismo sirve para un roto que para un descosido; la Ley de Enjuiciamiento Criminal, rechazada por todos los sectores de la administración de justicia, pues, para algunos juristas persigue la impunidad de los grandes casos de corrupción al reducir los plazos de instrucción de los sumarios. Finalmente, el Gobierno, un mes antes disolver las Cortes, presentó, por el trámite de urgencia y sin debate ni consenso, la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (Ley Orgánica, 15/21015) para poder suspender en sus funciones al Presidente de la Generalitat, si llega el caso.

La horrenda gestión del Partido Popular, facilitada por el abuso de la mayoría absoluta y el desprecio de los procedimientos democráticos, deja la suficiente experiencia negativa y el incentivo para actuar, no sólo para desalojarle del poder cuanto antes sino para acometer una serie de reformas institucionales, que el país está precisando con urgencia, y corregir en el tiempo más breve posible los efectos de sus desmanes.

Final

Por el empeoramiento de las condiciones laborales y de vida, el alarmante aumento de la desigualdad, el deterioro de las instituciones, la magnitud de la corrupción (y la impunidad de los corruptos) y, claro está, por la indignación ciudadana, están dadas varias de las condiciones precisas para empezar a poner término a la España disuasoria, a la madrastra que maltrata a sus hijos, genera desapego en muchos ciudadanos y un afecto interesado en los privilegiados, y para tratar de corregir nuestra ancestral aversión al diálogo y la perpetua afición al estropicio, que han sido ocupaciones preferentes en los dos últimos siglos.

Un gobierno de izquierdas en España podría contribuir a cambiar la correlación de fuerzas en Europa en favor de las corrientes contrarias a la utopía neoliberal, pero para que tales expectativas empiecen a ser viables, el Partido Popular, el partido de la crispación, de la privatización, de la opacidad y de la corrupción no puede volver a gobernar.

En este momento, el dilema es el siguiente: o España o el Partido Popular, o se atienden los intereses de las minorías económica y políticamente mejor situadas, defendidas por Rajoy, o prevalecen las necesidades del resto del país. Este es el drama.

Madrid, 16 de febrero, de 2016.