Según
una información del diario El País (12 de septiembre),
los ciudadanos de este país tendremos que asumir las
pérdidas irrecuperables de los rescates bancarios. La
cantidad ascendería aproximadamente a 26.300 millones
de euros, lo que supone aproximadamente un 2,6% del
Producto Interior Bruto de España.
Algunos
economistas consideran que es una estimación a la
baja. Los costes serían mucho mayores. También, el
mismo diario, informaba que los recortes en sanidad y
educación a lo largo de los cuatro años de la crisis
ascendieron a 16.000 millones de euros. Estaríamos
hablando, por lo tanto, de que gracias a ellos se
perdieron en la sanidad pública más de 50.000 puestos
de trabajo, 7000 en la comunidad de Madrid); se
introdujeron nuevas formas de copago sanitario; se
aprobó el RD 16/2012 por el que se acababa con la
sanidad universal dejando a 800.000 personas sin
cobertura; se privatizaron centros públicos y otros se
dejaron morir con el objetivo de trasladar a una parte
de la población madrileña a centros privados
(actualmente un millón de personas); se les privó a 3
millones de funcionarios de una paga extra; se rebajó
el salario en un 15% en los años de la crisis; se
aumentó la jornada laboral… y así sucesivamente.
Y
mientras todo esto ocurría, el sueldo de los
consejeros de la banca (rescatada) aumentó de forma
escandalosa. Juan María Nin de Caixabank cobró el año
pasado 16,5 millones de euros; Ana Botín casi 9
millones; las diferencias salariales entre empleados y
consejeros accionistas se multiplicaron por siete.
Esta es la cruda realidad.
Los
rescates bancarios se han hecho en la mayoría de los
casos con dinero público y una parte más pequeña con
los fondos de las entidades bancarias (11.711 millones
de euros). La mayoría de las entidades rescatadas han
seguido siendo dirigidas por las mismas empresas y en
manos de los mismos dueños. En el caso de las Cajas de
ahorro (Bankia), en teoría una entidad pública, el
gestor puesto por el gobierno es el anterior consejero
del BBVA y su funcionamiento sigue operando con los
mismos cánones que un banco privado (no hay crédito
que ayude a las familias, el pequeño comercio, los
autónomos).
Mientras
tanto estas entidades (resucitadas con el dinero de
los ciudadanos) han seguido desahuciando a las
familias que no podían pagar hipotecas e invirtiendo
los ahorros en los fondos buitres y en productos
basados en la pura especulación. En el año 2008 se
acababa el pelotazo financiero y la burbuja
inmobiliaria pero los efectos de la misma la han
pagado las clases trabajadoras y las clases medias,
como muestran todos los informes que han hecho los
organismos públicos e incluso las fundaciones
privadas.
Hay
dos grandes argumentos que los portavoces del
Neoliberalismo han utilizado machaconamente durante el
período de la crisis. El primero, que el rescate
bancario era necesario porque no se podía dejar hundir
el sistema financiero español ya que traería
consecuencias gravísimas a las familias. Eso es falso.
No lo hicieron por los ciudadanos sino por mantener un
modelo económico capitalista basado en la explotación
y la desigualdad social. A las pruebas nos remitimos.
Fuero
los gobiernos del PP (especialmente) pero también del
PSOE (fue el gobierno de Zapatero el que modificó con
los votos de ambos partidos el artículo 135 de la
Constitución, según el cual se anteponía el pago de la
deuda a cualquier otro tipo de gasto público). Ellos
podrían haber nacionalizado las entidades financieras
en quiebra (ya que se salvaron con dinero público),
pero hicieron todo lo contrario: pusieron a los zorros
a cuidar los gallineros. El resultado está a la vista
y, por lo que apuntan los informes actuales, los
bancos, constructoras e inmobiliarias están volviendo
en el 2015 y 2016 a invertir en el ladrillo con riesgo
de una nueva burbuja.
El
segundo argumento que se ha demostrado falaz es el de
que el mejor sistema económico es el capitalismo
liberal que funciona al margen de las regulaciones de
las instituciones públicas, de las rigideces del
Estado de bienestar, de los derechos de los
trabajadores. Un sistema sin “proteccionismo” ni leyes
estatales. Pues bien, a las pruebas nos remitimos, ese
sistema es una gran mentira porque no sólo ha entrado
en una profunda recesión, sino que para sobrevivir, es
el Estado el que está rescatando a los capitales
privados, a los bancos y grandes empresas. Es el
Estado (con el dinero de los ciudadanos) el que está
engrasando y reparando una maquinaria que se rompió,
tanto por razones estructurales como por la inmensa
orgía financiera especulativa que provocaron los
Mercados financieros (llegando a mover un volumen de
capitales sesenta veces mayor que el Producto Bruto
Mundial).
En
el 2016 siguen planteadas las mismas cuestiones que
pusieron sobre la mesa los movimientos sociales y
trabajadores como el 15M o las Mareas: no al pago de
la deuda privada con nuestros salarios y nuestros
derechos; los recortes en sanidad y en los servicios
públicos han provocado sufrimiento y muerte. En
definitiva: además de una crisis social, es una
estafa.