Trasversales
Luis M. Sáenz

Hacer social y hacer institucional: tensiones y complicidades

Revista Trasversales número 38 julio 2016

Textos del autor en Trasversales



Sin conocer aún los resultados de las elecciones generales del 26/6/2016, que no deberían haber tenido lugar cuando el 20D dejó al PP en situación de imposible investidura, sí puede decirse que los cambios institucionales producidos desde marzo de 2015 han reavivado y resituado el debate sobre los vínculos, tensiones o complicidades entre el "hacer social" y el "hacer institucional", así como sobre sus límites y potencialidades.


Un provisional balance

Es positivo el balance de los ayuntamientos del cambio y de lo hecho en los parlamentos autonómicos en los que han entrado con capacidad condicionante movimientos políticos vinculados a la indignación social. Al menos, han sido una mejora significativa. En ellos se ha producido un ahorro considerable al eliminar gastos innecesarios e incluso gastos "corruptos", hay más sensibilidad social, etc. Ese juicio positivo es compatible con valoraciones críticas. La confluencia de fuerzas que permitió esos cambios cualitivativos en el mapa institucional incluye sectores con una visión tradicional de la política ("cambio desde arriba", participación ciudadana plebiscitaria o en asuntos de poca monta, etc.) y sectores surgidos del activismo social con una visión más democrática y profunda del cambio. Pero, en todo caso, esa nueva presencia ha sido un avance, sin dejar de reconocer los errores cometidoss: por falta de experiencia, por precipitación, por una estrategia errada, por miedo al aullido de la reacción, por no escuchar a la gente, por adaptarse a ritmos y protocolos heredados, por no haberse rodeado de los equipos adecuados, por concepciones de gestión institucional que no han roto con la vieja idea de que "tú me votas, yo actúo en representación tuya". Por ejemplo, en Madrid ha habido distritos y áreas donde ha sido fácil un diálogo con las concejalas y concejales correspondientes, y otros en los que miran con desconfianza al entramado asociativo salvo si está muy institucionalizado.

En líneas generales, el activismo social ciudadano está sabiendo distinguir entre quienes se abren al diálogo y la participación, aunque los cambios sean lentos, y quienes se mantienen en"torres de marfil". Pero incluso quienes están en las instituciones "de nuestro lado" y escuchan a la sociedad no deben pedir tregua, porque las emergencias sociales requieren soluciones YA, sea cual sea la herencia recibida y sean cuales sean los protocolos y normativas vigentes.

Esa dinámica de tensión (segura) y colaboración (posible) queda bien reflejada en el saludo de la Red de Solidaridad Popular de Latina-Carabanchel a las personas asistentes a la inauguración de su nuevo local, cedido por el gobierno municipal: "Por descontado, no nos es indiferente quien gobierne. Con el anterior gobierno municipal no estaríamos hoy aquí, en este local. Así que de nuevo gracias. Pero, como ya sabéis, vamos a seguir presionando, exigiendo y reivindicando, vamos a ser pesados como una lapa, en nuestras juntas municipales y también ante el gobierno municipal y, muy especialmente, ante el Área de Equidad, porque nuestra tarea es hacer posible lo necesario. Sí, sabemos que las competencias de un ayuntamiento son limitadas, que la comunidad de Madrid y el gobierno de España están en manos menos sensibles al sufrimiento social. Dicen que 'las cosas de palacio van despacio', pero aquí no nos lo podemos permitir, porque el hambre o el estar sin techo no son problemas que puedan esperar, corren que se las pelan".

Los límites de la institución

La idea de que los nuevos gobiernos "de progreso" disolverían rápidamente todos los problemas era una ilusión, inútil como todas las ilusiones. Por buenas intenciones que tengan y aunque no cedan ante las tentaciones que el sistema ofrece, la acción institucional tiene límites. Muchas concejalas y concejales de ayuntamientos del cambio sufren por no poder hacer lo necesario al ritmo necesario pese a esforzarse. Sin embargo, conviene distinguir los tipos de límites que tiene la acción institucional.

- Los límites "parlamentarios". La mayor parte de los "ayuntamientos del cambio" se gobiernan sin mayoría absoluta. Ahora Madrid tiene 20 de 57 concejales, Bar­celona en Comú 14 de 41, Compromís más Valencia en Comú tienen 12 de 33 en Va­lencia, Zaragoza en Común más CHA 11 de 31, Compostela Aberta 10 de 25, Marea Atlántica 10 de 27 en A Coruña, Guanyem Badalona En Comú más ICV-EUiA suman 7 de 27, etc. Esto implica dependencia de otros grupos para sacar adelante decisiones en el pleno. Hay que asumirlo, pues, aunque sea de forma distorsionada, refleja una realidad social, las negociaciones y cesiones no pueden eludirse. Sin embargo, los ayuntamientos del cambio pueden expandir esos límites si cuentan con las vecinas y ve­cinos. Si se abre el debate social en torno a problemas que afecten realmente a la gente y se proponen soluciones sensatas y bien explicadas, con ánimo de mejorarlas a la luz de ese interrelación, será más fácil que el PSOE u otros grupos -de los que habrá que recoger lo que de sensato haya en lo que digan- se inclinen a apoyar esas iniciativas, que pueden requerir también movilizaciones, en la medida que surjan desde abajo y no sean"montajes" de aparato.

- Los límites heredados. Los "ayuntamientos del cambio" se han encontrado con contratos con grupos empresariales sobre bases perjudiciales para el ayuntamiento y las vecinas y vecinos. Recientemente se de­nun­ció el contrato firmado en Madrid para "mantenimiento de estaciones metereológicas" (sólo hay una) por el que se han pagado ya 1,5 millones de euros desde su firma en 2005; en 2015, en concreto, se han pagado 192.000 euros por el mantenimiento de una sola "estación metereológica" de tipo casero, cuyo importe en el mercado es de unos 700 euros. El contrato es hasta ¡2040!, por un coste total de unos 8 millones de euros. Frente a otras "mamandurrias" es "cosa menor", pero muy ilustrativa.

El Ayuntamiento de Madrid se ha encontrado también con dificultades (incluida la reacción corporativa de algunos sindicatos) para remunicipalizar los servicios de limpieza o de la Agencia de actividades, cosa que aún no se ha hecho y sobre la que tengo la sensación de que se ha tirado la toalla, lo que sería un grave error (en el plan de limpieza presentado el 19/9/2015 no hay ni rastro de ningún proyecto remunicipalizador y se da una visión idílica de las actuales relaciones con los grandes grupos capitalistas que prestan el servicio). No es fácil, pero hay que intentarlo, buscar caminos, y mientras no se logra hay que dar una explicación clara a la población sobre los impedimentos existentes, pues sólo apoyándose sobre ella y sus intereses podrán superarse los obstáculos puestos por grupos oligárquicos muy poderosos, por rutinas burocráticas o por visiones corporativas. Es positivo que existan iniciativas ciudadanas que se ponen en marcha sin esperar a lo que se haga "arriba", como la Plataforma de Tra­ba­jador@s y Vecin@s por la Remu­ni­cipalización y Gestión directa de los Ser­vi­cios Públicos de Madrid o la presentación por parte del Instituto de Ciencias Económicas y de la Autogestión de un proyecto concreto para la Remunicipalización cooperativa de los servicios públicos de limpieza del municipio de Madrid. La cuestión es: ¿son capaces los gobiernos municipales de entrar en contacto con esas iniciativas y de prestarles atención?

Otros terrenos en los que hay límites heredados son:

a) Normas, protocolos y ordenanzas municipales que no miran por el bien común, cuya revisión debería abordarse con diligencia, escuchando a los colectivos sociales implicados y a las vecinas y vecinos.

b) La desidia, incapacidad o mala voluntad de viejos equipos directivos hostiles políticamente al nuevo proyecto o incluso por algunos nuevos equipos que se adaptan a lo que encuentran.

- La limitación de competencias y las leyes de rango superior. La actividad municipal tiene que considerar también la legislación de las comunidades, del Estado y de la UE. No tendría sentido pedir a un ayuntamiento que modifique la legislación laboral, aunque sí que colabore en la lucha por modificarla. Sin embargo, eso no significa que haya que acatar todo el marco de competencias así definido, en primer lugar porque el espacio de transformación social y política es inevitablemente multiterritorial y hay que trabajar en todos los espacios locales, regionales, "estatales" y europeos, articulando lo municipal con los otros ámbitos. Ahora bien, los "ayuntamientos del cambio" deben buscar vías pa­ra defender las necesidades e intereses de la población.

Así, según la Ley 27/2013 impuesta por el PP los municipios no tienen competencias sanitarias, salvo la conservación o mantenimiento de centros sanitarios asistenciales de titularidad de la Comu­nidad Autónoma si se la delega ésta, pero hay una zona de ambigüedad que permite cubrir espacios en ese ámbito, teniendo en cuenta que cuanto más útiles sean a la ciudadanía más fácil será defender esa gestión ante intentos de desmantelarla. En este ámbito, la campaña "Madrid sí cuida" lanzada desde el Área de Salud contra la exclusión sanitaria es un positivo ejemplo. La relación de un "ayuntamiento de cambio" con una Ley como 27/2013 sólo puede ser conflictiva; aplicada estrictamente podría llevar a quitar a los ayuntamientos todas las competencias en materia de servicios so­ciales, salvo "Eva­luación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social", lo que resultaría de una gravededad extrema, por lo que hay que prepararse no sólo para eludir o amoldar los límites de la ley sino incluso, en situaciones extremas, para desobedecerla desde las instituciones municipales, lo que puede tener consecuencias... de la misma forma, pero con más protección, que pueden tenerla las acciones de las y los activistas que ponen su cuerpo y su inteligencia para parar desahucios.


La limitación estructural

La más asfixiante de todas las limitaciones es la limitación estructural por el capitalismo global y oligárquico que constituye el contexto de toda acción social y política. El caso de Grecia demuestra que tratar de derruir esos límites desde una actitud "soberanista" es mera ilusión. No basta con que un gobierno decida hacer esto o aquello para que, milagrosamente, se evaporen las limitaciones y constricciones derivadas de las características esenciales del sistema en que vivimos, ante el que la "autarquía" o el "repliegue nacional" no es solución. La realidad es que esto no funciona con un simple "me voy", de la misma forma que cuando un incendio asola tu barrio es mejor tratar de apagarlo junto a otras personas que encerrarse en tu casa con cubos de agua preparados para cuando lleguen las lla­mas. De hecho, un gobierno dispuesto a enfrentarse con las injusticias y con los intereses de la oligarquía siempre estará en condiciones mucho más difíciles que los gobiernos que están en connivencia con ella y que defienden sus intereses y no los de la mayoría. La razón es sencilla: la vida del país, de Europa y del mundo está articulada en torno a un sistema que genera y reproduce oligarquía, así que defender a ésta es marchar a favor de la corriente. La fuerza de un gobierno como el de Rajoy emana de la fuerza, enorme, de la oligarquía y de toda la "alta sociedad" económica, política, dinástica, clerical, deportiva o mediática, la "burguesía" de los papeles de Panamá o de la Castellana, cuyo grado de corrupción es muy elevado. Por el contrario, un gobierno con voluntad de igualdad y democracia, ya sea municipal o aún más el del Estado, tendrá en contra a toda esas élites y, peor aún, a la dinámica "espontánea" del funcionamiento del sistema, además de que será muy relativa su capacidad de control sobre nodos claves de los aparatos de Estado que han sido formados durante dé­cadas, incluso siglos, como máquinas de defensa del orden jerárquico y clasista. Pero, claro está, a la gente en nada le conviene que Rajoy u otro gobernante "gobierne fácil" si va a gobernar contra la gente.

Ser conscientes de esto no debe desanimarnos. Tomar por fácil lo difícil, o por inmediato lo que aún está lejano, no ayuda a conseguirlo, asegura que no se avanzará. El principal error de la estrategia de cambio a través de un poder estatal dirigido por una minoría destinada a "liberar" al pueblo o incluso a "crear pueblo" es que la fuerza que cree poder encontrar al estar "arriba" no será suya, salvo que se adapte al orden existente y pase a defenderlo. La fuerza contra "los de arriba" sólo puede emanar de "abajo" y ese "abajo" sólo puede ser fuerte a través de su propio proceso de aprendizaje, de democracia, de auto-organización, etc. Por ello, la capacidad y disposición a aprovechar toda oportunidad que surja de mejorar las cosas, incluidas las oportunidades institucionales y electorales, debe convivir con la tenaz paciencia de una lucha social que será larga. Sólo con esa tenacidad ciertas ideas y propuestas pueden llegar a hacerse hegemónicas; un ejemplo de ello puede ser la campaña de la plataforma PPiiNA, nacida en 2005 y vista inicialmente como una extravagancia, pero de tanto sentido común que la tenacidad del esfuerzo se ha ido abriendo camino y ninguna fuerza política se atreve ya a expresar abierto desacuerdo, balbuceando sólo que no es el momento o deformándola con fórmulas que son totalmente opuestas, como la que figuraba en el pacto entre PSOE y Ciudadanos. De cara a laselecciones del 26 de junio la propuesta ya figura claramente en el programa de Unid@s Podemos. Cito este ejemplo porque las batallas legislativas se ganan en una persistente batalla social previa, como pasó con la ley que canceló los criterios discriminatorios en el matrimonio, aunque luego haya que aprovechar el momento político (Rajoy no lo habría hecho, Zapatero sí). Desde luego, comparto la idea de que vivimos una situación de emergencia que requiere un cambio urgente. Un cambio que será limitado pero que debe dar un respiro a la población que peor lo está pasando; hay que ir a por él ya. Pero para conseguirlo no basta la ilusión, es necesario acumular la fuerza para ello, y esa fuerza está "abajo". Y si es posible -aunque no fácil- proponérselo es porque todo indica que las grandes líneas de lo que sería un plan de emergencia social ya están asumidas por la mayoría de la población.


En las instituciones

La conciencia de los límites es imprescindible. Si un gobierno tratase de llevar adelante políticas de cambio social y democrático intensas, ¿cómo poder superar, parcialmente, la dificultad que supone el límite estructural antes citado? ¿De dónde sacar las fuerzas que los gobiernos reaccionarios obtienen del apoyo de la oligarquía y del funcionamiento "natural" del sistema vi­gente? Sin duda, sólo hay una respuesta posible: de la gente, de la población, y no só­lo a escala de un Estado.

Entiendo que si tantos son los límites de la institución y si en definitiva la fuerza primordial para el cambio no reside en ésta sino en la potencia de las clases subalternas, en nuestra organización, en nuestra conciencia, en nuestra capacidad de aprendizaje y de experimentación cooperativa, en nuestras luchas, bien podemos preguntar: ¿para qué entonces participar en las instituciones actuales?

Sin embargo, ser conscientes de los límites de las instituciones estatales, regionales o municipales (o de la UE) en el marco del capitalismo global no implica que su uso sea inútil y que haya que dejar esas herramientas en manos de las oligarquías dominantes que las usan en cuanto origen de legislación, máquinas de represión y como correas de transmisión que les permiten fingir que no dominan ellas sino "el pueblo representado"; dificultar, aunque sea provisionalmente, el uso de esas instituciones a favor de las oligarquías, perturbar, aunque sea por algunos periodos, esa "concordancia" entre clases dominantes e instituciones políticas de gobierno, es útil. En segundo lugar, y aún más importante, porque desde esas instituciones se pueden hacer cosas que, sin derribar el sistema, mejoren la vida de la gente, al menos durante el tiempo en que haya una fuerza social capaz de defender los logros obtenidos, y además incidir sobre otros territorios (por ejemplo, la supresión en España de las discriminaciones en el matrimonio provocó una reacción en cadena internacional).

A estas alturas todo indica que tras las elecciones del 26 de junio la opción institucional mejor, o menos mala, sería un gobierno basado en algún tipo de acuerdo entre Unid@s Podemos y PSOE, aunque creo que va a ser difícil que el núcleo dirigente del PSOE acepte esa vía, salvo irrupción de una movilización social muy fuerte. De hecho, el portavoz del PSOE ya ha dicho que no van a pactar con Podemos, aunque una cosa es lo que se dice y otra lo que al final tienes que hacer. En todo caso, pensar que un gobierno basado en un acuerdo entre Unid@s Podemos y PSOE, el mejor hoy posible, va a "romper con el capitalismo” en un solo país o hacer maravillas sería una peligrosa ilusión, pero no entender que sí podrían conseguirse cosas muy útiles, como la derogación de la "Ley Mordaza" o un plan de emergencia social, sería sectario. Posiblemente, contra las decisiones o inacciones de un gobierno así, como ante los "ayuntamientos del cambio", habrá que movilizarse con frecuencia, pero nos movilizaríamos mejor y con más posibilidades de éxito que bajo un gobierno del PP o de "gran coalición"... salvo que optemos por no movilizarnos con la excusa o la ilusión de que "gobiernan los nuestros".

En definitiva, el proceso de (re)construcción de herramientas políticas iniciado con la formación de Podemos es positivo e importante, pese a muchos errores e incluso pese a una estrategia "nacional-popular" que no comparto, aunque incorpora reflexiones lúcidas, como la de superar el eje líneal "izquierda/derecha", de lógica ideo­lógica y partidista, dando prioridad al conficto "arriba/abajo", de lógica social. Y al tener presencia institucional real e importante, cobran mucho relieve dos tareas:

a) Sacar adelante medidas que mejoren las condiciones de vida. La estrategia de quienes han ido a las instituciones para hacer pro­paganda "revolucionaria" y demostrar que desde ellas no se pueden hacer cambios ha fracasado siempre: cuando han conseguido una presencia significativa, la han perdido al cabo de poco tiempo. Si se hace el esfuerzo de estar allí, debe ser de utilidad efectiva para las personas, especialmente para los grupos de población más desheredados, si no va a ser así más vale la renuncia a la labor institucional.

b) Cooperar al desarrollo de la potencia de transformación social desde abajo, a la organización y cooperación autónoma de la gente común, sin entender esto como una "creación de pueblo" hecha desde arriba ni como creación de un "pueblo" afín a un líder. Se trata de reconocer los procesos de construcción "popular" existentes, de reconocer y respetar su autonomía y de facilitar su desarrollo creando condiciones en las que pueda florecer mejor la participación social. No se trata de crear desde arriba un movimiento o un pueblo que "apoye" a unos dirigentes políticos determinados, sino de facilitar el movimiento real.


Un inevitable conflicto

Cuando la sociedad se pone en movimiento, los conflictos con las instituciones de gobierno son inevitables. Para empezar, porque los límites de las instituciones no coinciden con los límites del movimiento y de la reinvindicación social.

Para la sociedad en movimiento, para el activismo social que genera, es fácil caer en algunas trampas si no se aprende de las experiencias que han tenido lugar antes y si no se ponen en común las experiencias que son simultáneas. Difícil, sobre todo, si se mantiene la ilusión de que los gobiernos pueden hacer todo o el prejucio conservador de que no puede reivindicarse lo que los "gobiernos afines" no hacen.

Si se da por hecho que cuando "gobiernan los nuestros" podemos disolver nuestras or­ganizaciones o convertirlas en meras correas de transmisión, si se renuncia a la crítica y a entrar en conflicto abierto con quienes gobiernan, si renunciamos a luchar por lo necesario sólo porque gobernantes "afines" nos dicen que no pueden hacerlo, el movimiento, sus logros, sus formas organizadas, perecerán o cambiarán su función. Pero si no entendemos que el hecho de que gobierne X o de que gobierne Y genera condiciones distintas, en las que puede ser más fácil o más difícil alcanzar ciertos ob­jetivos, podemos deslizarnos a un sectarismo estéril y perder oportunidades importantes.

Debemos autoeducarnos en la idea de que un gobierno no puede hacer todo, pero también en la de que no podemos adaptarnos a los límites de un gobierno. Lo que puede hacer que lo "imposible" pase a ser posible es precisamente que se modifiquen las relaciones de fuerzas sociales que determinan el campo de lo "posible". Y la relación de fuerzas no se mide en los parlamentos (aunque algo expresen al respecto) sino que se refiere a la capacidad de los grupos sociales, de las gentes, de protagonizar conflictos, alternativas y experiencias que apunten en uno u otro sentido.

Hay que desprenderse de prejuicios, ser fieles a unas pocas convicciones, saber de qué lado se está y actuar de forma pragmática, que no es "sin convicciones" sino midiendo los actos por sus consecuencias y no por esquemas previos. Hace varias semanas tuve oportunidad de asistir a la asamblea en la que se constituyó en Madrid la plataforma CONFLUIR en defensa de la sanidad pública, de carácter asambleario y muy combativa, en cierta medida a iniciativa de una organización sindical, el MATS. Sin embargo, gracias a un largo y serio trabajo previo, en ella se había logrado comprometer a Podemos y PSOE, de hecho una diputada de Podemos y un diputado de PSOE hablaron en la asamblea; ese compromiso se ha logrado mantener de cara a movilizaciones en marcha, como la preparada contra las listas de espera el 9 de junio. Eso es un acierto, porque, a diferencia de lo que suele ocurrir, no se llegó allí subordinándose a los partidos sino, por el contrario, haciendo que éstos se pusierán al servicio de la lucha emprendida, lo que se ha reflejado además en varias iniciativas en el seno de la Asamblea de Madrid.

Se está abriendo un terreno de exploración, en el que la combinación de las reinvindicaciones cotidianas, irrenunciables, con la perspectiva, aún muy indefinida pero no vacía ni utópica, de una sociedad que garantice el acceso universal, la gestión democrática, la sostenibilidad y la inalienabilidad de los bienes naturales, los servicios públicos y el conocimiento (Carta de los Comunes), va a dar lugar a todo tipo de experiencias híbridas, "monstruas", ninguna de ellas milagrosa ni definitiva, pero todas ellas necesarias para ir haciendo el largo camino que podría llevar hacia una construcción de "democracia de los comunes", en la que público no se identifique con estatal, ni Democracia o instituciones de autogobierno social con Estado, ni delegación y reparto de tareas con "representación". No, no sabemos bien cómo podría ser eso, sabemos que no nos vale el capitalismo ni el estatalismo, pero es que aquello que no existe no puede ser totalmente (y totalitariamente) pensado al margen de su proceso de creación, en el que lo municipal y lo europeo pueden jugar un gran papel. De hecho no se trata tanto de que una estrategia política "de los comunes" sea el motor de ese tipo de híbridos, sino, más bien, de que las necesidades cotidianas, las propias exigencias de superviviencia social van a impulsar e impulsan a experimentar en ese camino.

Por ejemplo, algunas cooperativas se constituyen con la idea colaborativa en la cabeza de sus miembros, pero muchas, quizá la mayoría, nacen de una necesidad imperiosa, como suele ser en el caso de las "empresas recuperadas". Sin duda, las cooperativas tienen sus límites, no se saldrá del capitalismo por una mera expansión de ellas y, además, pueden llegar a integrarse perfectamente en la lógica del sistema -al fin y al cabo, dentro de él tenemos que vivir, posiblemente por mucho tiempo aún-, pero tampoco podemos pensar que, de golpe, por un acto político, de "toma del poder", una sociedad se autocapacita de inmediato para una cooperación sin mando si no se han hecho experiencias ya de ello. Tene­mos por delante una enorme tarea de auto-educación social como la que hace ya mucho tiempo fomentaron CNT y UGT, en un contexto muy diferente y con un nivel cultural de la sociedad diferente, pero sí, tenemos mucho que aprender.

Van a surgir instituciones o espacios "híbridos", difíciles de catalogar. Por ejemplo, la Red de Solidaridad Popular de Latina-Carabanchel, entidad autogestionada, lleva a cabo actividades en muchísimos ámbitos, desde la despensa solidaria a la recogida y distribución de ropa o material escolar, desde clases de inglés o taichí a grupos de apoyo de mujeres, desde defensa de la sanidad pública hasta apoyo para el acceso a prestaciones como la renta mínima de inserción... ¿Y eso qué es, público o privado? No es desde luego estatal, pero tampoco privada, tampoco es una ONG en el sentido habitual (gentes que, voluntariamente o retribuidas, se juntan para ayudar a otras que están "fuera" de la ONG). Sin duda, le cae mejor lo de "público", o si se quiere "común", pero lo que importa es que es un camino, en el que ya están otros muchos colectivos también, que parte de las emergencias sociales, en lo más inmediato, y a la vez mira hacia otra forma de vivir, de cooperar, de organizarse, de gestionar.

En otro artículo de esta revista, obra de Carlos Pereda, se habla de la experiencia de creación de una Mesa contra la Exclusión en un distrito de Ma­drid. También es una especie de monstruo, embrión difícil de catalogar, sin un lugar institucional definido pero sin ser ajeno a las instituciones. En ella participan colectivos sociales del distrito, incluyendo los derivados del 15M (de los que surgió la iniciativa), pero también la Junta Muni­cipal, incluida la propia concejala y personas del departamento de servicios sociales o dinamizadoras comunitarias, estando abierta además a cualquier vecina o vecino que quiera participar. ¿Y eso qué es? Pues es difícil de catalogar porque es algo nuevo, no hay "cajita" en la que colocarlo. Irá por un camino u otro, dará frutos o fracasará, sus tensiones serán productivas o le destruirán, pero es un intento de imaginar vías no trilladas.

De hecho, en Madrid están pasando cosas muy interesantes en el ámbito de los servicios sociales, desde abajo y con tensiones que se están empezando a resolver también desde abajo. El 15 de junio se habrá iniciado una campaña en torno a la Renta Míni­ma de Inserción lanzada por numerosos colectivos de la región, incluidas numerosas trabajadoras sociales. La campaña parte de los graves problemas detectados, no sólo los vinculados al propio diseño de la prestación, sino también en lo que se refiere a la desinformación social, al incumplimiento de los protocolos establecidos por la ley, a la indefensión de las persona afectadas, a la carencia de medios económicos y humanos en los centros de servicios sociales... ¿Qué significa el que esa campaña vaya a facilitar una información detallada y crear puntos de encuentro sociales a donde puedan ir las personas que quieran información o acompañamiento para solicitar la RMI, aprovechando la experiencia acumulada de otras personas, como en cierta forma hicieron ya las PAH y los grupos antidesahucios? ¿No se está cubriendo desde fuera papeles que debe jugar la Administración Pública? ¿Es malo hacerlo cuando ésta no hace lo que debe y de esa forma se ayuda a la gente, pero no vía caridad sino a través del apoyo mutuo? ¿Qué lugar tiene esta iniciativa, está en el ámbito de lo privado o de lo público?

Un rasgo muy interesante de esta campaña es que en ella participan, y con mucha intensidad, trabajadoras sociales que profesionalmente están en el ámbito de la gestión institucional de la RMI, en tanto que trabajadoras de los centros de servicios sociales, donde se inicia la tramitación de las solicitudes, de manera que se combinan experiencias hechas desde espacios diferentes. Y es aún más importante porque esta colaboración fue precedida de tensiones. Pero esas tensiones han sido fructíferas, porque no se han eludido sino que han dado pie a un diálogo muy fructífero, especialmente a partir del coloquio "Repensar los Servicios Sociales. Cuando la participación interpela al trabajo social", organizado por Cuadernos de Trabajo Social en la Facultad de Trabajo Social el 7 de abril de 2016, con llenazo del salón de actos (10) y presencia de estudiantes, profesores, personas en pobreza, sindicatos, trabajadoras sociales, colectivos de intervención ciudadana. Recalco esto porque la autonomía social frente a las instituciones y los gobiernos también se construye a partir de la capacidad de la sociedad, de la gente común, para resolver sus diferencias y gestionar su diversidad de una forma productiva y creativa sin delegar esa tarea en "autoridades" externas.

Y todo esto, en gran parte consecuencia del 15M, movimiento que excede en mucho a las formas organizadas a las que dió lugar, no ha hecho más que empezar. La creación y gestión de un "común" fuera de la disyuntiva "privado o público-estatal" plan­­tea tam­bién la experimentación de nuevas relaciones entre las instituciones y la calle, más ahora que en aquellas han entrado personas ajenas a la "alianza histórica" de apoyo al régimen de dominación semidemocrática-oligárquica. La fuerza social no puede dejarse absorber por las instituciones y "lo político", pero tampoco podemos renunciar a herramientas políticas útiles. Vamos a equivocarnos, habrá éxitos y fracasos, pero hay que mojarse. Ante todo, en la lucha social, pero también en todo aquello que pueda ayudarla a fructificar.