¿Se ha cerrado la ventana de oportunidad, ha pasado de largo, una vez más para España, la posibilidad de comenzar una historia protagonizada por sus pueblos y por sus gentes?

Son varios los analistas que así lo afirman, unos son honestos y escriben lo que según ellos está pasando y las tendencias que se señalan para el futuro; otros no tanto, respiran aliviados antes lo que consideran el cierre de una etapa de riesgos y amenazas para el orden establecido.

Para unos y otros el ciclo de contestación abierto en 2010 contra las primeras medidas austeritarias decretadas por el gobierno del PSOE para combatir los problemas de las finanzas públicas se habrían cerrado en 2015-2016 con la entrada de PODEMOS en el Parlamento y la definitiva institucionalización y recuperación del movimiento impugnatorio que alcanzó su cima en mayo del 2011. Al servicio de esta hipótesis se invocan analogías más o menos próximas: la entrada de los partidos de izquierda en las Cortes en 1977 se señala como el hito que puso fin a los movimientos sociales de ruptura democrática que habían ido creciendo desde los años 60 bajo el franquismo.

Como argumento material se invoca la aversión al riesgo que vendría asociada a los indicadores de recuperación económica en cuyo contexto se abrirían oportunidades para los más castigados por la crisis y las políticas austeritarias. Las oportunidades abiertas al cambio, cuando una parte sustantiva de los más jóvenes generaciones advirtieron, con el cambio de década, que no había sitio para ellos en el acceso al mercado de trabajo y en la posibilidad de contar con los bienes que creían garantizados (vivienda, sanidad pública, educación, etc.) se estarían cerrando cuando el incremento del PIB y del empleo junto al mantenimiento del dinero barato permite pensar en alguna modalidad, siquiera fuera recortada, de la vuelta al 2007.

Estas posiciones son tributarias, en alguna medida, de aquella otra para la que con ocasión de una crisis de desafección entre una parte importante de la población hacia el orden vigente puede pensarse en la posibilidad de un cambio político e institucional significativo. Hipótesis nada desdeñable, desde luego, pero que no siempre toma en la debida consideración otros factores relevantes como pudiera ser el acceso a la vida pública de una formación política postuladora de un proyecto de país eventualmente capaz de generar una legitimidad superior a la que disfrutan las instituciones vigentes. Como creo que este pudiera ser el caso de PODEMOS en la España actual desarrollaré en lo que sigue esta hipótesis.

No sin antes discutir alguno de los argumentos que sustentan la teoría del cierre del ciclo de cambio; en particular el que aduce la recuperación de la economía española como el factor clausurante de las posibilidades de cambio en una sociedad en la que la aversión al riesgo se estaría incrementando en la medida en que dispondría de mayor riqueza potencialmente amenazada por un cambio político-

Los datos de aumento del PIB, del empleo y del consumo de los hogares (no así de la inversión) están relacionados con dos factores cuya continuidad está cuestionada. El primero es la caída de los precios de los combustibles mantenida durante casi cuatro años, que ha permitido una reducción de costes empresariales y de gastos de los hogares y del Estado sin los cuales la situación de estancamiento con inflación habría sido más explosiva. El segundo es la permanencia de una política monetaria expansiva por parte del BCE que al tiempo que ha reducido al presión sobre la deuda pública ha proporcionado liquidez abundante para el sistema económico (otra cosa es la eficacia de esta liquidez en términos de acceso al crédito de consumidores e inversores).

La conjunción de ambos factores unida a la depresión de los costes salariales ha proporcionado un respiro a la economía española favoreciendo una notable recuperación de los excedentes empresariales así como de las exportaciones de algunos sectores productivos que han contribuido a mejorar el saldo de la balanza comercial.

Pero, como decíamos, la continuidad de estos factores es dudosa. El precio del petróleo, sin alcanzar los niveles del 2007, está creciendo después de que la OPEP acordara reducir la producción (después de haber limitado la expansión de otras fuentes como el fraking). Y eso ya manifiesta efectos en la cuenta de las empresas, de los hogares y del sector público; el aumento del PIB se contraerá este año y el que viene y el imprescindible incremento de la presión fiscal para alcanzar el objetivo de déficit dejará menos dinero en el bolsillo de los consumidores que se verán forzados a contraer sus niveles de consumo lo que, a su vez, podría influir en cierto frenazo del aumento del empleo alimentando así el círculo viciosos del desempleo y la contracción de la demanda.

La continuación de la política de expansión monetaria es asimismo dudosa. Sus efectos sobre la reactivación de la actividad económica no son claras y el exceso de liquidez generado pudiera estar produciendo otros efectos negativos; los ha manifestado ya para los pequeños tenedores de deuda que han visto cerrarse esta vía como colocación segura para sus ahorros. Y hasta pudiera producir efectos perversos sobre las finanzas públicas teniendo en cuenta que el efecto de los intereses negativos de la deuda es un incentivo para acudir a sus emisiones en vez de a los impuestos.

Así que estos factores de estabilización relativa podrían dejar de actuar en un próximo futuro si no lo están haciendo ya y ello reabriría el problema de la desafección ciudadana entre aquellos perjudicados por el cambio de sentido de los mismos.

Creo, sin embargo, que la hipótesis del cierre puede ser discutida en el plano explícitamente político, en el terreno de la hegemonía de un determinado sentido común. El 15M y PODEMOS no se han levantado solo contra una injusta distribución del reparto de las cargas de la crisis, desde su emergencia el cuestionamiento de la forma en que era gobernado el país (“lo llaman democracia y no lo es”) ha sido central, constitutiva en su nacimiento.

PODEMOS ha emergido proclamando que la arquitectura institucional que ordenaba nuestra vida colectiva no era adecuada a una sociedad adulta y libre y que la restricción es aceptada con ocasión de la fundación del régimen vigente no tenían por qué mantenerse cuando la capacidades de autogobierno de esta sociedad (manifestadas por ejemplo, con ocasión de episodios como el 11M del 2004) estaban suficientemente acreditadas.

La ventana de oportunidad no se cerró con la verificación de la injusticia y la desigualdad provocada por las políticas que pretendían combatir la crisis de un modelo económico injusto y desigual además de ineficiente. La ventana de oportunidad la abrió la acción deliberada y consciente de miles de personas que coincidieron en comprobar que el orden del 78 se había quedado viejo, que los de arriba rechazaban de forma sistemática las cláusulas del acuerdo social sobre el que descansaba y que carecían de proyecto alguno que no fuera un retroceso de décadas en las condiciones de vida colectiva.

Y que era posible concebir, primero, y construir después otro orden de convivencia realmente democrático. Y que ese orden democrático era condición necesaria –faltaba ver si suficiente- para enfrentar los retos que tenemos planteados cómo sociedad. Que solo desde la responsabilidad asumida como protagonistas de nuestro destino individual y colectivo es posible afrontar estos retos que aparecen como insalvables para los gobiernos y Estados contemporáneos.

Ahora bien, se podría objetar, esto puede ser aceptable en términos puramente abstractos pero al descender al terreno concreto, ¿qué actor o actores públicos reales podrían impulsar procesos de ruptura democrática de tales alcances?

La irrupción de las nuevas formaciones políticas no parece haber cambiado tan sustancialmente la escena política dominada por el bipartidismo. El comienzo de la legislatura, con lo que parece un gobierno de gran coalición de facto y la continuación de la ausencia de entendimiento entre las direcciones del PSOE y PODEMOS parecen alejar las posibilidades de un gobierno para el cambio democrático.

Incluso desde algunos sectores de PODEMOS parecería aceptarse como inevitable esta legislatura gestionada por alguna modalidad de gran coalición ante la que solo cabría una actitud de denuncia, resistencia y acumulación de fuerzas en la espera de que el desgaste de la acción de gobierno y/o la agudización de las contradicciones "sistémicas" vuelvan abrir una nueva ventana de oportunidad.

Esta teoría de la maduración de las condiciones objetivas tan cara a una determinada izquierda, equivale en nuestro tiempo a una aceptación pasiva del orden de cosas vigente.

El electorado no ha otorgado apoyo suficiente a PODEMOS para resultar decisivo en la definición del rumbo político del país. Ello, unido a una especialmente torpe gestión de sus oportunidades entre el 20D y el 26J, ha colocado al partido objetivamente impulsor del cambio en una situación de marginación efectiva frente a los partidos del establishment, obviamente interesados en intensificar al máximo tal marginación.

Además los grupos sociales que podrían apoyar el cambio político se hallan muy seriamente divididos según líneas de fractura territorial, cultural y generacional. De una parte encontramos los apoyos sociales al cambio que han venido operando desde 1977 y que se manifiestan en el apoyo electoral al PSOE. Ha sido el soporte y los beneficiarios de la instalación del tímido estado del bienestar español y ahora se concentran en aquellas regiones y sectores de población dependiente de sus prestaciones: las pensiones contributivas y no contributivas, las prestaciones al desempleo, las rentas de reinserción ciudadana, las ayudas a la dependencia, la política de vivienda social, etc. En el camino se han quedado parte de la clase media beneficiara del Estado del Bienestar, que hoy desconfía de su viabilidad y que prefiere apostar por opciones políticas que apoyen su condición de ahorradoras y tenedoras de valores, desenganchándose de lo que consideran el pesado lastre de la solidaridad.

De otra parte tenemos los actores sociales que, defendiendo el Estado del Bienestar contra las agresiones de que ha sido objeto, consideran que su apoderado tradicional, el PSOE, ya no es capaz de desempeñar esta misión que implica, de alguna manera, romper con el socio de arriba y recomponer una estructura de país más acorde con los valores de la sostenibilidad, la igualdad y la democracia. Han encargado esa tarea a PODEMOS y las confluencias y esperan que, como apoderados políticos suyos, operen para habilitar las condiciones necesarias para el cambio.

El encuentro de estos dos sectores sociales de cambio es, en la situación actual, la única perspectiva para el avance democrático en nuestro país, incluso si el ritmo del mismo fuera inferior al que las demandas sociales exigen. Trabajar por hacer posible ese encuentro histórico es una tarea insoslayable que no puede ser aplazada sine die y a la que deben aplicarse las mayores dosis de inteligencia, tenacidad y generosidad.

Las conquistas democráticas y sociales del 78 no pertenecen a la oligarquía que las han expropiado sino a los sectores populares que se han comprometido en su consecución y en su defensa a lo largo de estas cuatro décadas apoyando a la izquierda política del régimen. Poner en valor esas conquistas es una condición de posibilidad para el entendimiento con esos sectores sociales que han poyado en este período al PSOE.

No es posible aventurar cuales pueden ser las formas de ese entendimiento, la experiencia de las negociaciones para la investidura de Sánchez no es precisamente una ayuda. Podrían intentarse fórmulas de colaboración, sin renuncia a la autonomía de las partes, para el reforzamiento de gobiernos municipales y autonómicos o para plantear mociones de censura a gobiernos del PP. Podrían y deberían intentarse y no desmayar ante posibles fracasos en estos intentos. Podría también ensayarse iniciativas en el congreso tendentes a producir derrotas al gobierno de Rajoy, ello generaría confianza y optimismo en los respectivos partidos y esperanza entre los electorados.

Se ha intentado demostrar que el posible cierre del ciclo impugnatorio abierto por el 15M en España no se debía tanto a la eventual recuperación económica-cuyos límites, por lo demás, son evidentes-como al bloqueo de la situación política derivado de la falta de entendimiento entre las direcciones del PSOE y PODEMOS en las que parecen predominar los criterio de competencia sobre los de cooperación. De prologarse esta situación de no entendimiento, la vida pública española entraría (tal vez haya entrado ya) en una situación de estancamiento caracterizada por el enquistamiento de los graves problemas que la aquejan: desigualdad creciente entre una minoría de privilegiados y una gran masa de excluidos del empleo y las prestaciones sociales, una economía basada en sectores de bajo valor añadido con altos niveles de precariedad en el empleo, deterioro acelerado de los sspp sustituidos por negocios privados solo para la población solvente, acentuación de las tensiones por el no encaje de algunas naciones en el estado; y, en fin, intensificación de los indicadores de crisis ecológica evolucionando hacia catástrofes episódicas, que se convierten por su reiteración en estructurales como los incendios forestales.

Es verdad que la derecha política puede gobernar esa situación con cierta comodidad, encontrando incluso en la represión de los probables estallidos sociales generados por sus injustas políticas una adicional fuente de legitimación ante una población cada vez más dominada por el miedo y la incertidumbre. Es, de hecho, el horizonte hacia el que parecen estarse deslizando algunas sociedades de nuestro entorno.

Pero sumir a la mayoría de la sociedad española en la pobreza, la desigualdad y la desesperanza no es una solución, es el camino más directo hacia la desintegración social. Algunos rasgos de la misma se vislumbran ya con el aumento de casos de violencia de género, entre otros.

Este camino es evitable, no estamos fatalmente condenados a recorrerlo. La encrucijada en la que estamos junto al resto de las sociedades de nuestro entorno puede ser resuelta en un sentido favorable a la mayoría si nos convertimos en protagonistas de nuestra historia colectiva y asumimos las responsabilidades que de ello se derivan.

La venta de oportunidad no se ha cerrado, no hay ningún destino fatal inscrito en nuestro “ser nacional”. Somos lo que hacemos y está en nuestras manos un hacer distinto y mejor que el que nos preparan las oligarquías. Este no es solo un tiempo de resistencias, es también un tiempo de construcciones, de construcción de sentido común y de relatos en los que reconocernos.

De construcción de pueblo.