La publicación de los resultados del primer semestre de las empresas cotizadas en el mercado de valores permite confirmar la recuperación de las ganancias de las mismas en un 19% respecto al mismo período del año anterior. Como siempre, los resultados agregados ocultan importantes diferencias: mientras las empresas del Ibex 35 recogen un incremento de las ganancias del 20,20%, el resto de las cotizadas registra un 7,48%.

Es seguro que algún miembro del Gobierno del PP, si no el propio Rajoy, caiga en la tentación de anotarse tales resultados como fruto de sus políticas económicas. No es mi intención discutir las políticas económicas aplicadas desde noviembre del 2011 en nuestro país, pero no puedo evitar manifestar que, en mi opinión, tan pomposo título (el de políticas económicas) no ha tenido otro contenido que el de operar un sistemático y continuado proceso de redistribución de rentas desde las del trabajo (directas e indirectas) hacia las del capital (nacional e internacional) por la vía de la contrarreforma laboral y las políticas austeritarias. Los resultados a los que me he referido al comienzo parecerían avalar esta opción política tan cara las derechas. Facilitar los negocios y las ganancias para estimular las inversiones, la generación de empleos y el aumento de la renta disponible y el consumo, en ese bucle virtuoso estaría el secreto de la prosperidad postulada por la derecha política

Pero, insisto, no discutiré en este comentario la pertinencia y corrección de esta hipótesis. Los resultados están ahí sea cual haya sido su causa y el interés se centra ahora en las consecuencias de los mismos. Para decirlo de forma directa, en qué medida tales resultados pueden hacer posible desde ahora una política en las que los poderes públicos se comprometan con una orientación que pretenda corregir, al menos en parte, la brecha de la tremenda desigualdad creada en estos años.

Porque, se dice desde los ámbitos de la izquierda del régimen, “han sido las injustas reformas las que han traído el populismo. La mejor explicación de las causas del populismo es el sentimiento de injusticia y abandono que tienen los perdedores de la crisis” (Antón Costas, "Desconcierto con las reformas, El País, 6/8/2017). Pero la injusticia y el abandono no han aparecido con la crisis, la precedían. Algunos datos permiten comprobarlo.

Según el indicador AROPE el riesgo de pobreza y exclusión alcanzó en España el 28,6% de la población, es decir 13.334.573 personas en 2015.La media en la U.E. de los 28 llega al 24,4%, unos 122,3 millones de personas. Es verdad que la situación puede haber mejorado, no de forma significativa en todo caso habida cuenta las restricciones presupuestarias que afectan a las políticas de protección social y la presión que sobre ellas ejerce el Mº de Hacienda del PP con el pretexto de cumplir la normativa de estabilidad presupuestaria. Pero no lo es menos que ha aumentado el porcentaje de población que entra en la pobreza y se queda atrapada en ella, lo que pone de manifiesto la debilidad del sistema español de protección social para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social como las vividas desde 2010. Debilidad acentuada por la circunstancia anteriormente descrita de la congelación de las dotaciones en poder de las administraciones competentes (las CCAA y los ayuntamientos) para hacer frente a las superiores necesidades de una población crecientemente empobrecida.

Y aquí se ha producido un perverso fenómeno, recortar los gastos sociales atacando el gasto pretendidamente despilfarrador de las CCAA. Claro que a la derecha española nunca le gustaron las “zarandajas de la autonomía política” pero tampoco le ha ido tan mal en la utilización de las administraciones autonómicas para articular bloques de poder a través de coaliciones entre los aparatos políticos y burocráticos, el capital financiero y el inmobiliario.

Pero su verdadero objetivo, actualizado e intensificado, ha sido, desde sus orígenes en la AP de Fraga, el ataque al "dispendio" de los gastos sociales. Y ello en razón de dos tipos de motivos.

El primero es de naturaleza “política”; los gastos sociales que bajo la dictadura servían para cimentar la paz social (la "paz" de Franco) ahora se convertían en una fuente de desequilibrios que hacia incurrir a las finanzas públicas en déficit, que generaba inflación, que disuadía a los empresarios de invertir.

El segundo es corolario del anterior. El (exceso de) gasto social volvía a los de abajo excesivamente independientes del salario y, en consecuencia, les permitía disputar más por su cuantía. El exceso de gasto social implicaba una tendencia objetiva al encarecimiento de los costes salariales y, en consecuencia, a reducir los márgenes o el excedente de explotación, con el consiguiente efecto sobre la rentabilidad de las empresas. El permanentemente denunciado “excesivo poder sindical” (¡) era la fachada ideológica, muy burda pero muy eficaz para los propósitos empresariales, tras la que se ocultaba el horror del capital y sus funcionarios ante las solas consecuencias de llevar a la práctica algunos de los contenidos sociales y democráticos de la Constitución de 1978;alga por todos los preceptos citables el artículo 128.1 que proclama la subordinación de toda la riqueza del país a los intereses generales.

Pertrechada con estas herramientas, la derecha política no ha cejado ni un solo día desde la promulgación de la Constitución en sostener una guerra permanente contra las consecuencias potencialmente igualitarias de sus preceptos. Tanto en tiempos de bonanza como, especialmente en tiempos de crisis, y no pasará inadvertida a estas alturas la condición de la crisis como una herramienta o técnica de gobierno de los de arribal, la derecha y sus soportes mediáticos y académicos han cargado de forma sistemática contra las consecuencias negativas que supone este igualitarismo como desincentivador del trabajo y el espíritu emprendedor, como fuente de déficit y de inflación.

La “crisis” de 2008 fue el pistoletazo para intensificar los ataques contra la Constitución de 1978; y el desarme político ideológico del PSOE la condición para que estos ataques no tuvieran resistencia digna de tal nombre. Solo del seno de la sociedad civil y a través de la constelación de movimientos que llamamos 15M surgió una respuesta contundente a esta ofensiva desdemocratizadora y antisocial. Sus efectos, sin embargo, prolongados en la aparición de Podemos no han bastado para frenar esta ofensiva de la oligarquía y la derecha política.

La lamentable pérdida de la histórica ocasión de la primavera del 2016 para haber instaurado un gobierno que revirtiera siquiera parcialmente este proceso, la están pagando los sectores más vulnerables de la sociedad. Algunos datos más a añadir al arriba mencionado sobre la población en el umbral de la pobreza lo prueban. El 33,4 % de menores de 16 años están en situación de pobreza en España. El dato es sobrecogedor porque refleja una realidad que lleva camino de enquistarse en la sociedad española, la de un sector de la población nacido en la pobreza y que con toda probabilidad va a desenvolver su existencia en la pobreza, sin posibilidades reales de abandonarla por el conjunto de factores que definen su marco de existencia y que configuran una realidad aún más terrible, la configuración de una. subsociedad de la exclusión.

Junto a éste, otro dato nuevo en la realidad sociológica de nuestro país, la de los trabajadores pobres. La tasa de trabajadores/as pobres que no superan el umbral de la pobreza ha pasado del 11,7 % en 2013 al 14,2% en 2014 y al 14,8% en 2015. De nuevo es verdad que quizá la situación haya mejorado en estos dos años pero no hasta el punto de desaparecer esta nueva realidad antes desconocida entre nosotros, la de quienes aun trabajando precisan de ayudas de las instituciones públicas para llegar a fin de mes y que, con un trabajo en general precario y mal pagado, están siempre al borde de caer en la pobreza severa, alimentando el ejército de excluidos.

Todas estas realidades y alguna más que podrían ser citadas y complementan el mapa del sufrimiento social ,como las familias monoparentales o los mayores y dependientes, constituyen el marco de un fenómeno al que convienen dar de una vez por todas el nombre que le corresponde, el de un proceso de proletarización que afecta a la sociedad española desde antes de la crisis del 2008 y que ha venido siendo ocultado fundamentalmente por dos razones. La primera por los efectos del endeudamiento de masas previo a la crisis y en el que familias con ingresos corrientes vivieron el espejismo de unos niveles de consumo que no podían mantener con sus rentas salariales que les llevaron a una especie de catarsis colectiva en el sueño de la inmensa clase media.

La segunda está originada en la incapacidad de la izquierda y el pensamiento crítico para teorizar la realidad del nuevo proletariado no identificado con la vieja clase obrera. Mientras una buena parte de la izquierda, constatando la desaparición del viejo movimiento obrero, se apresuraba a teorizar el “adiós al proletariado”, otra se afanaba en la interminable búsqueda del nuevo sujeto transformador.

Ocupados en estas tareas, no podían advertir el cambio sustancial que se estaba produciendo en nuestras sociedades, el acelerado proceso de desposesión entre muy amplias franjas de la población. Ninguna de las dos parece haber advertido el profundo proceso de proletarización que experimentaban nuestras sociedades y que sólo a duras penas era tapado por la locura del crédito de masas y, con él, los artificiales niveles de consumo e inversión (en el sector inmobiliario, sobre todo) configuradores de la ficción del bienestar y la prosperidad del primer lustro de los años 2000.

Es verdad que, acaso cargados en exceso con la vulgata marxista, no podían advertir los rasgos de esta proletarización cuando la misma no aparecía asociada a la formación de una “nueva clase obrera”. Sea por la causa que fuere, este proceso de desposesión no ha tenido respuesta más allá de las rituales denuncias de los recortes y ajustes de las políticas del PP y cuando se ha querido prestarle atención se ha hecho en una forma extremadamente simplificadora, oponiendo la voracidad de las élites a la “pobreza del pueblo”.

La gestión de la crisis arroja un resultado inequívoco: ha aumentado la pobreza y la desigualdad, han aumentado las ganancias empresariales y apenas han aumentado las rentas salariales. Era el resultado querido; la salida de la crisis, en el pensamiento y la disposición de las élites, siempre se ha entendido como una sustancial redistribución de rentas a favor del capital y las grandes fortunas, condición esta que, si se conjugaba con el recorte en las prestaciones y gastos sociales, se consideraba como indispensable para operar una recuperación de la inversión y un crecimiento del empleo que tirara del consumo de los hogares ayudado por la recuperación del endeudamiento como fuente complementaria de ingresos.

Pero esa política no es la única que puede ser aplicada, contra lo que Rajoy y sus ministros pretenden. Hay otra que a su superior eficacia al mejorar las condiciones para que crezca el empleo, el consumo y los ingresos públicos, añade un factor de justicia e igualdad que permite hablar en serio de democracia. Es una política que parte de constatar que han sido las clases subalternas las que han cargado con el peso mayor de los ajustes y los recortes y que son por tanto ellas las que deben recibir la compensación por tales esfuerzos.

Contra esta posibilidad nos previenen todos los días los representantes empresariales y gubernamentales, advirtiéndonos contra las represalias que adoptarían los mercados financieros si se emprendiera una irresponsable política de incremento de salarios y gastos sociales. A estos extremos ha llegado el cinismo de las clases dominantes que se atreven a amenazar con más pobreza y desigualdad si los debajo se atreven a pensar siquiera en otras políticas que la que ellos dictan.

No hay transacción posible alguna entre la imposición de esta dictadura de las clases dominantes y la voluntad popular por una mejora en las condiciones de vida de las mayorías. Ningún arreglo institucional se puede superponer a esta voluntad, ninguna consideración de oportunidad puede aplazar la consecución de este objetivo democrático.

Sin Estado de Bienestar, el sistema democrático se deteriora y se desliza de forma evidente hacia formas autoritarias de gobernanza por parte de la clase dominante. La globalización ha puesto a los grandes intereses económicos por encima de las decisiones democráticas, de la participación de los ciudadanos y sus representantes en la toma de decisiones. Éstas se realizan en los despachos de las grandes corporaciones y después se las dan a los políticos para que las tramiten y las gestionen.

Las pérdidas de esperanzas en los partidos de izquierda y en la democracia misma entre las clases populares abona el campo para el desarrollo y avance de los movimientos neofascistas, como estamos viendo en muchos países europeos. Y, lo que aún es peor, para una terrible confusión discursiva en la que partidos procedentes de la izquierda postulan propuestas políticas difícilmente distinguibles de la aquellos movimientos

Las posibilidades de alcanzar acuerdos entre el PSOE y PODEMOS deben tener como ejes vertebradores la satisfacción de estas aspiraciones. Son las necesidades de la gente que más ha sufrido los efectos de la crisis y las políticas para gestionarla las que deben ocupar un lugar prioritario en la agenda de estas conversaciones. Si así fuera, se abrirá de nuevo una oportunidad para ñl democracia. Si no, las oportunidades serán para la caterva de políticos sin escrúpulos que nos han gobernado o para otros aún peores.

Por una política para repartir de forma más justa los frutos del esfuerzo colectivo y para orientar en una perspectiva más igualitaria nuestro próximo futuro. Es hora de repartir.