Trasversales
José Errejón

A vueltas con lo constituyente

Revista Trasversales número 41 septiembre 2017 (web)

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Hemos reiterado en atribuir al movimiento 15M la condición de impugnador del régimen de 1978 y, por ende, de estar dotado de una potencialidad constituyente. La escena política se había vuelto tan inmóvil que la aparición de un movimiento tan vigoroso como el de las plazas nos llevó a confundir el deseo con la realidad.
Veíamos la separación creciente de la política oficial de las necesidades y las aspiraciones de la gente junto con el nivel de deterioro de las instituciones y pensábamos que el movimiento que surgiera debía tener, a la fuerza, el carácter de impugnador de tales instituciones. A la altura de mayo del 2011 acabábamos de salir de una recesión y parecía alumbrarse ya cierta recuperación económica pero las tensiones en los mercados financieros afectó en sobremanera a las entidades financieras españolas muy expuestas al sector de la construcción y la promoción inmobiliaria que se vieron obligadas a encarecer su oferta de préstamos a las empresas y los hogares lo que se trasladó inmediatamente a a la economía real, especialmente a los sectores citados provocando una espectacular caída en el volumen de compraventa de viviendas y a partir de ahí, un aumento del desempleo, la morosidad y el drama de los consiguientes desahucios y el estallido de la nueva pobreza que vino a sorprender a una sociedad todavía confiada en la continuidad de la “prosperidad” alcanzada en la década anterior.
En estas condiciones, el contenido de la protesta y las enormes simpatías despertadas desde su nacimiento debía estar relacionado con ese brusco despertar del sueño de la prosperidad. De pronto amplios sectores de las clases medias descubrieron que su horizonte vital y el de su  familias aparecían amenazados de fuertes incertidumbres, ellos que habían cumplido escrupulosamente con su parte del pacto.
En efecto, habían ganado dinero y lo habían ahorrado para invertirlo casi siempre en ladrillo, habían mandado a estudiar a sus hijos y éstos, lejos de encontrar los empleos soñados, se encontraban conminados a salir del país para encontrar algún tipo de colocación. Eso era, además, la versión amable del crudo despertar pero había otras no tan amables. Eran la pérdida de la vivienda por no poder hacer frente a las amortizaciones del préstamo, era la pérdida del empleo y la dificultad de volver al mercado de trabajo en una situación de recesión como la que se produjo desde el 2º semestre del 2011. Era la antigua pobreza que se creía definitivamente cosa del pasado, la vergüenza y la angustia de no poder pagar la luz y el agua, de tener que ir a comer a los comedores sociales
Así que la exigencia del 15M no fue, a pesar de la espectacular pancarta de Juventud Sin Futuro, “Abajo el régimen”, sino el mero cumplimiento del pacto social, en el que a unos pocos les correspondía el derecho indiscutido de dirigir los asuntos públicos y la economía y a la mayoría socia  la obligación de trabajar, consumir, pagar impuestos para sostener al Estado y votar periódicamente para actualizar la legitimación de la clase política. Era, en fin, la exigencia de cumplimiento de los compromisos aceptados por las clases dominantes con ocasión de la transición de la dictadura al régimen parlamentario y sobre el que se fundó la paz social existente hasta aquí. Pacta sunt servanda, los pactos hay que cumplirlos, en esa idea tan escasamente revolucionaria se resumían las aspiraciones que informaban el movimiento 15M.
De ahí la extrañeza de algunos militantes de la izquierda al acercarse al movimiento y observar algunos rasgos desconcertantes para quienes iban buscando el cabo suelto de las luchas antiguas. Un apoliticismo aparente que excluía las banderas de partidos, un fuerte ciudadanismo manifestado tanto en el cumplimiento de las normas y de las órdenes policiales como en el énfasis en el respeto como un valor fundante del movimiento. Y todo ello se daba de manera en apariencia paradójica, al tiempo que se naturalizaban prácticas características del pensamiento y los movimientos libertarios como la radical horizontalidad, la asamblea como centro y motor de la vida en movimiento, la cooperación y el apoyo mutuo como elementos habituales en la vida cotidiana del movimiento.
Ello no obsta sin embargo a que esta exigencia de lo pactado objetivamente implique a la altura de 2011 una impugnación (objetiva, no subjetiva) de la legitimidad de ejercicio de las instituciones del régimen por cuanto las mismas han hecho de la vulneración de su mandato original una práctica cotidiana.
El proyecto constituyente, para serlo, deberá conjugar las aspiraciones de quienes impugnan explícitamente el 78 con las de aquellos sectores que exigen el cumplimiento de los derechos aún formalmente reconocidos en la Constitución y que configuraron el fundamento de su adhesión original. A lo largo de estas cuatro décadas tales derechos han configurado la dotación de una cierta modalidad de patriotismo constitucional: ser español ya no era una mera invocación retórica relacionada con perdidos y soñados imperios sino la condición de una ciudadanía cotidianamente ejercida. Tenemos que aprender que la gente del pueblo tiene que aprovechar cualquier ocasión para compensar o reducir su infortunio esencial. Sólo los que no tienen privaciones apuestan por el todo o nada. La política es lo contrario del todo o nada, sobre todo la política de los de abajo.
No podemos seguir afirmando, sin matices, que “en España no hay democracia.
- Porque la memoria colectiva -ciertamente influida por el relato de la Transición pero es lo que hay- tiene registrado el cambio entre el régimen franquista y el actual como un avance; y un avance partiendo de una dictadura solo puede concluir en una democracia, según este relato
- Porque sería tanto como negar la utilidad de las luchas, no solo de las ocurridas al final del franquismo sino de las habidas en estos 40 años: las luchas contra la liquidación del sector industrial, por la defensa de las pensiones y del empleo, contra la entrada en la OTAN, contra la precariedad, contra la guerra, contra la globalización y la pérdida de soberanía, las del 15M, las mareas, la lucha por la vivienda, en defensa del medio ambiente, contra la energía nuclear y el calentamiento global, etc. Porque la democracia está expresada antes que nada por estas luchas, porque su esencia es la lucha por la igualdad en el acceso a los bienes públicos y contra las oligarquías, que es el hilo conductor de todas ellas. La democracia no es un Estado ni un régimen, es una dinámica, una lucha permanente contra los designios de los poderosos de naturalizar y consagrar como ley la desigualdad y la expropiación de la capacidad de los más a favor de los menos.
- El problema no es que no haya democracia (visión estática) sino la ofensiva desdemocratizadora, la lucha de las élites por reducir al máximo, por suprimir si pueden ,el conjunto de obstáculos y restricciones a la subsunción de la sociedad en el capital
No vale la pena enredarse en polémicas estériles en torno al “grado de verdad democrática” que encierra nuestro sistema político. Lo que importa es comprometer a la más amplia mayoría en las luchas concretas contra los designios oligárquicos: democratización de la justicia, de la educación y de la sanidad, en el acceso a la vivienda y el crédito, en la gestión de los servicios y los patrimonios públicos.
El déficit democrático está de rabiosa actualidad, no es preciso ir a buscarlo en los orígenes del régimen. Es la legitimidad de ejercicio de los actuales gobernantes la que debemos cuestionar, no la de origen, difícilmente comprensible para la mayoría de la población.
El cambio democrático es el de nuestros días, no el de 1977 y, menos aún, el de 1936. Las tareas inconclusas del pasado determinan el presente pero no son las tareas de hoy y no se les puede imponer a la sociedad actual porque las rechazaría (ver la reivindicación republicana). Los que sufrimos la represión franquista merecemos un reconocimiento, la reparación es prácticamente imposible y la verdad sobre los hechos no se puede hacer a golpe de consigna o eslogan.
Las ciudadanas y ciudadanos de nuestro país y nuestro tiempo deben ser convocados para hacer efectiva su ciudadanía y para la asunción de responsabilidades frente a los intentos de degradarla en alguna modalidad de servidumbre adornada con el consumo y el acceso al crédito barato.
En un régimen parlamentario las luchas democráticas tienen un lugar y una ocasión privilegiados en la actividad legislativa pero también en el diseño e implementación de las políticas públicas y, en fin, en la actividad tutelar de los derechos ciudadanos por los jueces. Eso tiene algunas consecuencias de las que aquí solo mencionaremos las más importantes:
- Es preciso formar grupos parlamentarios dotados de una mayor competencia en materia económica y financiera, hacendística, administrativa, que les permita acorazarse contra los procesos de economía aplicada. Una escuela interna de formación en Gestión pública sería lo más adecuado a los efectos buscados
- Al comienzo de cada legislatura el grupo parlamentario debe tener su propia hoja de ruta orientadora del tajo legislativo al que apoyar. La estancia en la oposición no debe entenderse como en unas cómodas vacaciones pagadas sino como una preparación y un entrenamiento para cuando llegue el momento de asumir tareas de gobierno.
- Es absurdo oponer el trabajo de calle al institucional. Repito, el campo de juego esencial en este marco es el propio partido actuando en calidad de grupo parlamentario y a él hay que dedicarle las mayores energías. Producir buenas normas no es algo que se “apunte” el partido del gobierno; normas habilitadoras para la actividad de la ciudadanía, para hacer efectivos sus derechos y para estimular su participación en los procesos de decisión, etc
El neoliberalismo es portador de una promesa de libertad para los individuos que se concreta en el concepto proyecto de vida. El otro concepto basal del neoliberalismo, capital humano, apunta a algo más importante todavía: la empresarialidad subjetiva. Se nos propone ser los empresarios de nosotros mismos o mejor aún convertir nuestra vida en una empresa. Antagónica diferencia con el concepto marxista de fuerza de trabajo. El trabajador es portador de una fuerza de trabajo que le es externa (de ahí viene el concepto de alineación o extrañamiento). La empresa es inseparable de la vida, la vida debe ser, por tanto, organizada como una empresa. De ahí la relevancia de la formación permanente equiparable a una inversión en el capital propio de nuestra vida. La importancia concedida por sectores crecientes de la población al embellecimiento y cultivo del cuerpo es solo uno de los indicadores que revelan la potencia y hegemonía de esta concepción neoliberal.
La izquierda no ha entendido, como en muchos otros casos, el alcance y la envergadura de los retos planteados por la evolución del capitalismo y una parte de ella sigue aferrada a la idea del “sujeto autómata del capital”, una tendencia objetiva residente en el mundo de las relaciones de producción que explicaría la totalidad de los cambios éticos y culturales sufridos por las sociedades contemporáneas.
Hay sociedad para más. ¿Hay partidos para esta sociedad? De nuevo, parece que la sociedad civil va por delante de los partidos políticos. Las necesidades de cambio de la sociedad civil son claras y están expresadas.
Estas necesidades hoy, sin dejar de ser materiales, tienen una componente “espiritual” asociadas al sentido de la vida, del trabajo, de la política, del amor y de la familia. Que las políticas económicas y especialmente las de la izquierda pongan en el centro de su atención la generación de empleos acentúa la paradoja de una sociedad del trabajo sin trabajadores y subraya este déficit de sentido en las sociedades contemporáneas.
Las dos izquierdas presentan un más que angosto ámbito para la reflexión y la discusión. PODEMOS se metió en un repliegue ideológico y cultural a partir de VAII del que no es fácil vaticinar cómo salir. El PSOE anda en la empresa ciertamente no fácil de reinventar la socialdemocracia cuando el capitalismo ha evolucionado en un sentido que hace innecesario su concurso.
Ambos partidos hablan de figuras sociales y de marcos de conflicto pasados, por eso no terminan de despertar ese movimiento de emoción e identificación que caracteriza las épocas de cambio político. Hoy el conflicto esencial es el que enfrenta a la ciudadanía con la gobernanza económica,aunque es verdad que sus materializaciones se dan en los más diversos medios y ámbitos de relaciones sociales.
Volveríamos a errar si afrontáramos este conflicto histórico con propósito de “vencer al adversario”. La victoria solo vendrá si nuestra causa, la causa de la democracia, se convierte en el sentido común de nuestra época, si somos capaces de articular y hacer creíble un gran Acuerdo Nacional que actualice el de 1978.
Carece de sentido discutir la legitimidad de origen del régimen. Los déficits democráticos del régimen hay que detectarlos en el ejercicio de las potestades constitucionalmente atribuidas a los poderes públicos, no en la forma en la que fue constituido este régimen.
Hay que enfrentar los problemas de hoy con soluciones de hoy. Lo que tenemos enfrente es un proyecto, en avanzado curso de ejecución, de supresión de los vestigios democráticos y sociales del Estado y el ordenamiento jurídico español. Y no se trata de un adversario atrabiliario y castizo, no es la derechona española, es el proyecto de las élites globales para las que la democracia es un residuo del pasado del que prescindir en aras del avance hacia la sociedad del futuro.
Creo que la primera condición para enfrentar este proyecto con ciertas posibilidades es evitar el desdén que con frecuencia asalta a la gente de izquierda cuando discute de democracia con la derecha.
Este conflicto tiene dimensiones civilizatorias y pretendo huir de las grandes palabras al utilizar este término. La senda de la evolución de las sociedades contemporáneas parece marcada por algún ineluctable designio en virtud del cual se verían abocadas a alguna suerte de gobierno tecnocrático que restringiría el papel de la ciudadanía (seguirlo llamando así solo sería un consuelo para poblaciones absolutamente dominadas) a la expresión periódica de conformidad con la designación del personal político por las instancias dirigentes de las corporaciones en que van camino de convertirse los actuales partidos políticos.
Lo que de verdad ha sido destituyente de los contenidos sociales y democráticos de la Constitución de 1978 ha sido la penetración y consolidación de un conjunto de reglas con dos "fuentes de legitimación": la globalización y la gobernanza europea. Tal subordinación normativa y política se ha asentado con la hegemonía de un sentido común según el cual los mercados distribuyen de acuerdo con reglas de carácter general que pueden ser evaluadas a través de los precios mientras que la política distribuye en función del poder y la relación de fuerzas. Justicia de mercado (objetiva y general) versus justicia social (subjetiva, discutible y particular).
El fracaso de la democracia no fue el exceso de demandas que llevó a la crisis fiscal sino no haberse opuesto a la contrarrevolución neoliberal, no haber movilizado a las capas populares para evitar la reducción de los ingresos fiscales por la desfiscalización de las rentas de los ricos y del capital.
La compatibilidad del capitalismo con la democracia, que se creía natural en los treinta dorados, se vio que sólo era posible con una estricta y severa regulación del capitalismo.
El aumento de la deuda no fue debido al incremento del gasto público sino a la caída de los ingresos. Que el aumento de los gastos haya contribuido al déficit y la deuda se explica por el incremento del gasto público dedicado a la reparación y compensación de la devastación capitalista. Buena aporte de ese aumento del gasto social era un pago diferido en el que el Estado asumía cargas responsabilidad de las empresas.
El artículo 135 de la Constitución, a partir de su modificación, opera como un modificador esencial de la estructura social a favor de los más ricos: al establecer la prioridad del servicio de la deuda convierte a esta en una inversión muy atractiva para los grandes ahorristas/inversionistas. Al suelo y la ladrillo le sucede la deuda como objeto de inversión preferente y refugio seguro para el dinero para tiempo de incertidumbres; y a la especulación del suelo y la vivienda, el rentismo de los bonos de la deuda
Los sectores sociales beneficiarios de estas sucesivas oleadas de expolio de lo público como aprovechamiento privado forman la base social necesaria de un proceso histórico objetivamente destituyente.
A la luz de estas observaciones, el proceso constituyente que hemos defendido toma una singular naturaleza. Porque no puede sino sentirse heredero de la Constitución de 1931 pero también de la de 1978; una herencia inequívocamente republicana, postulante de los derechos civiles, políticos, sociales y ambientales pero también del sentido individual y colectivo de la responsabilidad que constituye la savia de la auténtica ciudadanía.
No se puede descartar que nuestro proceso constituyente se haga al amparo de las previsiones de reforma del Título X de la vigente Constitución. Hay mucha lealtad a la Constitución con la que salieron de la dictadura entre amplios sectores de la población, especialmente los mayores de 60 años, incluso entre los que reconocen y critican sus contenidos más antidemocráticos.
La experiencia del Estatuto de Cataluña es un buen ejemplo. El golpe de Estado que ha representado la Sentencia del Tribunal Constitucional del 2010, si por un lado ha supuesto la quiebra del elemento de consenso entre las instituciones autonómicas y la estatal, pilar fundamental del pacto de 1978 y, en tanto que tal, tiene naturaleza objetivamente destituyente, de otro comporta la posibilidad de recuperar ese elemento paccionado si determinados agentes políticos asumen la responsabilidad de ofrecer soluciones políticas a un problema político.
Pero ello acentúa la prioridad de la política en un momento tan delicado como el actual. Y es ahí donde reside la especificidad del momento constituyente, contra lo que la visión meramente constitucionalista del mismo sugiere.