En los últimos días se ha visualizado el
enfrentamiento público entre el gobierno municipal
de Ahora Madrid y distintos actores sociales. Entre
ellos el MATS.
También las secciones sindicales de UGT,
CCOO
y CSIF, colectivos ciudadanos como la Plataforma
en
defensa del Hospital Ramón y Cajal, sectores
de Ganemos Madrid e incluso la diputada de Podemos
por Madrid, Carmen
San
José.
El motivo de este conflicto fue la puesta
en marcha de un proyecto de externalización de los
servicios de Madrid Salud. Un proyecto en teoría
social pero abriendo un concurso público para
empresas (externalización) y sin previo consenso
ni consulta con sindicatos y movimientos sociales.
El fondo y las formas de esta operación fueron
duramente criticados (entre otros por el MATS).
En un primer momento se dieron argumentos
un tanto variopintos e inconsistentes: no se puede
hacer nada más; la ley Montoro (techo de gasto
público para todo tipo de gobiernos) nos impide
contratar empleo público; este concurso en
realidad no es una privatización sino una
hibridación entre lo público y lo social; la
cuantía de estos contratos (alrededor de seis
millones de euros) no son comparables con las
privatizaciones del PP; las plantillas municipales
no están preparadas para asumir estos nuevos
proyectos, etc.
No merece la pena ya entrar a contestar
tales argumentos. Ellos mismos (Ahora Madrid) se
han contestado a sí mismos con el acuerdo firmado
con el PSOE en el pleno del Ayuntamiento el 20 de
julio. Un acuerdo que contempla fomentar el empleo
público, la participación ciudadana y de los
sindicatos e, incluso, impulsar la contestación
político-social a la Ley Montoro. Veremos si todo
esto se lleva a cabo o cae en saco roto.
Pero también es necesario sacar algunas
conclusiones de fondo. En primer lugar, el
gobierno de Ahora Madrid, que contó con un gran
respaldo popular, no puede seguir actuando de
manera autista al margen de los sectores sociales
que le auparon a la victoria.
En segundo lugar, sería importante que
Ahora Madrid, como otros ayuntamientos del cambio,
no se limite a administrar o gestionar (agregaría
“eficazmente”) los presupuestos, sino que actúe políticamente
intentando romper barreras legales, desobedeciendo
si fuera necesario y tratando –sobre todo- de
socializar los problemas para impulsar un proceso
de movilizaciones que devuelva la esperanza a la
gente que la está perdiendo.
Por último, nos gustaría responder a
ciertas críticas que hemos recibido de sectores
próximos a Podemos o Ahora Madrid. Se nos dice que
criticar públicamente a Manuela Carmena debilita
las posiciones de izquierda. Nada más falso. Como
se ha visto, la crítica constructiva ayuda a
corregir y también a llenar espacios políticos que
de otra manera serán ocupados por la derecha
(siempre hay una ultra-reacción a una medida
reaccionaria).
El PSOE busca capitalizar la crisis de
las externalizaciones arrogándose un protagonismo
con un pequeño movimiento institucional. Pues
bien, nosotros no podemos evitar que eso ocurra.
El error no fue nuestro, sino de los dirigentes de
Ahora Madrid. Pero aún más. ¿Acaso el PSOE no
intentó capitalizar en 2013-2014 los triunfos de
la Marea Blanca cuando los jueces decidieron
paralizar el proceso de privatizaciones? ¿Qué es
lo que ha quedado en la memoria colectiva, la
Marea Blanca o la actuación del PSOE? La duda
ofende.
Y lo más importante de todo es que los
militantes de los partidos políticos y activistas
deberían diferenciar el papel que juega un
Gobierno (aunque sea de izquierdas) del de un
movimiento social o sindical. No se le puede pedir
a los movimientos que asumamos los postulados de
los gobiernos o instituciones y, mucho menos, que
hagamos nuestras sus políticas limitativas. No se
nos puede pedir complicidad con ellas y muchísimo
menos silencio.
Nuestra
función
no es actuar como complemento del poder, sino
como contrapoder. Nosotros no
hablamos ni actuamos en función de “los intereses
generales del Estado ni de toda la sociedad”, sino
en nombre de las clases trabajadoras, de los que
más sufren los recortes, la austeridad o el
desempleo.