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MONTORO SECUESTRA MADRID

POR UNA RESPUESTA CIUDADANA: AUTONOMÍA MUNICIPAL Y DERECHOS SOCIALES

1. El Ministerio de Hacienda ha intervenido las cuentas del Ayuntamiento de Madrid, con una interpretación forzada de la ley y aplicando la "ley del embudo", ya que, con esa interpretación, muchos ayuntamientos gobernados por el PP tendrían que estar en la misma situación.

2. El Ayuntamiento de Madrid, poniendo fin a derroches y corruptelas, ha reducido la deuda heredada en un 40% y ha elevado el gasto social un 74%. Por el contrario, con Montoro como ministro de Hacienda la deuda pública de España ha subido 400.000 millones de euros, un 52%.

3. En 2016, la Administración central no cumplió el objetivo de déficit marcado, como tampoco lo hizo el conjunto de las administraciones autonómicas, destacando el incumplimiento de la de Murcia, gobernada por el PP con el apoyo de Ciudadanos. El Ayuntamiento de Madrid cumplió y mejoró el objetivo de déficit cero con un superávit de 1000 millones de euros.

4. El Ayuntamiento de Madrid tiene un gobierno que comete errores pero es honesto. El ministro Montoro es el autor de la amnistía fiscal para grandes evasores que el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional. El señor Montero es ministro de un gobierno presidido por el señor Rajoy, sobre el cual el inspector jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional ha declarado que "indiciariamente" cobró sobresueldos.

5. Los "crímenes" de un gobierno municipal que ha reducido deuda y aumentado el gasto social son, primero, que no es del PP; segundo, que ha demostrado que sí se puede gobernar de otra manera; tercero, el peor de todos, que hace inversión social para cubrir necesidades ciudadanas abandonadas por los gobiernos de Rajoy y Cifuentes. El ministerio de Hacienda acusa al Ayuntamiento de Madrid de haber invertido 428 millones de euros en "competencias impropias", esto es: Samur, inclusión social y atención de emergencia, igualdad de las mujeres, atención a las adicciones, servicios complementarios de educación, fomento del empleo, promoción y gestión de vivienda, etc. Mientras tanto, Ignacio González junta 400.000 euros en unas horas y sale de la cárcel montado en un Jaguar.

6. Hasta aquí hemos llegado. El Gobierno municipal de Ahora Madrid ha denunciado el atropello y anuncia posible recurso. El grupo municipal de PSM-PSOE denuncia que es un "ataque a los derechos de los madrileños". Sin duda, apoyamos esas respuestas. Pero es insuficiente. En un anterior comunicado habíamos pedido al Ayuntamiento de Madrid que impulsase, en coordinación con otros ayuntamientos, "una movilización ciudadana por la autonomía municipal para el uso social de los recursos disponibles y por la derogación de la LRSAL y la LOEPSL", leyes a través de las cuales Rajoy ha roto el pacto territorial local de 1978, como rompió el pacto social, y subordinado la democracia municipal a las imposiciones del gobierno central.

7. Preparar esa movilización continuada es más necesario que nunca. Bien está la "cortesía institucional" pero ésta no puede atar las manos de los gobiernos municipales frente a los ataques que están sufriendo desde el gobierno de Rajoy y, en nuestro caso, desde el de Cifuentes. Los derechos sociales y la democracia están juego. Cuando un gobierno de España trata mucho peor a los ayuntamientos que mejoran la vida de sus gentes que a los que las han saqueado, cuando las propias Cortes españolas han sido reducidas a ornamento ya que el gobierno del PP bloquea casi todas las proposiciones de ley de la oposición, incluso las que cuentan con mayoría absoluta, con el pretexto de que tienen consecuencias presupuestarias, ya no hay democracia local ni democracia parlamentaria, sino centralismo, presidencialismo y autoritarismo.

8. Urge que la ciudadanía volvamos a salir a la calle a decir alto y claro que "no nos representan", urge que los grupos de oposición en el Congreso de diputados insten en serio la abolición de las leyes que niegan la autonomía municipal y urge un acuerdo entre Ahora Madrid y PSM-PSOE para una amplia campaña informativa e incentivar, junto a otros ayuntamientos y a la sociedad civil, una respuesta contundente. Ahora es el momento.