Trasversales
José Errejón

Es la democracia lo que está en juego

Revista Trasversales número 42 septiembre 2017 web

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Con ocasión del debate sobre Catalunya ha sido frecuente ver como se oponía la democracia al nacionalismo soberanismo independencia; cada uno de los muchos que lo han hecho ha elegido el término más conveniente para oponerlo a una visión liberal de la democracia. Desde el presidente del Gobierno a los meritorios en busca del reconocimiento de los señores del poder mediático, ha sido exorcizado el proceso iniciado en Catalunya a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional (STC) del 2010 como un atentado contra la Constituciones, la Democracia y los derechos de los ciudadanos. Dicha sentencia anulaba varios preceptos del Estatuto de Autonomía aprobado por el Parlament y las Cortes Españolas y mayoritariamente refrendado por el electorado catalán.

Se consuma así la operación de confundir la democracia con la Constitución, el imperio de la ley y el Estado de Derecho. Una operación histórica comenzada desde el momento mismo de la muerte de Franco y orientada a vaciar las instituciones políticas de cualquier vestigio de protagonismo popular. Todo el funcionamiento de las instituciones del Estado de 1978 ha producido como resultado la ajenidad de la sociedad civil para con la política, intentando, además, presentar este fenómeno, expresado entre otro en la baja participación electoral, como un signo de madurez democrática.

Así que nada podía resultar más extraño y amenazador, según esta lógica imperante, que la aparición en escena de un proyecto de construcción popular pacífico y democrático en el que la ley y la institucionalidad son sólo la consecuencia y no la causa ni el motor de la intención y la voluntad democrática.

Tal parece que las sucesivas generaciones de políticos del régimen del 1978 no hubieran entendido el mensaje fundamental emanado de los pueblos que, en el fin de la dictadura, aceptaron participar en las instituciones del nuevo régimen como útiles en la perspectiva de la consecución de sus seculares aspiraciones. No han comprendido, como no lo comprendieron sus antecesores, que el régimen de 1978 era un paréntesis histórico, una tregua en el conflicto secular que ha enfrenado los pueblos con el Estado instaurado al comienzo del siglo XVIII bajo la dinastía borbónica.

Esa su “peculiar” concepción de la democracia que han difundido en la sociedad como “cultura cívica”, unida a su identificación con los peores resabios de los aparatos del Estado, les impide comprender la naturaleza del fenómeno al que se enfrentan.

Sus “principales” sin embargo, la oligarquía económica y financiera para quienes trabajan, han entendido bien esta naturaleza y por eso se han aprestado a amenazar con la catarata de desventuras unidas a la celebración del referéndum, contraviniendo, así, la tesis de algunos sectores de izquierda contrarios al referéndum que pretenden presentar el proceso como una operación de la “burguesía catalana”.

Pero no parece que valgan sucedáneos de democracia como los que los actuales gestores del Régimen nos quieren vender identificándola con el mero acatamiento de la ley. Ahora no hay ya una sociedad amedrentada como la de 1977 a la que se podía contentar con sacar a Tarradellas al balcón de Sant Jaume. Ahora asistimos al proceso – con todos los defectos y las carencias de los procesos reales- de construcción de un pueblo que quiere decidir su destino por sí mismo. Un pueblo que se construye con sus propias instituciones. Es de resaltar al respecto el papel fundamental desempeñado por la Assamblea Nacional Catalana y por Omnium Cultural, configurando un tejido ciudadano que está siendo el verdadero protagonista de estas jornadas de exaltación democrática.

No ha sido en vano que el procés ha sido caracterizado como el 15M soberanista. Viene del mismo tronco, lo alienta la misma fuente de energía entre las clases populares, hace parte de esa rebelión democrática iniciada al otro lado del mediterráneo en la que hemos visto expresiones magnificas de creatividad e innovación en las formas sociales de convivencia.

En vano pretender oponer el gobierno del PP y sus intelectuales orgánicos el soberanismo a la democracia. Cuando lo hacen la concepción de la democracia que nos muestran es la de un conjunto de normas, procedimientos e instituciones; pero la democracia es mucho mas o, en todo caso, algo muy distinto de ese conjunto dispositivo con el que con frecuencia ha sido asfixiada o cuando menos banalizada.

Conciben la democracia como un régimen político y la democracia es, antes que nada, una acción, la manifestación de una pluralidad de demandas insatisfechas identificadas en torno a una de ellas que opera aportando el papel de identidad colectiva para todas (en el caso de Catalunya la reivindicación nacional).

Aludíamos antes al 15M soberanista. No es casualidad la emergencia del procés en el clima social inaugurado por el movimiento de las plazas. Con razón se ha invocado el TSC del 2010 como la gota que desbordó el vaso de la indignación soberanista. Mi opinión, sin embargo, y aun reconociendo el efecto traumático de este acontecimiento sobre el estado de animo de la sociedad catalana, es que sólo en el marco de la rebelión ciudadana que en Catalunya tuvo tan magnificas expresiones es posible comprender la dinámica social emergida con la Diada del 2012.

Este énfasis en la dimensión ciudadana del procés pretende resaltar que el mismo forma parte de una dinámica democrática que si en Madrid ha llevada a Carmena y Ahora Madrid al Gobierno municipal, en Catalunya se expresa a través de la identidad nacional como esa demanda parcial que tiene la virtud de articular toda la cadena de demandas contra el Estado oligárquico de 1978. O dicho de otra manera, la rebelión democrática y ciudadana comenzada el 15M en Madrid es continuada por el proceso de articulación democrática en torno a la identidad nacional en Catalunya con el objetivo histórico de frenar y reconducir la deriva oligárquica del Estado consagrado en la Constitución de 1978 después de que haya sido vaciados casi en su totalidad sus contenidos sociales y democráticos.

Así pues los términos actuales del conflicto no son como querrían quienes sostienen al régimen, secesionismo versus Constitución sino democratización versus oligarquización del Estado de 1978. Autodeterminación en Catalunya, reforma constitucional para revertir la deriva oligárquico y autoritaria, regeneración ética e institucional para acabar con la sangría de la corrupción, defensa y protección de los bienes comunes mediante su demanialización [esto es, afectación al uso general o a los servicios públicos con una especial protección], estos son algunos de los componentes de esta propuesta de republicanismo cívico que puede unir las energías de cambio y regeneración ética y cultual que anidan en el seno de las sociedad españolas.

Estas y otras cuantas que son objeto de elaboración y articulación por quienes resisten la ofensiva desdemocratizadora que impulsan el PP y sus aliados. Cada una lleva su ritmo y su proceso de articulación interna y resultaría artificioso pretender acompasarla desde un imposible centro de referencia. Pero todas ellas empujan en la dirección de la imprescindible actualización del marco jurídico político de convivencia para el conjunto de los pueblos de España. Un impulso material que surge de las sociedades y pide cuentas al orden establecido para mejorar el funcionamiento de las instituciones y reparar los daños sufridos desde el año 2008.

Se equivocarían los políticos catalanes y el resto de los partidos políticos si desconocieran la profundidad democrática de este proceso. Como en el resto de nuestro contexto geopolítico, las instituciones estatales y las élites políticas y financieras que la gobiernan se enfrentan al reto de una auténtica y efectiva democratización. Las formas que ésta adopta y las instituciones en las que se consagran no pueden ser anticipadas pero el rumbo histórico debe ser garantizado.

La democratización de los marcos de convivencia se ha convertido en imprescindible si queremos afrontar con alguna garantía de éxito los enormes retos a los que se enfrentan nuestras sociedades y que la crisis iniciadas en 2008 a mostrado de forma desencarnada. Sólo con un asunción individual y colectiva de responsabilidad podremos hoy afrontar la crisis energética, el colapso ecológico y las migraciones demográficas.

Norberto Bobbio dejó dicho que éste era el tiempo de los derechos. Pero no lo es menos el de su ejercicio responsable en sociedades libres y adultas. La urgencia de la democracia tiene que ver con la imperiosa necesidad de que las mujeres y hombres de nuestro tiempo nos hagamos cargo de nuestro destino y obremos en consecuencia.

Pero este no es tiempo para refugiarse detrás de declaraciones vacías que no comprometen a nada. No soy catalán, soy ciudadano del Estado español comprometido con el proceso de democratización iniciado el 15m del 2011 y, en tanto que tal, expreso mi posición en la forma más clara posible. El derecho a decidir, incluso si se concretara en el derecho de secesión, no tiene por qué suponer la ruptura de los lazos históricos ente el pueblo catalán y el resto de los pueblos de España. La secesión, si al final fuera democráticamente decidida, se ejercería en relación con el actual Estado español y, al hacerlo, abriría las puertas a su transformación o a su profunda reforma.

La separación de Cataluña del actual Estado español no tiene por qué desembocar en la creación de un nuevo Estado. De la estatalidad es seguramente imposible prescindir en las complejas sociedades contemporáneas pero eso no implica que haya que multiplicar sus formas.

En la misma forma en la que las naciones europeas comparten en la UE una forma de estatalidad, sería posible que los pueblos que han vivido bajo la jurisdicción del Estado español compartieran una forma de estatalidad que, respetando los niveles de autogobierno que desearan, pudieran al tiempo garantizarles los servicios y las prestaciones básicas que caracterizan al Estado en nuestros días.

No se puede tirar a la basura toda la experiencia histórica que han vivido los pueblos desde 1978 ni proclamar la igualdad de condiciones entre la sociedad catalana bajo el franquismo y la actual, por insatisfactoria que pueda resultar esta última para las aspiraciones de una gran parte de los catalanes. Es apelando a esa experiencia histórica, la que han hecho los pueblos y las mayorías sociales, pugnando por hacer verdad los mejores contenidos de la Constitución de 1978 contra su banalización y liquidación a manos de las oligarquías estatales y financieras como podremos encontrar la solución a esta situación de bloqueo.

En todo caso nada volverá a ser igual después de lo sucedido estos días en Catalunya. La utilización casi exclusiva del Código Penal, los jueces y la policía para enfrentar el clamor por decidir de una parte muy significativa de la sociedad catalana, las detenciones en las calles, los registros de sedes autonómicas, etc., marcan un punto de no retorno que la sociedad catalana o al menos la parte más activa de la misma no olvidará con facilidad. Se ha roto el lazo de confianza que, por mínima que sea, liga a una sociedad con las autoridades del Estado y, a partir de ahí, pueden fructificar ideas populares similares a contemplar dichas instituciones como “de ocupación”.

Un estado de excepción que no se declara pero que opera de forma efectiva, disolviendo de facto la autonomía catalana y, por ende, dejando sin efecto la efectividad del Título VIII de la Constitución, base fundamental de la legitimidad del régimen. Las sociedades de nuestro tiempo, y entre ellas la catalana, no pueden ser gobernadas con la mera aplicación de la ley, por precisa que sea esta. La aplicación, si llegara el caso, como ha anunciado la propia vicepresidenta del gobierno, de la Ley de Seguridad Nacional de 2015 (por cierto promulgada ante el silencio de la oposición parlamentaria de la época), es una buena demostración de los excesos punitivos que pueden llegar a cometerse, llevado el Gobierno del PP como está por su “celo securitario”. Y cuando aparecen los conflictos no puede ser que el Estado tenga como última ratio la intervención de fiscales, jueces y policías. Si ello ocurre es que han fallado o no funcionan las instituciones características de una sociedad democrática.

Los conflictos, también los identitarios, constituyen la esencia de nuestras sociedades y es difícilmente aceptable su gestión en base a instrumentos exclusivamente punitivos.

Un comentario final, ahora se puede valorar la importancia de la perdida ocasión de 2016 para haber sacado a Rajoy de la Moncloa. Sin creer en el milagro de que un gobierno del PSOE (máxime si estaba apoyado por Cs) hubiera podido prescindir de la pesada losa de las razones de Estado y el art 2º (“la indisoluble unidad…”) de la Constitución, me parece innegable que la presencia de un presidente no del PP en la Moncloa hubiera contribuido a un escenario más favorable al imprescindible diálogo que hoy se reclama desde sectores sociales, políticos y culturales muy diversos.


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