Dos manifestaciones de muy distinto signo han tenido lugar en Madrid el pasado 7 de octubre. El alto valor simbólico de ambas me da pie a examinarlas con la pretensión de contribuir a describir los términos del actual conflicto político en nuestro país.

Soy consciente que este análisis se queda cojo por no tomar en consideración la realizada el domingo en Barcelona. Creo, con todo, que a la misma le es de aplicación los rasgos descritos en este texto a la manifestación “constitucionalista” aunque no se me escapa que en la misma los rasgos más nacionalistas predominaron sobre los estrictamente constitucionalistas.

La manifestación “constitucionalista”

La primera convocada por medios de la externa derecha y apoyada y estimulada por el aparato del PP y Cs, con una base social muy amplia de un españolismo más cohesionado por el apoyo a la represión policial del pasado 1-O y a la selección de futbol que por su formal defensa de la Constitución del 78.

Los efectos del proceso soberanista en Cataluña hábilmente manejados por la práctica totalidad de los medios estatales de comunicación están permitiendo al PP operar una recomposición de su base social seriamente mermada en el ciclo electoral 2015-2016. La huida hacia delante de los dirigentes soberanistas, unida a las vacilaciones de la izquierda estatal y, hay que insistir en ello, el frente mediático y empresarial en defensa de las instituciones del 78, han producido un agrupamiento españolista que va desde los sectores más agresivos de la derecha fascista pasando por Cs hasta los sectores de izquierda que quieren defender los contenidos sociales y democráticos de la Constitución amenazados para ellos por la aventura secesionista

Hay que hacer aquí un paréntesis ante un hecho paradójico que podría tener efectos muy notables en la escena política española en los próximos tiempos que está relacionado con la vuelta al lenguaje político de la voz patria, patriotismo

Hace tres años un proyecto impugnatorio del régimen del 78 emergió postulando una idea de patriotismo frente a la expropiación de soberanía perpetrada por las élites políticas del régimen al servicio de la troika y los mercados financieros. Esa propuesta política, chocante para una parte de la izquierda tradicional, prendió sin embargo con fuerza en amplias capas de la sociedad española, haciendo posible la disputa de lo “nacional” a la derecha política que lo había hegemonizado secularmente a favor de las clases dominantes.

Han sido esos, sin duda, los momentos más difíciles para las élites gobernantes que veían así amenazada o, cuanto menos disputada, la hegemonía de los grupos beneficiarios del expolio practicado a las mayorías sociales desde las postrimerías del siglo pasado. Era disputada su hegemonía con un proyecto de refundación nacional y estatal (proceso constituyente) que, si carecía de una precisa definición en sus contenidos esenciales (p.ej. en la cuestión territorial) ofrecía la virtualidad de desatar una energía movilizadora que permitía alentar la posibilidad del desplazamiento de esas élites y la reversión de sus antipopulares y antidemocráticas políticas.

Los acontecimientos posteriores son tan recientes que no parece necesario recordarlos. Sí anotar que ese momento difícil del régimen fue superado con la revalidación del gobierno del PP, después de que las izquierdas no fueran capaces de encontrar las condiciones para sacarlo de la Moncloa. Y a partir de aquí hay que señalar dos hechos de cuya confluencia se deriva el actual escenario político.

El primero que los dirigentes de Convergencia, presionados por la creciente competencia de ERC (y ésta a su vez por la CUP) y en el contexto de la profunda frustración de la sociedad catalana por el revolcón del TC al Estatuto de Autonomía, se deciden a huir hacia adelante pensando que la debilidad relativa del PP es la mejor ocasión para un audaz movimiento como éste.

El segundo es que la dirección del PP, escarmentada de los difíciles momentos de la primavera del 2016 (negociación PSOE-PODEMOS), configura otra agenda política en la que, respaldada por la recuperación económica hecha posible por la políticas de expansión monetaria y los bajos precios del petróleo, se otorga prioridad a la cuestión catalana en la hipótesis de que la misma podía proporcionar la ocasión para, desplazando el debate político de la cuestión social a la “nacional”, operar una recomposición de sus bases sociales y electorales. Con el inestimable apoyo de los poderes mediáticos el Gobierno afronta este problema desde una posición políticamente muy rígida y esgrimiendo como único argumento la defensa de la unidad de España, de la soberanía nacional y del principio de legalidad.

Pero esta confluencia de propósitos entre los gobiernos del Estado y de la Generalitat colocando en el primer punto de la agenda política el problema territorial tiene dos consecuencias que importa subrayar.

La primera es la desaparición de la agenda de los problemas que estuvieron en la base de la disputa del sentido nacional a las élites del régimen, aquellos relacionados con la distribución de las cargas del ajuste de la crisis, especialmente en lo que concierne al recorte de los derechos y las prestaciones sociales. La manipulación informativa ha conseguido casi ocultar que los recursos públicos para el salvamento de la entidades financieras quebradas no serán recuperados o que la imprudencia del Gobierno ha llevado al Fondo de Reserva de la Seguridad Social a su práctico agotamiento, por no hablar del agobiante tema de la corrupción del que está infectado hasta la médula el partido gobernante; pero ha conseguido que su espacio en la atención informativa lo haya llenado, día tras día, el problema del “independentismo”.

La segunda, igual si no más importante que la primera, ha permitido a las derechas políticas (es difícil exagerar el papel de Cs en el rearme del españolismo) configurar o recuperar una fractura en torno a la cual encuadrar a una amplia base social con la composición antes descrita, para la defensa de la “Constitución”. Para la construcción de este bloque social se ha contado, además, con dos instituciones de alto valor simbólico como axiales del régimen del 78, la Corona y las fueras armadas y de seguridad del Estado. Su contribución ha permitido enfatizar el carácter crítico de la contienda y sacar del armario la consigna de la defensa de la unidad nacional que tan buenos réditos ha dado a la derecha a lo largo del siglo XX.

Todo está preparado, pues, para que la próxima contienda se dirima en el terreno y los términos buscados por la derecha política. El régimen del 78, perdidos en su devenir histórico sus mejores rasgos sociales y democráticos, echará por la borda otro de sus cimientos, el pacto con las naciones con aspiraciones de autogobierno que subyace al texto constitucional, en lo que constituye ya su deriva al parecer imparable hacia un Estado centralista y autoritario. De modo que, para decirlo de forma sumaria, la defensa de la Constitución se convierta en el pretexto para su definitiva demolición.

La manifestación por el diálogo (hablemos)

La otra manifestación se convocaba por el diálogo para la solución del problema catalán, una vez anunciada la Declaración Unilateral de Independencia por el presidente de la Generalitat y advertido con la aplicación del artículo 155 por el presidente Rajoy. Escenificada o visualizada de blanco para invocar la paz y el diálogo como forma de solucionar el conflicto frente a la rígida aplicación de la ley y la represión violenta sobre quienes defienden su derecho a determinar libremente su futuro.

Su composición social y cultural parece responder a lo que podríamos llamar la base social de izquierda del 78, una muy amplia franja social que ha sostenido a los gobiernos del PSOE como impulsor de los logros sociales y democráticos habidos durante la historia del régimen, entre los cuales está el desarrollo y mantenimiento del Estado de las Autonomías. Aunque con muy tímidas expresiones, esta manifestación representa la opinión favorable a la solución del problema por métodos pacíficos y, en tanto que tal, la defensa de la democracia frente al autoritarismo implícito en la aplicación de la ley

Porque, digámoslo de una vez, lo que con ocasión del mal llamado problema catalán está planteado en España es una fase más de la confrontación histórica entre la democracia y el Estado oligárquico y autoritario. Y esta vez en relación con la solución al secular problema de la construcción misma del Estado, hasta ahora siempre resuelto por métodos de imposición autoritaria

La lucha por la democracia atraviesa la historia de nuestro país desde el comienzo del pasado siglo y ha tenido un paréntesis relativo con el régimen del 78, en sí mismo una forma mixta de democracia y oligarquía pero también el más largo periodo en que esta última ha aceptado una forma no autocrática o dictatorial de gobierno. Pero ahora, cuando el régimen toca a su fin, el enfrentamiento es inevitable y ninguna instancia parece en condiciones de ejercer como árbitro como lo ha sido la Corona desde 1978

Todo lo anterior pretende poner de manifiesto que nos encontramos en una fase distinta de la historia con una diferente composición de las fuerzas políticas en conflicto. Del lado del Estado oligárquico al partido heredero de las tradiciones de la derecha española se le ha unido otro bajo las banderas del europeísmo y el constitucionalismo que apoya la construcción de un moderno Estado oligárquico de Derecho.

Del lado de quienes defienden la democracia, se presenta un panorama en el que a su tradicional fragmentación se une ahora una notable confusión. No es para menos, ahora ya no hay estaciones intermedias como lo fue el Estado del 78 para los demócratas de la época.

Pero la lucha por la democracia que ahora se plantea con más rotundidad que nunca en el pasado no puede ser concebida de una vez y para siempre, con un bando vencedor y otro derrotado. Es con la puesta en peligro de la democracia que ésta aparece como uno de los polos estructurantes del conflicto político

Pero no es posible desconocer la relevancia de la aparición de un movimiento constitucionalista dirigido por la derecha política, los medios estatales de comunicación y acompañado por un sector nada desdeñable del PSOE.

Ese bloque constitucionalista puede ser la base imprescindible para el viraje regresivo del régimen, barriendo o reduciendo al mínimo la expresión de las posiciones democráticas y de izquierda. De modo que resulta apremiante la necesidad de construir un polo democrático para resistir tan preocupante deriva. Ese enfrentamiento con el constitucionalismo reaccionario va a ocupar el próximo período de la vida política en nuestro país de forma explícita o implícita. Durante ese período en el que seguirá en vigor al Constitución del 78, los demócratas deberemos hacer de la defensa de sus mejores contenidos, incluyendo la metodología paccionada en la adopción de decisiones, una pieza fundamental de nuestro trabajo político.

Pero es imprescindible que nos agrupemos bajo un enunciado inequívoco que dé cuenta de la naturaleza del conflicto político en el que ya estamos inmersos. Hay que construir el partido de la democracia y hacer un llamamiento amplio a engrosar sus filas. Estamos hablando de partido en sentido orgánico, no de la disolución de las formaciones políticas actualmente existentes. Pero todas ellas deberían ser conscientes de que o se configura ese partido de la democracia o seremos barridos por el vendaval reaccionario levantado e impulsado por la derecha política y los poderes económicos financieros y mediáticos.