No era mi intención, más allá de expresar mi apoyo a la sensatez de Ada Colau y Catalunya en Comú, opinar respecto al procés, pero tras la represión y la intimidación desmesuradas desatadas por Rajoy creo que el silencio no es oportuno.

En estos días miré un texto escrito en 1914 por Lenin, al que no había vuelto a leer desde hace unos veinte años, en el que decía que "Ni un solo marxista de Rusia ha pensado nunca en acusar a los socialdemócratas polacos de estar en contra de la separación de Polonia. Estos socialdemócratas se equivocan sólo cuando, a semejanza de Rosa Luxemburgo, intentan negar la necesidad de que en el programa de los marxistas de Rusia se reconozca el derecho a la autodeterminación", en el marco de un análisis de la "cuestión nacional" que, aunque no soy leninista y sí algo luxemburguista en otros asuntos, me ha parecido inteligente y matizado, por huir de "consideraciones generales" jurídicas y hacer frente a situaciones específicas más que por otra cosa. En tanto que español no-catalán, no estoy ni a favor ni en contra de la secesión de Cataluña y defiendo el derecho a la secesión y la articulación de mecanismos democráticos que permitan tomar una decisión en y para Cataluña, aunque creo que la convocatoria del 1-O en los términos que se ha hecho por Junts pel Sí y CUP no ha sido apropiada. Tampoco tengo opinión sobre el hecho de votar o de "qué votar" ese día, aunque Rajoy ha aportado una poderosa motivación de autodefensa catalana para hacerlo e incluso para votar Sí. No voy a hablar de qué deben hacer "los polacos", sino de qué podemos hacer "los rusos".

También querría señalar que condeno todos los excesos y extremismos, que condeno las amenazas de muerte a Anna Gabriel -que no ha hecho nada para merecérselo, como insinuó una líder de Cs- y que a Serrat le llamen fascista, que desde luego no lo es; que se impute a centenares de alcaldes(as) independentistas y que se insulte a alcaldes(as) de PSC o Catalunya en Comú; que me repugnan los fascistas que rodearon y agredieron la asamblea de cargos públicos convocada por Podemos y también los fascistas de los Boxos Nois. Podría matizar algunas cosas, pero no voy a hacerlo. Sí, condeno todo eso. Por cierto, me ofrezco a firmarlo en común con algunos de los que gritan exigiendo que se condene lo de Serrat o lo de las presiones a alcaldes del PSC pero callan ante otras cosas.

Como última consideración previa, diré que en Cataluña coexisten diferentes y legítimas opiniones sobre la secesión, sobre el derecho a la secesión, sobre el procés o sobre la consulta del 1-O. Guste o no guste, no se puede ignorar que una franja muy grande de la población de Cataluña no quiere el actual modelo de relación con España, siendo considerable el peso de quienes ya ha han optado por la formación de una República catalana; también es significativo el número de quienes no quieren la "independencia", entre los que hay una parte partidaria del "derecho a decidir". Unos y otros son "pueblo catalán". Ese es el punto de partida para cualquier enfoque razonable y una disminución de la tensión.

Pero lo que me preocupa ahora especialmente, por Cataluña pero también por España, es la oleada de represión contra la sociedad catalana y sus instituciones. Sin responder a esto no cabe esperar otra cosa que la exacerbación de las tensiones y una deriva autoritaria del Estado que no sólo afectará a Cataluña.

El desembarco

Quienes no vivimos en Cataluña tenemos que hacer frente a los desmanes y al desembarco autoritario puestos en marcha desde el Estado contra una parte muy grande de la población de Cataluña y contra sus instituciones. La represión sin soluciones y sin diálogo sólo agrava los problemas. El PP lleva más de diez años alentando y tramando esta situación, por su hipercentralismo genético y para que la "cuestión catalana" destroce cualquier alternativa posible a Rajoy y les facilite el montaje de un nuevo régimen autoritario y sin compromisos sociales.

La multitud que se ha lanzado a la calle en Cataluña frente a lo que, de hecho, es suspensión de la autonomía de Cataluña, inhabilitación de la Generalitat, cancelación del sistema de garantías e instauración de una especie de estado de excepción no proclamado, no es la oligarquía catalana, ni siquiera es la "burguesía catalana", aunque haya sectores "burgueses", y buena parte de quienes participan en estas movilizaciones ciudadanas también lo han hecho en las protestas 15M, en las luchas contra los recortes sociales llevadas a cabo por los gobiernos de PP y de CiU o en la mayor movilización por la acogida de refugiados que haya habido en España y quizá en Europa. ¿Burguesía los estibadores del puerto de Barcelona que se han negado a abastecer los barcos que alojan a los grupos antidisturbios, o los bomberos de Cataluña, mientras que la patronal catalana Foment condena el procés y la consulta del 1-O?

Es imposible no ver la desmesura de la respuesta dada desde el gobierno de España, su Fiscal General y el Tribunal Constitucional a la consulta del 1-O. Desmesura porque incluso desde el rechazo a la consulta y a las leyes catalanas que le han dado cobertura se podría haber distinguido el hecho práctico de la realización alegal de una consulta sin tener competencias para ello, que no es un delito en España desde que el Congreso derogó en 2005 esa tipificación introducida en 2003 por Aznar, de las consecuencias institucionales previstas en las leyes del referéndum y de transitoriedad jurídica en caso de salir el Sí. ¿Por qué tanto miedo a una consulta que, aunque no iba a ser un referéndum real, sí tenía y tiene una dimensión de movilización social? ¿No sabían que controlar la potencial proclamación de la República catalana en los días posteriores les sería mucho más fácil y menos traumático que impedir la realización de la consulta amenazando y acosando a prensa, imprentas, trabajadores de correo, empleados de la Generalitat, mossos, personas convocadas a las mesas de la consulta, alcaldes(as), replicadores de webs y otros miles de personas? ¿O sí lo sabían y han buscado intencionadamente tensar la cuerda? ¿No será que su objetivo no era impedir la proclamación de la República catalana sino impedir que se cuente cuántas personas la quieren?

El origen próximo: Cataluña sin Estatuto

La "cuestión catalana" viene de lejos. Cataluña es el territorio de más complicado encaje en España (como Estado). Adolfo Suárez tuvo que reconocer, antes de la aprobación de la Constitución, la vigencia y legitimidad de la Generalitat republicana de Catalunya y de su presidente en el exilio. Pero quienes no somos historiadores necesitamos situarnos en un entorno temporal asequible. Lo ocurrido en los últimos siete años da una perspectiva lo bastante amplia para entender por qué se ha llegado a esto.

El Estado, por incitación del PP y por medio del Tribunal Constitucional (TC), rompió unilateralmente en 2010 el "pacto territorial" de 1978: desde hace siete años Cataluña está sometida a una situación de excepción, que no se da en otra comunidad autónoma, pues el Estatuto de autonomía vigente difiere esencialmente del que aprobaron los parlamentos de España y Cataluña y la población catalana en referéndum. Cataluña está sometida a un Estatuto ajeno fruto de la voluntad de diez personas.

Tras aquella sentencia, José Montilla, entonces presidente de la Generalitat, señaló que el TC "ha herido y ofendido al pueblo de Cataluña innecesariamente". De esa ofensa continuada y de esa herida abierta vienen la actual crisis y el nuevo movimiento popular independentista y/o "decisionista" que empezó a fraguarse desde la sentencia del TC y que eclosionó, desde la sociedad, en la Diada de 2012.

Desde entonces, el PP ha seguido urdiendo la trama: recursos contra las leyes catalanas, interferencias en sus competencias y, especialmente, la Ley Orgánica 15/2015, que dio al TC potestades ejecutivas como la de "Acordar la suspensión en sus funciones de autoridades o empleados públicos" por incumplimiento de resoluciones del TC, usurpando éste funciones de órganos electos o de otras instancias judiciales. Esas funciones irregulares dadas al TC ha sido la piedra sobre la que Rajoy ha  levantado su operación anticatalana, ya que, al no ser delito una consulta alegal, todo se apoya sobre el delito de "desobediencia al TC" una vez que éste prohibe algo que no es delito. En aquel momento, Sánchez Amor, por el Grupo Socialista en el Congreso, dijo bien "Esta reforma lleva un alien en su interior, un cambio de naturaleza constitucional. Y no se trata solo de cambiar la naturaleza del Tribunal Constitucional, porque si el Tribunal Constitucional puede suspender a parte de un parlamento, ese parlamento podrá aprobar leyes con la minoría y podrá cambiar gobiernos". En diciembre de 2016 el Congreso, por mayoría absoluta y el apoyo del PSOE, aprobó la toma en consideración de una proposición de ley del PNV que anulaba esa reforma, pero sigue bloqueada en la Comisión Constitucional, con repetidas ampliaciones del plazo de enmiendas. El PSOE parece haber olvidado todo eso.

Los comentaristas que muestran su estupor ante el hecho de que una gran parte de la población de Cataluña haya desconectado de España sólo pueden ser ingenuos, estar mal informados o ser unos cínicos. Sin Estatut propio, no hay Constitución legítima en Cataluña. Eso lo sabía hasta Adolfo Suárez.

Puertas cerradas, ventanas también

Pese al golpe asestado en 2010 a la autonomía catalana, desde Cataluña, su Govern, su Parlamento o su sociedad civil se ha insistido en la necesidad de dialogar y pactar algún mecanismo que permitiera llevar a cabo una consulta legal en Cataluña sobre las relaciones con España. En 2013 el Parlamento catalán aprobó una propuesta del PSC en ese sentido. Ahora mismo, los grupos que se han manifestado favorables a una consulta legal y pactada suman al menos 89 de los 135 escaños, y 10 más de la CUP que quizá sólo contemplen la consulta unilateral; en todo caso, casi el 75% del Parlamento catalán apoya la realización de una consulta, aunque sólo el 53% apoya la del 1-O.

La propuesta sigue sobre la mesa, con disposición a cancelar la convocatoria del 1 de octubre si se abre diálogo al respecto. En fecha tan cercana como el 15 de septiembre de 2017 el presidente y el vicepresidente de la Generalitat, la presidenta del Parlamento y la alcaldesa de Barcelona enviaron una carta a Rajoy en la que dicen: "Es por esto que queremos hacer un nuevo llamamiento al diálogo al Gobierno español, y en particular a su presidente, Sr. Mariano Rajoy. Un llamamiento al diálogo para abordar de qué manera nos podemos poner de acuerdo para que los catalanes celebremos el referéndum. Un diálogo abierto y sin condiciones. Un diálogo político, desde la legitimidad que cada uno representa, para hacer posible lo que en democracia nunca es problema ni todavía menos un delito: escuchar la voz de la ciudadanía".

No es cierto que un referéndum consultivo en Cataluña no pueda ser legal ni constitucional. Podría serlo. Los gobiernos y parlamentos autonómicos no tienen competencia para ello, pero sí el Gobierno de España (Ley Orgánica 2/1980, art. 2) y podría realizarse en una única Comunidad Autónoma (Ley Orgánica 2/1980, art. 3), que es lo sensato, porque lo primero a comprobar es el peso de las diversas opciones en una Cataluña muy lejos de la unanimidad. Desde luego, eso podría hacerse directamente a través del Parlamento catalán, pero es una decisión importante ante la que no hay una opinión abrumadoramente mayoritaria, y el voto directo sería muy conveniente, aunque resulta vergonzoso que un PP que se pasa el día diciendo que la única democracia posible es la representativa y que tiene que gobernar el más votado aunque no tenga mayoría, un partido que impide una consulta, insista en deslegitimar al Parlamento catalán porque Junts pel Sí y CUP suman mayoría parlamentaria pero no en votos. En todo caso, lo importante es que de alcanzarse un acuerdo entre los gobiernos de España y Cataluña se podría realizar una consulta legal y pactada en Cataluña. Pero el PP no quiere.

Si a Cataluña se le anulado su Estatut, si no hay indicios de que el TC se comportase de otra manera ante un nuevo Estatuto, si los gobiernos del PP bloquean la posibilidad de un referéndum consultivo y no está claro que un gobierno Sánchez la abriese, si por el momento la vía de reforma de la Constitución parece cerrada por el PP y Ciudadanos, si ni PP, ni Cs ni PSOE asumen el derecho de secesión aunque así lo decida la sociedad catalana, es perfectamente comprensible que franjas de la sociedad catalana que aspiran a la independencia (¿entre el 40% y el 50%?) y/o a más autogobierno y a ser consultadas sobre el tipo de vínculo con España (¿entre el 70% y el 85%?) se orienten hacia la desobediencia civil como vía para que sus opciones puedan ser tomadas en consideración.

Un movimiento democrático y popular... ¿y republicano?

Para una política  de libertad e igualdad es un grave error  confundir los movimientos en la base social con los movimientos en las cúpulas políticas; pensar que la gente que ha salido a la calle en estos días en Cataluña son títeres del PDeCat y Puigdemont es estar al margen de la realidad catalana. En Cataluña, a mi entender, hay un nuevo movimiento plural, popular y democrático independentista y/o decisionista que se hizo muy visible a partir de la Diada de 2012. Tuvo un claro auge durante un par de años, después bajo en intensidad y visibilidad por su encauzamiento a través de estructuras partidistas o institucionales, y creo que el protagonismo de CiU/PDeCat le frenó dada la orgía de corrupción "descubierta" y las políticas neoliberales de CiU. Pero ese movimiento popular y democrático, espoleado por la represión que se ha desatado en Cataluña, ha resurgido con potencia.

Ese resurgimiento complica más la operación que algunos sectores políticos del "nacionalismo catalán" y no sé si algún sector "moderado" del PP pueden estar teniendo en su cabeza: tras algunas interpretaciones histriónicas de patriotismos y declaraciones mutuas de "hemos hecho lo que teníamos que hacer", retornar a la lógica que desde hace 40 años ha regido las relaciones entre CiU y PP. Posible, pero complicado, por la fuerza del movimiento que ha respondido a la represión. El horizonte que me parece más preocupante es el de que el gobierno Rajoy, con complicidades, logre llevar aún más lejos la represión sobre Cataluña sin despertar protestas importantes en España, lo que pondría las bases para que derrote de forma duradera a toda resistencia social en España y Cataluña.

Hablaré de un movimiento popular, democrático y republicano. ¿Por qué y en qué sentido?

a) Movimiento, y no corriente de opinión, porque entraron en tensión política y actividad, de una u otra forma, muchísimas personas, de una forma muy autónoma respecto a las corrientes políticas del independentismo catalán. Es un movimiento con componentes independentistas, soberanistas y decisionistas: si el apoyo a la independencia oscila entre el 40% y el 50%, más o menos en paridad con el número de no independentistas, se estimó por algunos sondeos que querrían algún tipo de consulta la tercera parte de quienes no quieren la independencia y el 70% de quienes no se pronuncian al respecto. La suma de independentismo y decisionismo podría estar entre el 70% y el 80%.

b) Popular porque es un movimiento transversal que atraviesa toda la sociedad catalana y que no puede considerarse una construcción de la alta burguesía catalana ni de partidos políticos; este movimiento desbordó las calles en 2012 y al hacerlo desbordó a CiU o ERC, que, para no ser arrollados, tuvieron que subirse al carro. El simbolismo personal que hoy pueda tener Puigdemont no contradice ese carácter popular sino que expresa las contradicciones, límites e incluso antagonismos que recorren ese movimiento. En estos momentos todo apunta a que la mayor parte de ese movimiento se sentiría más cercana a ERC (independentista) o a Catalunya en Comú (decisionista) que a PDeCat, aunque Rajoy está dando  cierto brillo a la imagen de Puigdemont.

Al decir que este movimiento es popular no digo que sea el pueblo, ya que entre todos los sectores populares hay muchas personas que no son independentistas y bastantes que no son decisionistas.

c) Democrático -el movimiento, no necesariamente las decisiones de quienes le han encauzado políticamente, ni tampoco todos sus sectores- porque emerge de una aspiración que lo es, de un rechazo a la imposición de un Estatuto que no es el suyo, de un deseo a que las opiniones de la gente sean tomadas en cuenta. Porque de sus propuestas base no se deduce ninguna discriminación o exclusión que no exista ya en España, y en algunos aspectos, como la forma del Estado, son más avanzadas que lo existente en España. Porque la vía tomada es muy diferente a la que tomó el entorno de ETA durante muchos años. Porque, además, cuenta con muchas expresiones de organización de base, ciudadana, de construcción popular cotidiana.

Al decir que es un movimiento democrático no estoy diciendo que quienes no forman parte de él no sean demócratas, como cuando digo que una pera es una fruta no estoy diciendo que un plátano no lo sea. Bastantes personas que participan en luchas democráticas, en defensa de la sanidad o por la acogida de refugiados, no son independentistas o decisionistas. "¿Por qué no hablas entonces también de un movimiento democrático y popular no independentista?", me dijo un amigo, mi respuesta fue "porque son pueblo y son demócratas, pero no han dado lugar a un movimiento en ese aspecto", aunque puedan ser parte de otros movimientos sociales.

d) Digo nuevo, aunque incluya a la corriente independentista pre-existente. Nuevo porque es mucho más amplio. Nuevo porque es menos sentimental y más político, y porque la aspiración a decidir o a la independencia no es mera derivación del "ser nación" sino también una aspiración democrática post-15M ("decidir sobre todo") y el deseo de un cambio político que parece bloqueado en España. Nuevo porque hay bastantes independentistas no "esencialistas", que podrían preferir otras opciones (recuperar el Estatut, el federalismo, etc.) pero que las ven irreales en la actual España. Nuevo porque no es insignificante el sector independentista que no es "nacionalista" o que es "poco nacionalista". Hoy existe en Cataluña un independentismo no nacionalista. Y en estos días estamos viendo en algunos medios a bastantes catalanes que dicen que no son independentistas pero que van a votar Sí a la República catalana. Se ha generado un independentismo político que no es nacionalista ni sentimentalmente independentista.

e) En gran medida es un movimiento republicano, o con una fuerte componente republicana. Aunque haré un matiz: nada que ver con la nostalgia tricolor -bandera que nunca fue la de los anarquistas catalanes que derrotaron a la sublevación franquista al poco de empezar y sí otra de aquellas bajo las que se les ha perseguido- ni con la idea anacrónica que cultivamos ciertos sectores de la vieja izquierda soñando en que llegue ahora el tipo de salida del franquismo que queríamos y que nunca fue ni será porque de lo que tenemos que salir ya es otra cosa. Con sus muchos defectos, el régimen de 1978 no ha sido un franquismo maquillado.

Cuando digo republicano pienso en republicanismo social, no en mero cambio de rey por presidente. La idea de una monarquía catalana suena chusca, ni siquiera se nos ocurre quién podría ocupar el trono una vez derrumbada la dinastía Pujol, pero es que ahora ya no se trata de esa asociación obvia entre Estado catalán y no-monarquía, se trata de una asociación con contenido social en la fórmula República catalana, que tuvo mucho protagonismo en la fase de más auge de este movimiento y que ahora lo ha recuperado. Para decirlo de alguna manera que conecte con las aspiraciones que compartimos mucha gente en el periodo post 15M más potente, República catalana tiende a tomar un sentido constituyente, una oportunidad para discutirlo todo. No me parece casual que los tiempos de nacimiento y auge de este movimiento fueran más o menos los mismos que los del 15M. Desde fuera de Cataluña tenemos que hacer un esfuerzo de escucha y reflexión porque dudo mucho que sólo haya "nacionalismo" tras la idea de República catalana. Creo que en ella hay una potencia que no deberíamos despreciar, a diferencia de las proclamaciones republicanas "terceristas", nostálgicas y propagandistas, con poco calado social, son que esto quite calado y necesidad a las luchas por la justicia para las víctimas del franquismo.

Me parece muy acertada la conducta de Ada Colau, que conecta con ese sentir neorepublicano y no se ha dejado arrastrar al seguidismo ante la presión de Junts pel Sí y CUP. Para que la potencia de este neorepublicanismo pueda desarrollarse plenamente, en algún momento ese impulso republicano tendrá que separarse explícitamente del PDeCat y la gran burguesía catalana y desarrollar un contenido social también explícito, que abriría una brecha, necesaria, entre las élites que dicen "España nos roba" y quienes son robados por las élites privilegiadas, catalanas, españolas o transnacionales, todas sin más patria que el dinero. Aunque me gustaría decir que la idea "España nos roba" no es más nacionalista que la de que "los catalanes sólo quieren privilegios" o la tan utilizada y falsa "Alemania nos roba", y la idea absurda de que Cataluña es una colonia de España, no defendida por casi nadie, no es más falsa que la de que España es colonia de Alemania, defendida por bastantes más.

De la misma forma que estar en España no ha librado a Cataluña de los recortes sociales aplicados por los gobiernos de España y Cataluña, ser un estado independiente no liberaría a Cataluña del conflicto social y de nuevos recortes, que no son consecuencia de la ausencia de Estado propio sino inherentes a un determinado sistema económico y social. Tan ilusa como era la idea de que desde la "soberanía nacional" Grecia podría salir de las políticas de austeridad lo son ahora las de que a Cataluña le bastaría tener un estado propio o a España irse de la UE y volver a la peseta. Ese tipo de ideas son las que constituyen un pensamiento nacionalista y dificultan la construcción de alianzas sociales transnacionales contra las élites del capitalismo global y los grupos de privilegio.

En sí misma, la idea de una República catalana que se desgaje de la monarquía española no es nacionalista, si no se basa en ilusiones como las descritas sino en una evaluación de cuál es la forma política en la que el conflicto social pudiera desarrollarse con más oportunidades para las clases populares; a mí no me parece ni mucho menos despreciable, aunque tiene sus pros y sus contras. Lo que sí sería "nacionalista" sería facilitar que eso vaya a la par de una "desconexión" entre las clases populares de Cataluña y España, como si no tuviéramos intereses comunes, y de una duradera "unidad nacional" entre las clases populares catalanas y su oligarquía autóctona, tan depredadora como cualquier otra. Pero en este momento el nacionalismo más peligroso que puede haber en España es el de quienes desde fuera de Cataluña apoyan o callan ante la desmesura de lo que está haciendo Rajoy sin más argumentp que la unidad de España, defendida también sin más argumento que el que lo dice el artículo 2 de la Constitución, que profesa un marcado "nacionalismo fundamentalista" al pretender que la Constitución se fundamenta sobre una nación española pre-existente, desmintiendo a quienes interpretan que sese artículo habla de una "nación cívica" fundada en la Constitución y en las normas de conviciencia de que se ha dotado.

Ahora no podría haber brecha social más dolorosa e irreversible que la que habría entre una sociedad catalana intentando formar una República catalana y unas clases populares españolas haciendo causa común con el PP y la Monarquía para impedirlo por la fuerza. "El género humano es la internacional" no quería decir que cada Estado debería ser indivisible sino que las gentes trabajadoras de todo el mundo debían ser solidarias entre sí, tanto si vivían en el mismo Estado o en estados diferentes.

Las barbas del vecino

Están en juego no sólo las libertades en Cataluña, sino las libertades en España. Lo que está ocurriendo es una de las últimas etapas de un proyecto autoritario y oligárquico que viene desarrollándose desde mediados de 2010 al calor la crisis pero mirando más allá de ella. Un proyecto que, "dime de qué presumes y te diré de qué careces", se propone destituir, liquidar, el régimen político de 1978 desde el régimen de 1978, manteniendo la dominación de las mismas élites oligárquicas pero en condiciones más favorables a ellas, consolidando otro régimen formalmente parlamentario pero materialmente autoritario y presidencialista, en el que la oligarquía dominante quede desvinculada de todos los compromisos políticos o "pactos sociales" explícitos o implícitos compensatorios del acatamiento de su dominación. Algunas de las próximas etapas de ese proyecto son criminalizar toda disidencia no domesticada y degradar el sistema de pensiones a nivel de beneficencia.

Esta dinámica destituyente del régimen de 1978 desde arriba y a peor se inició a mediados de 2010, con la sentencia del Tribunal Constitucional destrozando el Estatut de Catalunya de 2006 y con los primeros grandes recortes sociales de Zapatero, dio un salto cualitativo con la reforma del artículo 135 de la Constitución a espaldas de la sociedad española y se aceleró a partir de finales de 2011 con una inacabable ristra de medidas políticas y antisociales que van conformando una constitución material del régimen político y de las relaciones sociales extraordinariamente regresiva, incluso respecto a lo que significó el régimen de 1978. En este camino han roto, hoy ya de forma casi definitiva, el "pacto territorial" con la sociedad catalana, han dinamitado la autonomía municipal y han anulado todo "pacto social" con las clases populares. Del régimen de 1978 apenas queda ya la arquitectura institucional, pero más "desparlamentizada", el esqueleto constitucional, pero encajado en una interpretación que desactiva sus aspectos más progresivos, y, eso sí intacto, el pacto fundacional entre élites políticas y élites económicas, aunque fragilizado por la irrupción de Podemos -pese a los inmensos errores de sus dirigentes- y las confluencias y por la inestable situación de un PSOE atrapado entre la inercia del pasado y el impulso del "No es no" de sus bases.

Se trata de un proyecto para que sigan dominando las mismas oligarquías pero en condiciones mejores para ellas. Se trata de un proyecto de derrotar de  forma  duradera a toda disidencia y resistencia social a los privilegios de las élites económicas, políticas y dinásticas. Se trata de un proyecto de cerrar de forma definitiva el "periodo 15M". Pero aún no han logrado esa victoria definitiva.

La máquina de represión que se está ensayando en Cataluña, con la movilización sobre un único territorio de muchos miles de policías y de muchos recursos judiciales y fiscales, está destinada a ser utilizada mañana contra las luchas en defensa de las pensiones, por una vivienda digna, por alquileres asequibles, contra la precariedad laboral, etc. Rajoy y los suyos están experimentando un nuevo modelo de aplastamiento de la disidencia y de las luchas sociales, un modelo dirigido a extirparlas de raíz y a criminalizarlas, un modelo al que poco a poco los gobiernos de Rajoy han ido dotando de herramientas diversas, como la Ley Mordaza o la Ley Orgánica 15/2015 que otorgó al Tribunal Constitucional funciones políticas y ejecutivas impropias de ese organismo. Y lo hace con la esperanza de que pulsiones nacionalistas y anticatalanas hagan que la población del resto de España lo permita e incluso lo apruebe. Si eso ocurre de forma continuada y prolongada, si la demagogia sobre la "unidad de España" logra dividir durante años a las gentes trabajadoras y hacernos cómplices de lo que muchas y muchos catalanes empiezan a ver, no sin motivos, como una "invasión de Cataluña", o si las clases populares catalanas desconfían de lo "español" en general y no de su propia oligarquía, las élites económicas y políticas habrán logrado sus dos grandes objetivos políticos: derrotar la fase de resistencia y creatividad social abierta con el 15M y liberarse de todo compromiso social y democrático. Les daremos manos libres para miserabilizar las pensiones, abolir los derechos laborales, mercantilizar el sistema sanitario. Las barbas de tu vecino...

En consecuencia, aunque todos los sondeos de opinión vengan a decir que, en estos momentos, en España, al revés que en Cataluña, hay una mayoría a la que la actuación del Gobierno español ante esta consulta le parece adecuada, en este momento es necesario marchar contra esa corriente. Pero para hacerlo de forma eficaz, hace falta hacerlo con claridad, y también disipar nubes de humo, renunciar a discursos anacrónicos, entender que ya no se trata de "salir de 1978" -ya hemos salido, de forma regresiva- y menos aún de la absurda idea de hacer ahora la "salida del franquismo" profunda que quisimos entonces las y los viejos activistas. Hay que hablar el lenguaje de la calle, al modo de lo que, desde sus diferentes puntos de vista, hicieron Manuela Carmena y sobre todo Ada Colau en "El Intermedio". Pero no bastan dos voces. Si somos centenares de miles quienes compartimos lo que dijeron, ¡que se oigan centenares de miles de voces!, con menos alcance que las suyas, pero un "grano ayuda al compañero..."

¿Y ahora, qué?

No tengo ni idea de lo que va a pasar. El 1 de octubre va a ser una gran movilización social, pero es muy difícil que el proceso de votación se desarrolle con un mínimo de seguridad y tranquilidad dado el despositivo policial que ha preparado el Gobierno español para impedirlo. El 2 de octubre no se habrá resuelto ningún problema. Al revés, la situación será peor. La herida se habrá alargado, ensanchado y profundizado.

Tampoco sé si el gobierno español va a expandir la represión después del 1-O o se moderará algo. Ni qué pasará entre ERC, PDeCat y CUP, ni quienes se empeñarán en hacer una proclamación simbólica de la República catalana y quienes darán un paso atrás, o si se hará o no esa proclamación, aunque parece que no podría ser efectiva: una ruptura así puede sostenerse a partir de un acuerdo previo con el Estado español -si ha habido fuerza para imponerlo- o por una vía "revolucionaria", pero no parece que a corto plazo esa vía pudiera ser posible cuando no ha habido fuerza suficiente para poder llevar a cabo el referéndum sin interferencias tan pesadas.

No deberíamos olvidar que cuando determinadas corrientes políticas o fuerzas sociales vinculadas a grupos privilegiados -lo que es evidente en el caso del PDeCat- adoptan circunstancialmente gestos "revolucionarios" esos gestos suelen ser aventureros, a veces muy peligrosos para quienes les siguen aunque no tanto para ellos, para luego entregarse a su habitual oportunismo. Tengo la impresión de que algo de eso puede haber en la manera de vincular la consulta del 1-O con la supuesta proclamación inmediata de la República catalana sin haber medida las fuerzas; también tengo la impresión de que la consulta del 1-O podría haberse hecho en mejores condiciones sin vincularla automáticamente con la proclamación de la República y que la proclamación de la República -puestos a hacerlo- habría tenido más alcance y más margen de maniobra hecha sin más en el momento adecuado por el Parlamento catalán, el actual o el surgido de nuevas elecciones. Pero voy demasiado lejos y no soy catalán, así que puedo equivocarme y hay mucha gente en Cataluña capaz de hacer una crítica más rigurosa que yo del procés sin colocarse del lado de Rajoy.

En todo caso, si se confirmase que la apuesta realizada por Junts pel Sí y CUP no era aún realista, creo que sería el momento de nuevas elecciones en Cataluña. Y sí estaría de acuerdo en que, de algún modo, aunque no pueda serlo formalmente al comienzo, se las afronte con una perspectiva constituyente no subordinada, pero más completa y elaborada que sólo una decisión sobre la independencia. Es decir, volver a poner en el centro la idea de "decidir sobre todo".

En ese sentido, sigo pensando que la propuesta de Catalunya Sí que es Pot en las elecciones de 2015 marcaba un horizonte transformador potente, aunque de hecho en la campaña quedó muy relegada tras la única idea de consulta, que me parece insuficiente aunque necesaria.

Un procés constituent és la resposta estratègica a l’esgotament de l’actual model institucional i social; i a la necessitat d’iniciar una nova fase. Permet articular el malestar social, nacional i democràtic, tot sintetitzant-lo en un procés de recuperació de la sobirania en tots els aspectes i d’extensió de la democràcia a tots els àmbits (...)

Catalunya necessita iniciar un procés constituent propi –fonamentat en la plena sobirania del poble català com a subjecte col·lectiu que pot decidir el seu futur– que no estigui subordinat, ni sigui subaltern, a cap altre marc. (...) Iniciar un procés constituent no prefigura el resultat final de la relació que Catalunya hagi de tenir amb la resta de l’Estat: una república catalana és tan compatible amb un horitzó independentista com amb un de federalista o de confederalista.

Un procés constituent implica decidir-ho tot: decidir-ho davant d’ aquells que no volen que ho fem, davant de l’Estat espanyol, davant del poder financer, davant dels interessos privats que utilitzen la crisi per enriquir-se... Per això necessitem un procés popular, participatiu i des de baix, en què la ciutadania, les organitzacions i les entitats socials tinguin el protagonisme i no estiguin dirigits per un nucli d’experts que diguin que parlen en nom de tothom. Proposem, doncs, un full de ruta constituent que ha d’implicar la realització d’un referèndum per a decidir quina relació volem mantenir amb l’Estat espanyol, un procés de definició d’un nou marc jurídic i institucional de Catalunya, i l’elaboració d’una Constitució i la seva ratificació.

En general a mi no me gustan los procedimientos de consulta o referéndum que no han sido precedidos de un amplio debate social en el que incluso se han ido precisando cuáles son las opciones entre las que escoger. Por eso me gusta esta perspectiva, en un horizonte constituyente que, hoy por hoy, sólo cuenta con un fuerte apoyo social en Cataluña. Algún amigo me ha dicho "proceso constituyente y República sí, pero en toda España", sin tomar en cuenta que en estos momentos esa idea es muy potente en Cataluña pero cuenta con escaso apoyo en el resto de España, donde se han librado grandes luchas pero cin un sentido especialmente defensivo.

Incluir el diálogo en torno a las relaciones España/Cataluña en un diálogo sobre la articulación política y social permitiría delimitar más claramente el significado de cada proyecto, abrir la puerta a más convergencias parciales, movilizar e interesar a la parte de la población de Cataluña desinteresada o desconfiada ante lo que ha sido el procés, dejar fuera de juego a corrientes neoliberales como el PDeCat, interesar a las clases populares del resto de España a través de propuestas sociales que pudieran servir de referencia, dar un contenido a la idea de República catalana.

Quizá, además, esto pudiera abordarse a través de un procedimiento formal de reforma del Estatuto, dejando para el final las partes más relacionadas con la relación España / Cataluña. No tengo ninguna duda de que, sin un cambio político en España, al final de ese proceso volvería a estallar la tormenta, caerían encima de Cataluña tribunales constitucionales, fiscales, etc., y se plantearía de nuevo la cuestión de la desobediencia civil. Pero quizá entonces podría haber mejores condiciones que las actuales.

En todo caso, me parece que unas nuevas elecciones catalanas se están haciendo necesarias. Unas elecciones en las que ERC y PDeCat separen sus candidaturas, en las que Catalunya en Comú sería un sujeto político importante, en las que los perfiles sociales puedan delimitarse, en la que se refleje el impacto sobre la sociedad catalana de lo que está ocurriendo ahora.

Pero escribo desde fuera y no soy catalán. Ni siquiera es una opinión, no pasa de conjetura. Lo que sí pienso con certeza es que no podemos abandonar a Cataluña ante la oleada represiva que está sufriendo y menos aún ser cómplices de ella. Y si lo hacemos lo pagaremos.