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La Empresa municipal de la vivienda y suelo (EMVS), empresa pública del Ayuntamiento de Madrid, emprendió hace dos semanas una deriva que nos sorprende y nos indigna, proceder a desahuciar a familias de viviendas de la propia EMVS.

Nos sorprende porque la responsable de este área de gobierno había expresado públicamente su compromiso de que la EMVS no iba a desahuciar a los ocupantes de sus pisos. Nos indigna porque esos desahucios son especialmente sangrantes. No sólo porque son obra de una empresa municipal, sino porque las condiciones sociales y de vulnerabilidad de estas familias, son especialmente duras.

Por citar sólo dos casos, el día 9 de marzo estaba previsto un desahucio en la calle Ofelia Nieto del distrito de Moncloa-Aravaca de una familia integrada por mujeres: una madre con dos hijas, la mayor de las cuales tiene a su vez dos pequeñas, una de dos años y otra, una bebé de 15 días. Es en estos casos donde la EMVS debería ser más consciente que nadie de la sentencia del Tribunal Supremo, entre otras muchas recomendaciones y sentencias internacionales, que impide el desahucio de menores. Por suerte, en el último momento, se logró aplazar el desahucio que se ha vuelto a fijar para el 4 de abril.

Sin embargo, el mismo día y casi a la misma hora, se desahució a otra familia compuesta por un hombre y una mujer embarazada y sus tres hijos menores, esta vez en el barrio de Moratalaz. Una familia con una difícil situación económica y social de precariedad y marginación. Situación que se agravó al ser desahuciadas sin más alternativa que la solidaridad de una vecina. Dos casos no son los únicos ya que se prevé que esta tendencia continúe.

No podemos aceptarlo. Ahora Madrid se comprometió en su programa electoral a frenar los desahucios en la ciudad, y parece lógico empezar dando ejemplo con aquellos que dependen del propio Ayuntamiento en viviendas públicas.

Entendemos que este rumbo no puede proseguir. La EMVS debe buscar una solución a todas aquellas familias que por necesidad y por su situación de extrema precariedad ya han ocupado una vivienda de la EMVS. No hacerlo así supone enfrentar a pobres contra pobres y acrecentar un conflicto en vez de aportar una solución.

El Ayuntamiento debe apoyar con estas medidas la ILP de vivienda y poner en práctica las reivindicaciones tradicionales del movimiento de vivienda. Se debe apostar tanto por construir las viviendas prometidas, como por movilizar todo el parque de vivienda que ha quedado vacío o en manos de actores que no hacen sino especular con esas propiedades.

Para todo ello el Ayuntamiento de Madrid debe tener una actitud ejemplar con los casos de ocupación que atañen a las viviendas de la EMVS en la protección al derecho a la vivienda y los derechos de los menores.