Las mujeres han vuelto a salir a la calle en defensa de sus derechos. Pero esta vez no se limitan a reclamar la igualdad con los hombres,esta vez están rechazando la naturalización de una forma de violencia cotidiana que parece indefectiblemente asociada o inherente a las sociedades contemporáneas.

La vida cotidiana en estas sociedades, es verdad, se está colmando de patologías que parecen asociadas a la contemporaneidad. Las mujeres que llenan las calles de nuestro país rechazan que sea sea la única contemporaneidad, que vivir en nuestras sociedades implique aceptar como inevitables estas violencias.

Del seno de la sociedad española emergen dinámicas conrapuestas y aún antagónicas. De un lado estas que señalamos, que corresponden a una tendencia a la convivencia y a la cooperación, a la emopatía y a la soiidaridad.

Pero de otro existe otra, de indudable vigor, basada en la competencia y en la concepción de la vida como una empresa y de las relaciones sociales como una batalla por el triunfo sobre los demás. Esta última tendencia- no nos podemos engañar al respecto-es ampliamente hegemónica en la sociedad. El capitalismo en su versión actual, el neoliberalismo,ha colonizado mucho más espacio social e individual de lo que se hubiera podido pensar en etapas anteriores. Una verdadera mutación antropológica, claramente perceptible en nuestro país, ha convertido a las mujeres y hombres de nuestro tiempo en empresarios de su existencia personal y, en tanto que tales,competidores con sus semejantes y buscadores de los máximos beneficios en sus relaciones con ellos.

Para esta antropología dominante las relaciones sociales constituyen un campo privilegiado para el ejercicio de la competencia y el dominio resultante. Y la mujer, el objeto por excelencia de ese dominio.

La rebelión feminista en marcha rechaza el dominio de esta antropología cultural, va más allá de la lucha por la igualdad de derechos entre géneros. No es la igualdad con los varones lo que reivindican las mujeres que se han concentrado el 2 de mayo en la puerta del Sol, expresan su rechazo de los valores de la competencia, el dominio y la violencia naturalizada, hegemónicos en nuestras sociedades. En sus manifestaciones las mujeres más jóvenes gritan “la revolución será feminista o no será”. Tal vez no sean conscientes de que ellas han comenzado ya una revolución, una auténica revolución cultural que está cuestionando los fundamentos de la sociedad machista y patriarcal. Una revolución a la altura de las necesidades de las sociedades de nuestro tiempo, sociedades que perciben cada vez más los límites que la política y las instituciones estatales suponen para resolver los graves problemas que enfrentan.

Es verdad que los sondeos de opinión reiteran que el paro y la corrupción son los dos problemas que más preocupan a los españoles. Pero, por debajo de lo que manifiesta la opinión pública, late en la sociedad española un ansia de igualdad efectiva y ella es sentida y vivida en primer lugar por las mujeres.Una aspìración que va mucho más allá de la simple equiparación de derechos y oportunidades con los hombres;cuestiona la hegemonía de los valores patriarcales y lo hace combatiéndolos en la vida cotidiana y en esa dimensión tan importante de la misma que son las relaciones sexuales.

Un rechazo que se extiende hasta la forma en la que el ordenamiento jurídico establece la diferencia entre los delitos de agresión y abuso sexual, respectivamente, denunciando que en ambos el hecho determinante es la anulación de la voluntad de la víctima por causa de la intimidación, el miedo o la violencia que es ejercida sobre ella. Es así la actividad juzgadora misma y la capacidad de quienes la ejercen las que son puestas en cuestión desde la perspectiva de una sexualidad libremente vivida como una expresión del libre desarrollo de la voluntad y la sensibilidad subjetivas.

La respuesta de las instituciones a este cuestionamiento esencial refleja bien sus límites para regular unas relaciones sociales dinámicas que están dejando atrás configuraciones del pasado. La reacción de buena parte del estamento judicial ha sido meramente defensiva y corporativa, procurando desplazar las responsabilidades ominosas de la “sentencia de la manada” a los poderes ejecutivo y legislativo, en vez de plantearse una reflexión a fondo sobre la obsolescencia no solo de determinados aspectos del Código Penal sino también de los procedimientos y los valores dominantes en el oficio de juzgar.

Las torpezas del ministro Catalá y la respuesta corporativista en presunta defensa de la independencia del poder judicial no pueden hacer olvidar el hecho esencial que más arriba señalábamos, que la expresión del repudio social a la violencia y el machismo de los agresores no se ha visto respaldada por una adecuada sanción judicial.

La frecuente presencia en este tipo de agresiones sexuales de miembros de las fuerzas armadas y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado no puede pasar inadvertida. Que quienes deben velar por la garantía en el ejercicio de los derechos ciudadanos participen con frecuencia en su vulneración podría abrir una muy seria crisis de confianza en el funcionamiento del Estado de Derecho y, por tanto, en la secuencia de obligaciones y legitimidades que vinculan a las y los ciudadanos con el ordenamiento jurídico y el Estado.

Cuando del seno de la sociedad emergen vectores de cambio que reflejan las mejores tensiones hacia la convivencia y la solidaridad, de los poderes públicos solo llegan las limitaciones de los presupuestos desde los que actúan.

Los poderes públicos y las instituciones del régimen intentan acotar y encuadrar estas aspiraciones de cambio en los límites de una equiparación que ya se ha visto desbordada por la dinámica del movimiento feminista. Claro que es indispensable que el Gobierno asegure dotaciones presupeustarias para hacer efectivo el contenido del pacto contra la violencia de género pero el debate ya no está ahí, el debate ha alcanzado los fundamentos mismos de la convivencia social y deberá encontrar su sede allí donde estos fundamentos se asientan, en la Constitución que, por estas y muchas otras razones, es inapalazable sea actualizada a la sociedad española del siglo XXI