La política en España parece, efectivamente, atrapada en un atasco. Un atasco que se complica por momentos porque los factores que podrían haber funcionado como desatascadores se están viendo a su vez atrapados en otro atasco.
El atasco principal viene de la década anterior, cuando se frustraron las posibilidades de superar los dos principales factores de crisis del régimen vigente: de un lado, los desastrosos efectos sociales de las políticas ordoliberales del PP, y, del otro, el enquistamiento de la cuestión catalana debido a la negligencia de Rajoy y la imprudencia rayana en el golpismo del jefe del Estado.
Es cierto que, tanto en uno cono en otro frente, los gobiernos de coalición que se han sucedido desde 2018 han hecho meritorios esfuerzos de desatascamiento. En el primero, mediante una política de redistribución que, sin alterar el equilibrio de fuerzas entre los sectores pudientes y los populares, netamente favorable a los primeros, ha conseguido detener la tendencia desfavorable en la participación en la renta nacional y en la dotación de derechos sociales consagrados en el ordenamiento jurídico.
En el segundo, mediante el impulso a un conjunto de medidas orientadas a desdramatizar las relaciones entre Cataluña y el Estado que han culminado con la tramitación de la ley Orgánica de Amnistía.
En ninguno de los dos casos las medidas impulsadas por el Gobierno pueden tildarse de amenazas para el régimen vigente, en desarrollo del diagnóstico que entonces hacía Podemos del mismo como "régimen en crisis". Diría más, que la intención que ha animado estas medidas del Gobierno ha sido taponar las evidentes averías que mostraba el funcionamiento de las instituciones antes que ponerse siquiera a pensar en la edificación de un nuevo edificio.
Todo lo anterior para desmontar el constructo ideológico mediático montado por las derechas  para legitimar la continuada labor cuasigolpista en la que se afanan desde 2018. Es justamente lo contrario, la labor gubernamental, hay que reiterarlo, ha venido a reparar los destrozos causados durante el gobierno del PP en las instituciones del régimen y, por tanto, en su fuente de legitimación en los ámbitos social y territorial. La hipótesis que, de fondo, anima estos comentarios es que ha sido la derecha la que, ya desde los gobiernos de Aznar con la pausa del de Zapatero y la continuación con el de Rajoy, ha emprendido una labor permanente de minado de las instituciones más explícitamente sociales y democráticas de la Constitución del 78 al tiempo que pretendía fortalecer más aquellas otras claramente heredadas del régimen franquista. Desde la concertación social y la negociación salarial y el sostenimiento de las pensiones públicas hasta la autonomía de las administraciones territoriales y pasando por la erosión de la capacidad de intervención de las administraciones públicas en favor del negocio privado, la derecha ha llevado a cabo una sistemática labor de despotenciación de estas instituciones amparándose, es verdad, en el manto protector de las políticas ordoliberales inspiradas por Bruselas a lo largo de casi toda la pasada década.
Con la labor restauradora de los gobiernos progresistas de coalición se haría posible de alguna manera volver a definir un campo de entendimiento acorde con los mejores propósitos que inspiraron la Constitución del 78. Y sin embargo no es así. Para decirlo en breve, para la derecha este no es ya un campo de entendimiento en el que se sienta cómoda. ¿Cómo es posible si se mantienen como centrales en el funcionamiento del Estado aquellas instituciones como la Corona, el poder judicial y las FFAA, herederas del franquismo?
En el devenir histórico de las tres últimas décadas se ha quedado en el camino un movimiento obrero que hacía de contrapeso al poder de las oligarquías del franquismo y prácticamente ha desaparecido de la agenda política cualquier propuesta de avance social por leve y moderada que fuere. La labor del gobierno progresista de coalición no ha podido ir más allá de restaurar los daños producidos por la pandemia y los efectos de la guerra en Ucrania y orientar su acción futura a recobrar el equilibrio relativo de fuerzas sancionado en la Constitución.
De modo que las pretensiones oligárquicas tienen enfrente poco más que el apoyo electoral a los partidos que pretenden mantener alguna forma de democracia y Estado social amparadas por los correspondientes preceptos constitucionales como el derecho a la negociación colectiva y a la sindicación, el derecho a una pensión pública, el derecho a la salud o a la vivienda, etc.
Pero ni siquiera la merma de estos derechos llevada a cabo por los gobiernos del PP resulta suficiente. Las oligarquías ya no se encuentran cómodas en el marco constitucional original, prefieren el devenido bajo la influencia de los avatares citados como ventana de oportunidad para la expansión de los negocios. Ni siquiera la efectiva recuperación económica operada con el gobierno progresista en cuyo contexto han alcanzado tasas de beneficios superiores a los previos a la pandemia les resulta suficiente: por momentos parece que incluso preferirían una inferior tasa de crecimiento a cambio de tener absolutamente neutralizadas las instituciones de la democracia y los derechos sociales.
Se trata de una oportunidad histórica para redefinir la constitución material del país en favor del mundo de los negocios, dejando atrás de forma definitiva la formalmente vigente hecha bajo la influencia inevitable del movimiento obrero que había hecho músculo en la lucha contra la dictadura.
Todo ello, por lo demás, en un contexto internacional dominado por un clima de preguerra y fortalecimiento de las tendencias autoritarias en los Estados simultáneas con el proceso de desglobalización. Las próximas elecciones al parlamento europeo se van a celebrar bajo el generalizado pronóstico de un incremento de los apoyos de la extrema derecha en el continente, lo que, objetivamente, ofrece una ventana de oportunidad para que las clases dominantes de los Estados miembros aprovechen para definir un marco favorable para mejorar su competitividad en un contexto en el que se van a reducir de forma significativa las políticas de cooperación.
Da igual, en este sentido y contra lo que opina una parte de la izquierda, que el partido de la extrema derecha vea reducidas sus expectativas. Los objetivos arriba marcados son los del conjunto de la derecha y ello reduce la necesidad de la aportación de VOX. La demostrada capacidad de movilización social del PP convierte el papel de VOX en mero acompañante y expresión del llamado deep state. Su eficaz contribución levantando el movimiento españolista con ocasión del procés ha demostrado los límites que el Estado profundo heredado del franquismo no está dispuesto a traspasar.
El panorama es ciertamente sombrío para el porvenir de la democracia en España y las condiciones en las que se está gestionando el proyecto de pacificación del conflicto Estado/Cataluña no son las más favorables para que ello refuerce las instituciones democráticas como sería de esperar. Eso está haciendo que tal conflicto, que hoy enfrenta a los partidarios de la amnistía frente a sus detractores, se esté lidiando por los primeros en una posición defensiva, sin poder incardinarla en un proyecto integral de renovación democrática del Estado.
Que uno de los socios en dicho proceso de pacificación sea el representante de la derecha catalana tampoco ayuda a mejorar sus expectativas, por dos razones fundamentales. La primera es la indiferencia histórica de esta formación por la suerte de la democracia en España. La segunda es el rechazo y al antipatía que este actor despierta entre los sectores populares del resto del Estado, lo que facilita la demagogia de la derecha para la movilización reaccionaria.
Sin un movimiento social de similar envergadura que haga de contrapeso al movimiento reaccionario, las iniciativas del gobierno progresista corren el riesgo del aislamiento y la impopularidad. El llamado voto de protesta que durante lustros ha alimentado las posiciones de la izquierda más radical, ahora podría ser el soporte de la extrema derecha. Y no es solo un problema de falsa conciencia. La izquierda debe entender que, a los ojos de una mayoría social, la democracia está defraudando las esperanzas que se hayan podido poner en ella como satisfactora de las aspiraciones a la mejora de la vida y la justicia social para las capas populares. Tales aspiraciones, por otra parte, pueden aparecer formuladas en un discurso claramente reaccionario: la demanda de igualdad con frecuencia viene activada por valores inequívocamente neoliberales y con efectos claramente dañinos para el medio ambiente por causa del mayor consumo de materiales, combustibles fósiles, etc. Quien exige igualdad está exigiendo tener los mismos bienes que los sectores más ricos de la sociedad, no una igualación de rentas por la vía de la redistribución de las rentas y la riqueza; la mejor muestra de ello es el escaso apoyo que el incremento de la presión fiscal obtiene entre los sectores de más bajo nivel de renta.
Y en el resto de las prestaciones de la democracia -entre ellas, el aumento de la participación en el gobierno de las instituciones- nos encontramos con la paradoja de que sus presumibles beneficiarios- aquellos que estarían interesados en dicha participación para obtener un mejor trato por parte de las instituciones- se muestran asimismo indiferentes a dicha participación, lo que quiebra el sostén ético en el que ha descansado secularmente la acción de la izquierda.
Es difícil hacer frente a este fenómeno pero no queda más remedio: la derecha ha ganado la batalla ideológica, ética y cultural en nuestras sociedades y eso hace que, en quiebra el sistema socioeconómico que legitimaban esos valores, estamos asistiendo a una enorme contradicción entre las tendencias objetivas del sistema socioeconómico (en breve, a una mayor intervención de los Estados en la economía) y los valores hegemónicos en las sociedades. Y es aquí donde se revela lo que ha sido el gran engaño del neoliberalismo autopresentado como postulante del "menos Estado". En ningún momento de las cuatro décadas de neoliberalismo ha disminuido la presencia del Estado en las sociedades contemporáneas, la española ente ellas. Lo que ha disminuido, con las consecuencias a las que más arriba hemos aludido, en su participación en la prestación de bienes públicos, aquellos destinados a garantizar el ejercicio de los derechos sociales; lo que ha disminuido es la posibilidad misma de la democracia, que se ha visto arrinconada en el imaginario mismo de las sociedades y convertida en una mera liturgia para la legitimación de las oligarquías reinantes.
Con esta base ética y cultural, la vuelta del Estado no va a suponer necesariamente mayores oportunidades para la acción redistribuidora sino reducción del campo de los beneficiarios en la prestación de los bienes públicos; no mayores oportunidades para las políticas socialistas, ni siquiera para el regreso del Estado social, sino mejores y generalizadas oportunidades para los Estados autoritarios y el estrechamiento del universo de beneficiarios de prestaciones públicas. Se estpara el socialistas ies sociales en los gobiernos autonrso de beneficiarios de perstaciones p y geenralizadas oprtuniá viendo en los recortes de las prestaciones sociales en las CCAA gobernadas por las derechas pero también en el endurecimiento de la política inmigratoria por muchos Estados de la UE.

Así las cosas, el panorama no puede presentarse más adverso para quienes aspiramos a mayores cotas de libertad, justicia y democracia. Una gran mayoría parece haber sido ganada para los valores del individualismo, la insolidaridad y la guerra del todos contra todos y apoya de forma decidida la represión contra toda forma de diferencia o disidencia; la expresión "que se vayan de una vez" referida a los catalanes, no muestra aceptación para el hecho diferencial y la autodeterminación sino hastío y rechazo a su mantenimiento y defensa y, en el fondo, apoyo al "a por ellos ohé" de apoyo a la represión del procés. No nos podemos engañar, en Ferraz no había solo fascistas y burgueses, había gente de barrios populares expresando su odio no solo contra Pedro Sánchez y Puigdemont sino contra la democracia misma.
La batalla ideológica no ha empezado ahora, la derecha lleva cuarenta años empeñada en ella. Aquí no se llamará a cruzada ideológica alguna pero sí se recordará que la acción política no puede estar desligada de la promoción de un cuadro de valores que dé soporte a dicha acción, que ayude a prefigurar los los marcos sociales de convivencia que defendemos.
Ahora que sabemos que no hay "determinación en última instancia", ni "leyes de la historia" que aseguren su tránsito en la dirección deseada, sería bueno que recuperáramos la potencia de las ideas y los valores como motor e impulso para el cambio.
Postfacio
Para atasco, tanto en sentido literal como en el de sus efectos políticos, el protagonizado por las protestas de los agricultores esta semana que ha obligado ya a la Comisión Europea a dar marcha atrás en sus propuestas para la transición verde en la agricultura comunitaria. Carezco de conocimientos suficientes para abordar siquiera de forma sintética el tema pero no me resisto a no explorar alguna de sus consecuencias en el marco de estos comentarios.
Los delicados equilibrios en los que ha descansado el experimento UE están claramente amenazados y la PAC es uno de los más importantes. Nacida para garantizar el abastecimiento de alimentos a las poblaciones y la existencia de un sector social que aportara estabilidad al experimento comunitario, la PAC ha venido funcionado de forma satisfactoria mediante la aportación de un ingente volumen de ayudas -durante muchos años, la principal partida del presupuesto comunitario- y una fuerte reestructuración del sector agrario bajo la hegemonía de las grandes corporaciones de la distribución alimentaria.
Tan importante flujo de recursos públicos le ha permitido no solo mantener la prosperidad del sector sino impulsar una política de exportaciones con efectos muy perjudiciales para las agriculturas de los países del sur incapaces de competir con los productos subvencionados de la UE. Pero los nuevos vientos que soplan sobre Bruselas y en particular los que impulsa el Pacto Verde de 2022, ese nuevo proyecto de acumulación sustituto del fracasado modelo ordoliberal de la década anterior, amenazan esa estabilidad y abren un conflicto en la UE y en cada uno de los Estados miembros en el que pueden reconfigurarse los esquemas políticos de los Estados y de la misma Unión. El protagonismo de la derecha y la extrema derecha en las protestas no debería ocultar la emergencia de un sector campesino potencialmente enfrentado con el dominio del negocio de la distribución y autónomo del patrocinio conservador.
Sea como fuere, una fuente de conflicto que, sin dejar de tener efectos en las próximas elecciones europeas, apunta mucho más lejos, a la forma y a las bases mismas con los que se ha venido construyendo Europa y al papel a desempeñar en un contexto internacional de conflictos como el presente.